Isaias Luis Luis
Expediente 390/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Isaias Luis Luis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
MESA III ".. .San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través del cual acusa recibo del oficio 20439/2022, por el cual se le devolvió el original del toca penal ********************, de su índice y del expediente penal ********************, del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca. De lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. .
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto, así como la devolución a la Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, del duplicado del expediente penal 67/2016 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca y el original del toca penal 1/2021. Sin que a la fecha la aludida Sala responsable, haya acusado el recibo correspondiente; en consecuencia, requiérase al la Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para que a la brevedad acuse el recibo correspondiente de las constancias ya mencionadas. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia que negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción I inciso B del citado Acuerdo General y atendiendo a que en el asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por último, devuélvase a la Magistrada Presidenta de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; los dos tomos de pruebas que remitió como apoyo a su informe justificado. Se solicita acuse recibo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA VII "...VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 390/2021; y, ...C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Octavo de Distrito y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, emitida por los Integrantes de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó la resolución del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en la que se negó la libertad por desvanecimiento de datos al quejoso ISAIAS LUIS LUIS. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Magistrada Presidenta de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con el duplicado de la causa penal 67/2016 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Pochutla, Oaxaca y el original del toca penal 1/2021 de su índice, los cuales adquieren pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 164618, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Antecedentes. Previo a realizar la constitucionalidad de la resolución reclamada conviene citar los antecedentes del asunto sometido a la potestad de este Juzgado. 1. El veinte de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, libró orden de aprehensión contra ISAIAS LUIS LUIS, como probable responsable del delito EQUIPARADO A LA VIOLACIÓN, cometido en agravio del menor J.M.M.H., denunciado por la ciudadana Constantina Méndez Hernández. 2. El veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, dictó auto de formal prisión contra ISAIAS LUIS LUIS, como probable responsable del delito EQUIPARADO A LA VIOLACIÓN, cometido en agravio del menor J.M.M.H. 3. El procesado ISAIAS LUIS LUIS, promovió incidente de libertad por desvanecimiento de datos y con fecha cinco de febrero de dos mil veinte, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, declaró improcedente dicho incidente. 4. Inconforme el procesado ISAIAS LUIS LUIS, interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a los Integrantes de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quienes mediante resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, confirmó la resolución que declaró improcedente el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, hecho valer por la defensa del procesado en mención. Determinación que constituye el acto reclamado. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. Son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El quejoso alega, en esencia: I. Que se violan en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la sala responsable realiza una inadecuada valoración de todas las pruebas que obran en autos, en específico la denuncia inicial, además expone que no es válida la argumentación de la sala responsable al afirmar que no existen suficientes pruebas aportadas por el procesado y su defensa para desvirtuar las ofrecidas por el Ministerio Público; sin embargo, abunda que contrario a ello, en autos, no existen suficientes elementos que lo acusen directamente. II. Que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por inadecuada aplicación del artículo 294 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, toda vez que en el expediente de primera instancia no se acreditan los elementos objetivos de la violación equiparada agravada, pues no quedó acreditada con dictámenes periciales y pruebas suficientes para que dicho procesado este privado de su libertad. Como se adelantó los motivos de inconformidad expuestos, son infundados. En efecto, que el artículo 294 establece: "Art. 294.- La libertad por desvanecimiento de datos para procesar procede en los casos siguientes: I.- Cuando en cualquier estado de la instrucción y después de dictado el auto de formal prisión aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito; II.- Cuando en cualquier estado de la instrucción y sin que hubieren aparecido datos posteriores de responsabilidad, se hayan desvanecido plenamente los considerandos en el auto de formal prisión para tener al detenido como presunto responsable." En términos del citado precepto, para que el acusado obtenga su libertad son necesarias pruebas que desvanezcan plenamente los datos que sirvieron para la comprobación del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del procesado. Esto es, el incidente de mérito no entraña un examen sobre la legalidad del auto de formal prisión en sí mismo -y de las pruebas que ahí se consideraron-; sino que su finalidad es establecer si nuevos datos constituyen prueba plena, indubitable, capaz de desvanecer los que sirvieron como fundamento de aquella resolución; y no sólo que las desvirtúe. Al respecto, el Máximo Tribunal de la nación ha determinado que el estándar probatorio para decretar la libertad en un incidente como el que ahora se analiza, es la eliminación absoluta de todos los medios de prueba que sirvieron para acreditar los elementos normativos del cuerpo del delito. Lo anterior encuentra sustento en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 120 del tomo XXXI, febrero de dos mil diez, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. PARA QUE SEA PROCEDENTE DEBEN DESVANECERSE TODOS AQUELLOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SIRVIERON PARA COMPROBAR EL CUERPO DEL DELITO EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La fracción I del artículo 422 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que durante cualquier etapa de la instrucción y después del dictado del auto de formal prisión, procede el incidente de libertad por desvanecimiento de datos cuando aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito. Lo primero que debe mencionarse es que no pueden confundirse los elementos del delito con los datos o medios de prueba que los sustentaron. La norma no está dirigida a los "elementos normativos", sino a los medios de prueba mediante los cuales se consideró que el cuerpo del delito se había configurado. Ahora bien, de una interpretación literal del precepto referido, se puede concluir que las expresiones "los datos" y "que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito", dan lugar a un significado unívoco: lo que se tiene que desvirtuar son todos aquellos datos eficaces (vistos como condiciones necesarias y suficientes) que llevaron a la comprobación del cuerpo del delito. Lo anterior, por varias razones: por un lado, no es lógicamente posible entender que la norma debe interpretarse como si a un solo dato se refiriera, pues aun con la desaparición de uno de los datos sería posible acreditar el cuerpo del delito, si es que subsisten otros datos que apunten hacia tal fin. Asimismo, la norma se refiere expresamente, en plural, a "los datos" (distinto al singular "el dato") que dieron lugar a tal situación; por ello, la pauta lingüística "los" que contiene la disposición normativa lleva al operador a entender que se trata de "todos los datos" y no sólo a uno de ellos. Por último, y en la misma lógica anterior, la expresión "plenamente desvanecidos" referida a los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, no puede estar referida solamente para uno (o cualquiera) de los datos sino a todos y cada uno de ellos, porque el adverbio "plenamente" se compone de la forma adjetiva "pleno" cuyo significado es sinónimo de "absoluto" o "completo", y que permite suponer que el desvanecimiento de cada uno de los datos debe ser total. Así, es claro que cada uno de los datos debe desvanecerse plenamente, lo que daría lugar a una eliminación prácticamente absoluta de todos los medios de prueba que sirvieron para acreditar, ahora sí, los elementos normativos del cuerpo del delito." Así como el diverso criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 2512 del tomo LXXXIII, correspondiente a la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 305613, que establece: "DESVANECIMIENTO DE DATOS. Por desvanecimiento de datos no debe entenderse que se recaben pruebas que favorezcan más o menos al inculpado, sino posteriores que nulifiquen las que sirvieron para decretar la detención o la prisión preventiva, posteriores; y si éstas no destruyen de modo directo las que sirvieron de base para decretar la formal prisión, aun cuando favorezcan al inculpado, deben ser materia de estudio en la sentencia definitiva y no pueden servir para considerar desvanecidos los fundamentos de hecho, de la prisión motivada." [Lo resaltado es propio de este Jugado] En el caso, de las constancias de la causa penal 67/2016, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Pochutla, Oaxaca, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se dictó auto de formal prisión contra ISAIAS LUIS LUIS, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito EQUIPARADO A LA VIOLACIÓN, cometido en agravio del menor J.M.M.H., con los medios probatorios siguientes: 1. Denuncia de Constantina Méndez Hernández, de doce de mayo de dos mil diez; 2. Declaración del menor J.M.M.H., de doce de mayo de dos mil diez; 3. Dictamen proctológico de lesiones de doce de mayo de dos mil diez, emitido por el perito médico Maricruz Ortega Poblano, adscrito a la Subprocuraduría Regional de la Costa. 4. Opinión psicológica emitida el veinte de mayo de dos mil diez, por la perito Elena Aveleyra Guendulain, adscrita a la Subprocuraduría Regional de la Costa. 5. Diligencia de Inspección Ocular realizada por el Agente del Ministerio Público, en el lugar de los hechos, de trece de mayo de dos mil diez. 6. Copia certificada del atestado del registro civil relativo al nacimiento del menor pasivo Juan Manuel Méndez Hernández, en la que consta que su nacimiento fue el diecinueve de octubre de dos mil tres. Pruebas a las que se concedió el valor probatorio correspondiente y consideró suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito EQUIPARADO A LA VIOLACIÓN, cometido en agravio del menor J.M.M.H., y la probable responsabilidad penal del quejoso en su comisión. Ahora, mediante escrito de treinta de julio de dos mil diecinueve, recibido ante la autoridad judicial en la misma fecha, Ángel Pérez Franco, defensor particular de ISAIAS LUIS LUIS, promovió incidente de libertad por desvanecimiento de datos por el delito EQUIPARADO A LA VIOLACIÓN, cometido en agravio del menor J.M.M.H. Así, el promovente sustentó el incidente de libertad en su propia declaración preparatoria, en la que negó los hechos que se le imputan y los testimonios de descargo Javier Jacinto Sánchez, Abiel León Martínez y Cecilia Valencia Reyes, quienes coincidieron en la no participación del quejoso en los hechos imputados. Al respecto, el Juez Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, declaró improcedente la incidencia de desvanecimiento planteada, porque los elementos de prueba aportada por la defensa del procesado ISAIAS LUIS LUIS, como lo es la propia declaración del procesado y los testimonios de descargo de Javier Jacinto Sánchez, Abiel León Martínez y Cecilia Valencia Reyes, no son pruebas plenas que pudieran desvanecer plenamente los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del procesado en comento. Ante la inconformidad del quejoso ISAIAS LUIS LUIS, interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a los Integrantes de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quienes mediante resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, determinaron en esencia que continúan persistiendo los elementos de cargo en contra del procesado ISAIAS LUIS LUIS, que unidos entre sí y concatenados armónica y jurídicamente, no se encuentran desvirtuados ni desaparecidos y mucho menos se anularon los datos que sustentan el auto de formal prisión. Asimismo, la sala responsable determinó que todos los medios probatorios desahogados posteriores al dictado del auto de formal prisión deberán valorarse en sentencia definitiva y en ella se podrá resolver lo que en derecho proceda, en razón a que el desvanecimiento de datos consiste en que los datos que sirvieron para dictar el auto de formal prisión y específicamente en el presente caso, las que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del ahora procesado aquí quejoso, no se desvanecieron o desaparecieron con pruebas posteriores. Siendo así que la sala responsable confirmó la resolución de cinco de febrero de dos mil veinte, en la que se declaró improcedente el incidente de libertad por desvanecimiento de datos para procesar que hizo valer la defensa del procesado aquí quejoso ISAIAS LUIS LUIS. Dichas consideraciones, se estiman acertadas, porque, contrario a lo sostenido por el quejoso, las pruebas ofertadas consistentes en su propia declaración preparatoria y los testimonios de Javier Jacinto Sánchez, Abiel León Martínez y Cecilia Valencia Reyes, únicamente abundan en la versión defensiva del procesado; por tanto, no desvanecen el cúmulo probatorio que quedaron reseñadas y que sustentaron el auto de formal prisión, pues no destruyen de modo directo las que sirvieron de base para decretar la formal prisión, por lo que deberán ser materia de estudio en la sentencia definitiva, pues no pueden servir para considerar desvanecidos los fundamentos de hecho de la prisión motivada. Es decir, para la procedencia de dicha incidencia, las pruebas debe ser diferentes a las ya abordadas en el auto de formal prisión, es decir con nuevos medios de convicción, pues en caso de que se intente una revaloración de los medios analizados en el auto de formal prisión, eso es un tópico susceptible de ser estudiado mediante la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios que la normatividad determina, no así mediante la promoción de un incidente, como es el caso en concreto. Y en el caso, el quejoso busca una nueva valoración de los elementos de prueba que obran en autos y que en su momento fue realizado tanto en la emisión de la orden de aprehensión como en el auto de formal prisión. Por lo que sus argumentos no pueden ser materia de ese incidente, ya que incluso la valoración de los medios de convicción en que se sustentó la determinación de plazo constitucional, fue motivo de controversia mediante la interposición del recurso de apelación que hizo valer. Instancia que como se aprecia de los antecedentes del asunto ya fue superada, pues contra el auto de formal prisión, en su momento se interpuso recurso de apelación, que por resolución de cinco de abril de dos mil diecisiete, los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al resolver el toca penal 79/2017, confirmaron el auto de formal prisión dictado contra ISAIAS LUIS LUIS, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito EQUIPARADO A LA VIOLACIÓN, cometido en agravio del menor J.M.M.H. Por lo que la legalidad de esos elementos de prueba no puede ser sujeta a una nueva valoración en la etapa procesal en que se encuentra el procedimiento, sino como acertadamente lo indicó la sala, será hasta la sentencia definitiva. De ahí que alegado en el concepto de violación identificado con el arábigo I, devenga infundado, pues no es estima que exista violación en su perjuicio de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Se reitera, para que un incidente por desvanecimiento de datos proceda, es menester que los elementos que sirvieron de base para comprobar el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad del procesado, se disuelvan o desaparezcan por completo, resultando insuficiente poner en tela de juicio los datos o circunstancias que motivaron el auto de formal prisión. Así las cosas, es infundada la inconformidad hecha valer por el quejoso respecto a la indebida valoración de las pruebas por parte de la sala responsable, pues como ha quedado establecido, el análisis que se efectúa en un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, no llega al extremo de revalorizar el material probatorio, porque tal aspecto constituye una formalidad que atañe a los aspectos sustanciales de la decisión judicial al fallar en definitiva el asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/30 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1381 del tomo XXX, agosto de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONSTITUYE UNA FORMALIDAD QUE ATAÑE A LA DECISIÓN JUDICIAL Y NO DEL PROCEDIMIENTO. La valoración probatoria constituye una formalidad que atañe a los aspectos sustanciales de la decisión judicial y no del procedimiento, en razón de que mientras las formalidades esenciales de éste salvaguardan las garantías de adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, en términos de la jurisprudencia 218 establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta, Tomo I, Materia Constitucional, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", la valoración probatoria exige atender la estructura formal, secuencial, argumentativa y justificatoria de la resolución misma, al tenor de los principios elementales de orden lógico de congruencia, consistencia y no contradicción, aplicados de manera directa en la exposición de los argumentos que soportan la decisión y, en lo relevante, la justifican con una finalidad persuasiva." Asimismo, ilustra lo expuesto, por identidad jurídica, la tesis aislada XXVII.3o.87 P (10a.), Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Materia Penal, visible a página dos mil cuatrocientos ochenta y nueve, Décima Época, con número de registro 2019106, cuyo rubro y texto es el siguiente: "LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. SI AL RESOLVER EL INCIDENTE RELATIVO EL JUEZ PONDERA PRUEBAS CONTRADICTORIAS Y ESTABLECE -MEDIANTE UNA VALORACIÓN- LAS QUE DEBEN PREVALECER, DICHA ACTUACIÓN ES ILEGAL, AL SER ESE ANÁLISIS PROPIO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABROGADA). De la interpretación sistemática de los artículos 376 a 382 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, actualmente abrogado, se advierte que el incidente de libertad por desvanecimiento de datos consiste en que, en cualquier estado de la instrucción, después del dictado del auto de formal prisión, aparezcan pruebas que anulen o destruyan directamente las que sirvieron de base para comprobar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado en su comisión. Por su parte, el artículo 618, fracción VI, del mismo código señala los requisitos que debe contener una sentencia, entre los que se encuentran, los razonamientos para valorar jurídicamente las pruebas. En este sentido, se infiere que el ejercicio intelectual del Juez en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, se limita a verificar si las pruebas que sirvieron para la emisión del auto de plazo constitucional quedaron destruidas directa y plenamente con las que se ofrecieron después de su dictado, esto es, comprobar si las primeras se anularon. Luego, si al resolver dicha incidencia el órgano jurisdiccional realizó una ponderación de las pruebas contradictorias que obran en la causa, y establece mediante una valoración las que debían prevalecer en cuanto a su valor probatorio, su actuación deviene ilegal, en la medida en que dicho acto desnaturaliza la institución de referencia, porque ese análisis es propio del fallo definitivo." Asimismo, se advierte que la resolución cuyo motivo de inconformidad origina el presente juicio de amparo, la autoridad responsable se encuentra fundada y motivada al citar la sala responsable cito el numeral 294 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, de igual forma, como se ha indicado, expuso los razonamientos que, al estudiarlos, como se advierte en párrafos precedentes, se estimaron correctos. En cuanto al concepto de violación número II, es infundado toda vez que en lo relativo a que no están acreditados los elementos objetivos del delito y que no existen pruebas suficientes para que este privado de su libertad, se reitera que son cuestiones que deberán ser estudiados al momento de resolver en definitiva la causa penal de que se trata, en razón a que esas circunstancias no son materia del del incidente de libertad por desvanecimiento de datos. En mérito a lo expuesto, ante lo infundado de los conceptos de violación analizados, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por ISAIAS LUIS LUIS, por conducto de su defensor particular, contra la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, emitida por los Integrantes de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó la resolución del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en la que se negó la libertad por desvanecimiento de datos solicitada por dicho quejoso. La parte quejosa formulo alegatos, sin embargo estos no serán tomados en consideración, pues no es obligatorio para este órgano jurisdiccional examinar los mismos en virtud de que no forman parte de la Litis en este juicio de amparo. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 27/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, Agosto de 1994, página 14, Octava Época, Materias Común, con número de registro digital 205449, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". SÉPTIMO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., por conducto de su defensor particular, contra la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, emitida por los Integrantes de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó la resolución del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en la que se negó la libertad por desvanecimiento de datos solicitada por dicho quejoso. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO)
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- Isaias Francisco Suarez820/2022
- Isaias Luis Luis847/2023
- Isaias Omar Lopez Cristobal549/2019
- Isaias Pacheco Lopez195/2022
- Isain Morales Gonzalez542/2022
- Isaul Lopez Mendez1323/2016
- Isauro Nolasco Domínguez712/2020