Isaias Lopez Ortega

Expediente 384/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
384/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
05/07/2018

Partes del expediente

  • Isaias Lopez Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Causa estado auto... archívese el presente asunto como definitivamente concluido.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Téngase por recibido el oficio signado por *** Oficial Calificador, en turno, Delegación Poniente de esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, remite las constancias inherentes a la boleta de control ***, así como la copia certificada del oficio ***, signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común con Detenidos 01 de esta ciudad, de las que se advierte que el pasado nueve de mayo de dos mil dieciocho, se dejó en libertad al quejoso ***. Ahora bien, bajo el contexto que el acto reclamado en la presente instancia constitucional -atento a las manifestaciones que el quejoso directo realizó en diligencia de ocho de mayo ante la actuaria adscrita-, quedó delimitado únicamente en cuanto a la omisión de las responsables de pronunciarse respecto de la situación jurídica del quejoso, que le impedía obtener su libertad, se advierte que las cosas se han restablecido al estado en que se encontraban hasta antes de la violación constitucional, con lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se arriba a la anterior conclusión en virtud de que de las documentales públicas remitidas por la autoridad oficiante, se obtiene que el aquí quejoso quedó en libertad a las diecisiete horas con once minutos del nueve de mayo de dos mil dieciocho. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, si la parte quejosa destacó como acto reclamado la omisión de las responsables de pronunciarse respecto de su situación jurídica, que le impedía a su vez obtener su libertad, pero con posterioridad a la presentación de la demanda, fue dejado en libertad (nueve de mayo de dos mil dieciocho), es evidente que ya no se afecta más el derecho fundamental que asiste al solicitante de amparo, por lo cual, el estado que guarda su esfera jurídica es el que tenía antes de que se presentara la omisión tildada de inconstitucional, al haber desaparecido para efectos jurídicos el acto reclamado, como si nunca hubiese acontecido. Por ende, la puesta en libertad del quejoso genera la cesación de los actos reclamados a título categórico y contundente, lo que equivale a su vez, a la restitución en los derechos humanos que estimó transgredidos. De ahí que procede sobreseer en el presente juicio, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la fecha que se tenía contemplada para la celebración de la audiencia constitucional, a saber, las diez horas con diez minutos del siete de junio de dos mil dieciocho. Informe justificado. Finalmente, agréguese únicamente para que obre como corresponda el informe justificado de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común con Detenidos 01.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el oficio de la autoridad responsable a través del cual rinde su informe justificado, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, téngase como domicilio para recibir notificaciones, el señalado en la comunicación oficial de cuenta, en el entendido de que las mismas se efectuarán de conformidad con lo establecido por el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo; y, como delegados a las personas que cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, y por hechas las manifestaciones que expone. Por otro lado, si bien a la fecha del dictado del presente proveído el plazo de quince días para que el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común con Detenidos 01 y el Oficial Calificador, en turno rindan su informe de ley sigue transcurriendo, se estima oportuno requerir a las autoridades responsables mencionadas, para que en un plazo que no exceda de CUARENTA Y OCHO HORAS contadas a partir del día siguiente al que se le notifique del presente proveído, informen a este Juzgado de Distrito la situación jurídica del quejoso; es decir, si a éste actualmente le fue fijada fianza o medida cautelar, o si sigue privado de su libertad personal, o bien, si se judicializó la carpeta de investigación. Apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una corrección disciplinaria consistente en una multa de cincuenta días unidades de medida y actualización, que corresponde a la sanción mínima contemplada en el artículo 260 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Téngase por recibido el informe de la autoridad responsable, con motivo de la suspensión de plano decretada en proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho.

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