Isaias Maciel Barajas
Expediente 840/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Isaias Maciel Barajas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Como según certificación que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha diez de agosto del presente año, en que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por ... por propio derecho, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el presente asunto se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de diez de agosto de dos mil veintidós... Vista la demanda de cuenta, signada por -, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Modulo II, del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán. Regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número V-840/2022-1. Ahora bien, respecto del acto reclamado consiste en el citatorio de tres de agosto del dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación -, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente con apoyo en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Así, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.]". Atento al contenido de las disposiciones citadas se advierten las hipótesis de procedencia del amparo promovido contra actos realizados fuera de juicio o después de haber concluido; en el caso concreto como se precisó el acto reclamado consiste en el citatorio emitido contra el quejoso. En el caso concreto, como ya se especificó el acto reclamado consiste en el citatorio emitido por el Agente del Ministerio Público II del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán. Respecto a lo anterior, los artículos 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 215, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.]" "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. [.] El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e [.]" "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables." Los preceptos transcritos indican que la investigación de los delitos está a cargo del Ministerio Público, el cual en la etapa de indagación inicial, deberá reunir los datos de prueba necesarios para determinar sobre el ejercicio de la acción penal. Además, que la representación social está facultada para solicitar la comparecencia del indiciado y requerir su declaración si lo considera necesario para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Actividad que debe realizar con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. En ese tenor, la citación a la parte quejosa durante la sustanciación de la investigación inicial de ningún modo causa una afectación, pues no transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia en una diligencia necesaria para dilucidar la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Pues la mera citación a la parte quejosa durante la sustanciación de la investigación en la Fiscalía responsable de ninguna manera causa una afectación a algún derecho sustantivo, pues en modo alguno transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia en una diligencia. Es decir, la citación únicamente se concreta para investigar los hechos reportados. Sin que sea óbice el hecho de que ante su falta pueda decretarse algún apercibimiento, tal como la imposición de una multa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a la inasistencia injustificada y decretarse por parte de la responsable. Sirve de apoyo por las razones que informa la jurisprudencia del siguiente rubro "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].". Asimismo, cobra aplicación al caso, la jurisprudencia pronunciada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1844, LIBRO 53 tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en Abril 2018, registro 2016536, que al rubro señala "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO." Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la negativa de expedir copias certificadas dentro de la carpeta de investigación -, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5 fracción I, y 6 del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El primero de los preceptos copiados no establece una causa de improcedencia en particular, sino que ello deriva de las disposiciones de la Ley de Amparo y la Constitución. Por su parte, el segundo de los numerales trascritos, define qué debe entenderse por quejoso en el juicio constitucional. Así, indica que es aquel gobernado titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, que resiente una afectación en su esfera jurídica de derechos con motivo del acto de autoridad impugnado. Es decir, para instar el juicio constitucional, el gobernado debe ser el titular de un derecho subjetivo y sufrir una afectación, menoscabo o perjuicio en alguna de sus prerrogativas. De donde se sigue que, conforme con los numerales copiados, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado de ninguna manera causa una afectación en la esfera de derechos del particular, bien por no ser obligatorio, ni establecer carga alguna. En el particular, del análisis minucioso de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la negativa de expedir copias autentificadas dentro de la carpeta de investigación -; sin embargo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el día cinco del mes y año en curso, al solicitarle al fiscal que señala como responsable copias de la citada carpeta de investigación, le manifestó que "pasara luego", lo que evidencia que ello no constituye una negativa; además, de que no acredita haber hecho la solicitud, y en el supuesto de que ello haya acontecido, no se advierte una abierta dilación para su expedición. Además de lo anterior, dicho acto se traduciría en actos futuros e inciertos; por lo que de ninguna manera pueden considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es así, pues del contenido de los antecedentes se pone de manifiesto que dicho acto, de ninguna manera ocasiona un perjuicio real, actual e inminente en la esfera jurídica de derechos del citado quejoso, por lo que es innegable la actualización de la causa de improcedencia apuntada. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia 854 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, del Tomo VI, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice "INTERES JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, y fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 5, fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de garantías promovida por -, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Finalmente, téngase a la parte quejosa por señalado el domicilio ubicado en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y por autorizada para tal efecto a la persona a que alude, toda vez que no se encontró su cedula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho que se lleva en esta Juzgado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
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