Isaías Martínez López

Expediente 251/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
251/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Isaías Martínez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado informa admisión de revisión. Agréguese el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual: 1) acusa de recibo del diverso oficio por el que se le remitieron los autos originales de este juicio de amparo e 2) informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, en contra de la sentencia dictada en este juicio, radicándolo con el número 382/2023, de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Se reexpide oficio. Por otra parte, agréguese a los autos el sobre que devuelve la Empresa Estafeta Mexicana S.A. de C.V., que contiene el oficio 14701/2023, de diez de julio de dos mil veintitrés, dirigido a la autoridad responsable, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con la anotación "No hay cargo en dom"; en consecuencia, se ordena reexpedir dicho oficio al domicilio que señaló para recibir notificaciones al rendir su informe justificado, el ubicado en ******************** NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de julio de dos mil veintitrés. Interposición de recurso de revisión Agréguese el oficio firmado el director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México; en su atención, se provee: Téngase a dicha autoridad interponiendo recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios a este expediente y, distribúyanse una más entre las demás partes procesales y, en el momento que este asunto se encuentre debidamente integrado, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en turno, para la sustanciación del medio de impugnación en comento. Fórmese el cuaderno de antecedentes a partir de este auto, sin que resulte necesario deducir copia alguna, toda vez que el presente juicio se encuentra debidamente integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3° de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada se encuentre en posibilidad de sustanciar el recurso interpuesto, de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el presente asunto se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, en su oportunidad, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento y resolución relevante al expediente físico. Una vez que se cuente con el número de toca, realícese la vinculación correspondiente. NOTIFÍQUESE; VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 251/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, Isaías Martínez López, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados del Comandante de la Vigésima Octava Zona Militar; Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Oaxaca, ambas con sede en Santa María Ixcotel, Oaxaca; Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez; y Presidente de la República Mexicana, con sede en Ciudad de México, que estima violatorios del derecho fundamental contenido en el artículo 8ºde la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión de demanda. En proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda con el número de juicio de amparo 251/2023, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. En auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés se solicitó informe justificado al titular del Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en Ciudad de México. En proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento al quejoso en el sentido de no ampliar la demanda de amparo contra la falta de acuerdo a su escrito turnado por la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, a la Guardia Nacional con oficio 20230301MALIZH, de uno de marzo de dos mil veintitrés; por lo que ordenó resolver el presente asunto en los términos planteados en la demanda inicial de amparo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; tomando en consideración que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con sede dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. Se reclama del: Comandante de la Vigésima Octava Zona Militar, con sede en Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca: la omisión de acordar su escrito de ocho de noviembre de dos mil veintidós. Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Oaxaca, con sede en Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez: la omisión de acordar sus escritos de tres de febrero de dos mil veintitrés. Presidente de México: La omisión de acordar su escrito de uno de marzo de dos mil veintitrés. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. Respecto del acto reclamado al Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Oaxaca, con sede en Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca, consistente en la omisión de acordar su escrito fechado el tres de febrero de dos mil veintitrés, en el que solicitó se realizara recorridos de prevención y vigilancia en el paraje Loma Grande-Cerro de Azucena, localizado aproximadamente a cinco kilómetros del centro de Ojo de Agua por el núcleo rural Cerro León, Oaxaca, para detener la tala forestal realizada por un grupo de personas; la autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó que mediante oficio E.J./0285/2023, de dos de marzo de dos mil veintitrés, dio contestación a esa solicitud girando instrucciones al Comandante del Cuadragésimo Cuarto Batallón de la Guardia Nacional, quien tiene jurisdicción en ese municipio, para que incrementara vigilancia en patrulla disuasivos en esa zona, en horas y fechas irregulares. Lo que le fue notificado al peticionario Isaías Martínez López, el tres de marzo de dos mil veintitrés, mediante el correo electrónico que señaló en su propio escrito de solicitud para tal efecto. Lo anterior se corrobora con las documentales que anexó la mencionada autoridad, como justificación a su informe; a las que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; Luego, si la demanda de amparo, se presentó el quince de marzo de dos mil veintitrés, se entiende, que la omisión que se atribuye al Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Oaxaca, con sede en Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca, ya no existía. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado a la aludida autoridad. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Comandante de la Vigésima Octava Zona Militar, con sede en Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca, aceptó la existencia de la omisión de acordar el escrito de ocho de noviembre de dos mil veintidós, del quejoso; pues refiere que mediante oficio A.J. 22/312, de once de diciembre de dos mil veintidós, realizó contestación a su petición; la cual no notificó sino hasta el diez de abril de dos mil veintitrés, en que tuvo los datos de localización de Isaías Martínez López. Lo que se acredita con las documentales que exhibió en este juicio constitucional, la aludida autoridad. El Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, negó la existencia de la omisión de acordar el escrito de tres de febrero de dos mil veintitrés, del quejoso; pues refiere que el mismo tres de febrero de dos mil veintitrés en que recibió la solicitud escrita del quejoso, la remitió al Comisionado de la Policía Estatal de esa Secretaría, para su debido acuerdo, y ésta lo acordó mediante oficio SSyPC/DGAJ/DPCDH/0873/2023, de veintidós de marzo de dos mil veintitrés; el que le fue notificado a Isaías Martínez López, de manera personal el treinta de marzo de dos mil veintitrés. Lo que demuestra con las documentales que anexó a su informe justificado. Por lo tanto, con tal afirmación se desvirtúa su negativa, pues a la fecha en que se presentó la demanda de amparo -quince de marzo de dos mil veintitrés- sí existía la omisión reclamada, al haber sido notificado el acuerdo emitido en su atención, con posterioridad a esa fecha. El Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular del Ejecutivo Federal, con sede en Ciudad de México, negó la existencia de la omisión de acordar su escrito de uno de marzo de dos mil veintitrés; bajo el argumento de que mediante oficio con folio DGAC/085/04/2023, de tres de abril de dos mil veintitrés, dirigido a ella, por parte de la Presidencia de la República, se le remitió copia certificada del diverso oficio con folio 2023301MALIZH, de uno de marzo de dos mil veintitrés, dirigido al Comisario General de la Guardia Nacional, por parte de la Directora General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, por ser el competente para dar contestación al asunto solicitado por Isaías Martínez López. Al respecto exhibió en este juicio de amparo copia certificada de los documentos que refiere; sin embargo, no acredita que el trámite que se dio a su solicitud de uno de marzo de dos mil veintitrés, haya sido notificado al quejoso. Por lo tanto, existe la omisión que reclama. En tal virtud, se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Causa de Improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de la omisión de acordar el escrito de ocho de noviembre de dos mil veintidós, del quejoso, que se atribuye al Comandante de la Vigésima Octava Zona Militar, con sede en Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque mediante oficio A.J. 22/312, de once de diciembre de dos mil veintidós, realizó contestación a su petición, en el sentido de que de conformidad con el artículo 68 del Reglamento General de Mandos Territoriales, Guarniciones Militares y Servicio Militar de Plaza, esa autoridad no cuenta con atribuciones legales para intervenir de manera directa en el asunto que solicita el peticionario, pues consideró que es competencia de la Fiscalía General de la República quien, en su caso, solicitaría su actuación mediante orden ministerial. Oficio que fue notificado a Isaías Martínez López, el diez de abril de dos mil veintitrés. Lo que se acredita con las documentales que exhibió en este juicio constitucional, la aludida autoridad. Con lo anterior se demuestra que la omisión reclamada dejó de subsistir y, en consecuencia, de producir efectos, constituyéndose consecuentemente una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que al haber cesado la conducta que reclamó la parte quejosa de la autoridad responsable, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En cuanto a la omisión de acordar el escrito de tres de febrero de dos mil veintitrés, del quejoso, que se atribuye al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en Santa Lucía del Camino, Oaxaca; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque el mismo tres de febrero de dos mil veintitrés en que recibió la solicitud escrita del quejoso, la remitió al Comisionado de la Policía Estatal de esa Secretaría, para en uso de sus atribuciones brindara la atención solicitada; y mediante oficio SSyPC/DGAJ/DPCDH/0873/2023, de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, le informó ese trámite realizado al peticionario, en el que le indicó que una vez que recibiera el acuerdo emitido por el Comisionado de la Policía Estatal de esa Secretaría, se lo comunicaría. Lo que le notificó al quejoso el treinta de marzo de dos mil veintitrés. Ello demuestra que la omisión reclamada dejó de subsistir y, en consecuencia, de producir efectos, constituyéndose consecuentemente una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que al haber cesado la conducta que reclamó la parte quejosa de la autoridad responsable, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes, o que de oficio este Juzgado Federal advierta; se procede al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Análisis de fondo del asunto. Del acto reclamado al Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular del Ejecutivo Federal, con sede en Ciudad de México, consistente en la omisión de acordar el escrito de uno de marzo de dos mil veintitrés; el quejoso aduce que se viola en su perjuicio el derecho humano contenido en el artículo 8°, de la Constitución General de la República, toda vez que la autoridad responsable no ha dado contestación a su solicitud. Es fundado el concepto de violación. El artículo 8 de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Atento a lo anterior, el derecho de petición es el derecho humano consagrado en dicho artículo, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta, en breve término; cuyos elementos, son: 1.- La petición, que debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. 2.- La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. Como se ve, a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, esto con el fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquella. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia XXI.1o.P.A.J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 2167, tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 162603, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS.El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Así como la jurisprudencia VI.1°A.J/49, sustentada por el Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 2689, Tomo XXXI, febrero 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro digital 165204, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." [Lo resaltado es propio de este Juzgado Federal]. Ahora bien, la mencionada autoridad demuestra que mediante oficio con folio DGAC/085/04/2023, de tres de abril de dos mil veintitrés, dirigido a ella, por parte de la Presidencia de la República, le fue remitida copia certificada del diverso oficio con folio 20230301MALIZH, de uno de marzo de dos mil veintitrés, dirigido al Comisario General de la Guardia Nacional, por parte de la Directora General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, en el que le turnó la petición de Isaías Martínez López, por considerar que la solicitud de intervención para que asigne personal institucional para evitar la tala forestal clandestina en la Agencia Municipal de Ojo de Agua, en el Municipio de Santo Domingo Nu Xaá, Oaxaca, es de la competencia de la Guardia Nacional, y aun no cuenta con respuesta por parte ésta. Sin embargo, no acredita que el trámite que se dio a su solicitud de uno de marzo de dos mil veintitrés, haya sido notificado al quejoso; como tampoco que la respuesta obtenida por parte la Guardia Nacional a la Presidencia de la República, le haya sido informada. Por tanto, debe concederse el amparo para que la autoridad responsable Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Titular del Ejecutivo Federal, con sede en Ciudad de México, notifique a Isaías Martínez López, la contestación contenida en el oficio con folio 20230301MALIZH, de uno de marzo de dos mil veintitrés, dirigido al Comisario General de la Guardia Nacional, por parte de la Directora General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, en el que le turnó la petición del quejoso, por considerar que la solicitud de intervención para que asigne personal institucional para evitar la tala forestal clandestina en la Agencia Municipal de Ojo de Agua, en el Municipio de Santo Domingo Nu Xaá, Oaxaca, es de la competencia de la Guardia Nacional, así como la respuesta que al respecto haya realizado el Comisario General de la Guardia Nacional; con base en los términos de la legislación que a dicha autoridad le es aplicable. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 251/2023, promovido por Isaías Martínez López; conforme a los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Isaías Martínez López, contra el acto reclamado indicado en el considerando sexto de esta resolución; para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Efectivo apercibimiento. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de quince de abril pasado, se requirió a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días siguientes al en que surtiera efectos la notificación respectiva, manifestara si era su voluntad ampliar su demanda inicial de amparo, contra la falta de acuerdo a su escrito que fue turnado a la Guardia Nacional con oficio 20230301MALIZH, de uno de marzo del presente año; sin que a la fecha lo hubiere hecho, a pesar de haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo; por lo que, en su momento, resuélvase el presente asunto en los términos planteados en la demanda inicial de amparo. NOTIFÍQUESE.

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