Isaias Gonzaga Villanueva

Expediente 1493/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1493/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Isaias Gonzaga Villanueva
  • Ma. Refugio González Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se advierte que a la presente fecha no obra en autos los acuses de recibo correspondientes a los oficios dirigidos a las autoridades señaladas como responsables, Consultora de Mejora de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública en Ciudad de México y el Auxiliar de Consultoría de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, a través de los cuales se les solicitó rindieran su informe previo, máxime, que dichas autoridades tienen su residencia fuera de la circunscripción territorial en que este Juzgado Federal ejerce su jurisdicción; por lo anterior, no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para esta fecha, misma que se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON UN MINUTO DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Hago constar que notifico la determinación de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, a la parte tercera interesada Productores de Ornamentales de Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad regulada por conducto de quien legalmente la represente; por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de La Federación; lo anterior, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que no es posible resolver la presente incidencia, toda vez que por hecho notorio dentro del juicio de amparo de donde deriva el presente incidente, en proveído de trece de noviembre del año en curso, se determinó sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, ello en virtud de que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea; en consecuencia, este juzgado considera que es un hecho superveniente suficiente para decretar sin materia el presente incidente; por tal motivo, con fundamento en el artículo 145, de la Ley de Amparo, se decreta sin materia el incidente de suspensión. En atención a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia incidental señalada para las nueve horas con dos minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos las razones de cuenta, suscritas por la Actuaria adscrita a este Juzgado, en las cuales, hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar el auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés a las quejosas Eulalia García Rodríguez y Nery Cristina Ríos Valdivia, en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS FEMENIL MORELOS". Al respecto, y toda vez que, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que, el once de octubre de la presente anualidad, fue notificada de manera personal, la defensora pública de las quejosas, se les tiene a Eulalia García Rodríguez y Nery Cristina Ríos Valdivia por debidamente notificadas del auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2025391 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 104/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049 Tipo: Jurisprudencia NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMCL

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, Josefina Sosa Ruiz y Berta Jiménez Astudillo, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos. Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos. Lo constituye la omisión de la Autoridad Responsable de dar cabal cumplimiento a los decretos No. 1101 y 1102 publicado por la Quincuagésima segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos en el periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5149 de fecha 18 de diciembre de 2013, .incrementos porcentuales a la pensión." SEGUNDO. El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, radicó la demanda con el expediente 1181/2021, declaró ser legalmente incompetente para conocer del asunto por conocimiento previo, y remitió el asunto a esta autoridad federal. TERCERO. El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, esta autoridad, recibió el oficio 20294/2021, al que se anexo el juicio de amparo 1181/2021, del índice de la autoridad declinante, y, por acuerdo de cinco de octubre de ese año, aceptó la competencia planteada, radicó el asunto con el número de expediente 1339/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. El doce de mayo de dos mil veintidós, esta autoridad celebró la audiencia constitucional, y el nueve de agosto siguiente, dictó sentencia definitiva donde determinó sobreseer el juicio. QUINTO. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, esta autoridad acordó el escrito relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, medio de impugnación que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que en sesión de trece de abril de dos mil veintitrés, resolvió revocar la sentencia definitiva y ordenar la reposición de autos. SEXTO. El veintiuno de abril del año en curso, esta autoridad, en cumplimiento a la ejecutoria de la superioridad, ordenó recabar la documentación ordenada, señaló fecha para la audiencia constitucional, una vez satisfecho lo pedido, la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: Lo constituye la omisión de las responsables en dar cumplimiento a los decretos No. 1101 y 1102 publicados por la Quincuagésima segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos en el periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5149 de dieciocho de diciembre de dos mil trece, específicamente en lo referente al artículo 3º de dichos decretos, que dice: "El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley", a partir de su publicación, esto es a partir del dieciocho de diciembre del año dos mil trece. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la responsable Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos, pues así lo reconoció en su informe con justificación, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. En consecuencia, acorde al informe afirmativo y a la plena eficacia de las documentales exhibidas, está demostrada fehacientemente la existencia del acto combatido según las jurisprudencias doscientos setenta y ocho y doscientos veintiséis, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Quinta Época, visibles en las páginas doscientos treinta y uno y ciento cincuenta y tres del Tomo VI, publicadas en los Apéndices de dos mil y mil novecientos noventa y cinco, con registros electrónicos números 917812 y 394182 de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Asimismo, por autos de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, esta autoridad recibió oficio remitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, del Estado de Morelos, al que anexó copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 01/410/2018, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Además, serán consideradas para resolver el asunto, no obstante su llegada posterior a la celebración de la audiencia constitucional, en razón de que opera en el caso una causa de sobreseimiento. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis: 2a./J. 25/2012 (10a.), Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Décima Época, cuyo contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia.". CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia fundada: Este órgano de control constitucional, no entrará al estudio de la constitucionalidad propuesta por la parte quejosa respecto a la omisión de actualizar su pensión por jubilación de conformidad al salario mínimo a partir del dieciocho de diciembre de dos mil trece y aguinaldo, a la fecha, toda vez que, para quien resuelve, se actualiza una causal de improcedencia. Ahora, es necesario destacar los antecedentes que conforman el acto reclamado, mismos que se advierten de las constancias remitidas por la responsable, las cuales ya fueron valoradas, siendo éstos los siguientes: Al rendir el informe justificado la autoridad responsable informó que, respecto al acto reclamado en el presente juicio de amparo, las quejosas interpusieron juicio laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por los mismos actos reclamados que fue radicado bajo el expediente 01/410/2018. De las constancias remitidas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se desprende que las quejosas con fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, presentaron ante el tribunal burocrático demanda laboral contra las autoridades aquí responsables, reclamando los mismos actos reclamados en este juicio de amparo. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, radicó la demanda laboral bajo el expediente 01/410/2018-mesa7. Seguido el trámite del controvertido laboral, incluso con un incidente de competencia que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, resolvió que el tribunal burocrático es el competente para resolver el juicio laboral presentado por las quejosas, que el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, cerro instrucción. El diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, el Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio laboral 01/410/2018, dictó laudo, en sus resolutivos determinó: PRIMERO. La parte actora Josefina Sosa Ruiz y Berta Jiménez Astudillo, acreditó sus acciones autónomas, mientras que la parte demandada SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, no acreditó las excepciones y defensas que opuso en contra de las acciones ejercidas por la parte actora. SEGUNDO. De conformidad con los considerandos que anteceden, se condena a la parte demandada SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, a favor de la actora JOSEFINA SOSAS RUÍZ, al pago o cumplimiento de las prestaciones siguientes: I. AUMENTOS PORCENTUALES AL SALARIO MÍNIMO EN LA CUANTÍA PENSIONARIA. II. EXHIBIR CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN Y APORTACIONES A UN INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL. TERCERO. La cantidad líquida que fue materia de condena en el presente laudo equivale, salvo error u omisión de carácter aritmético a $19,586.69. CUARTO. De conformidad con los considerandos que anteceden, se condena a la parte demandada SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, a favor de la actora BERTA JIMENEZ ASTUDILLO, al pago o cumplimiento de las prestaciones siguientes: I. AUMENTOS PORCENTUALES AL SALARIO MÍNIMO EN LA CUANTÍA PENSIONARIA. II. EXHIBIR CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN Y APORTACIONES A UN INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL. TERCERO. La cantidad líquida que fue materia de condena en el presente laudo equivale, salvo error u omisión de carácter aritmético a $101,661.33. En ese sentido, al advertirse de las constancias remitidas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, (no es autoridad responsable), se advierte que la parte quejosa interpuso juicio laboral 01/410/2018, contra la omisión de las responsables en cubrir su pensión por jubilación, obtenidas mediante decretos 1101 y 1102, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5149, de dieciocho de diciembre de dos mil trece, en particular respecto a los incrementos salariales que ha sufrido desde su concesión hasta la actualidad, mismo que el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictó laudo donde condenó a la demandada SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, al pago de los incrementos salariales a la pensión por jubilación de las quejosos derivados de los decretos 1101 y 1102, de referencia. Establecido lo anterior, debe decirse que del estudio que de las constancias se realiza, se advierte que respecto al acto reclamado por la parte quejosa, consistente en dar cumplimiento a los decretos 1101 y 1102, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5149, de dieciocho de diciembre de dos mil trece, es especifico los incrementos salariales que han sufrido con motivo del aumentos porcentual al salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)". Con la finalidad de establecer el alcance del precepto transcrito, debe tenerse presente que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales que le hayan sido violados. A efecto de cumplir dicho objetivo, se han establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, a que se hace referencia, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando de manera formal subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, aun en el caso de concluirse que el referido acto resulta inconstitucional. También podría darse el caso de que la sentencia concesoria no produzca algún efecto en la esfera jurídica del quejoso, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, o bien, por cualquier otro motivo que, jurídicamente, impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera de derechos del quejoso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, del mes de diciembre de dos mil seis, con registro 173858, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese orden de ideas, de las constancias requeridas al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (no es autoridad responsable), relativas al juicio laboral 01/410/2018, se desprende que las quejosas paralelamente al juicio de amparo, interpusieron juicio laboral contra la autoridad responsable haya demandada SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, solicitando entre otros, el pago de los incrementos sufridos a su pensión por jubilación con motivo del aumento porcentual al salario mínimo, que resulta ser el acto reclamado en esta instancia constitucional, así como que, dictó laudo el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, donde condenó a la demandada a cubrir a las actoras aquí quejosas precisamente los incrementos a su pensión que ha sufrido el salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos. Detallado lo anterior, es claro que el acto que reclama la parte quejosa, consistente en el cabal cumplimiento a los decretos 1101 y 1102, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5149, de dieciocho de diciembre de dos mil trece, que conceden pensión por jubilación a las quejosas Josefina Sosa Ruiz y Berta Jiménez Astudillo, en específico los incrementos porcentuales que ha sufrido el salario mínimo y que deban reflejarse al monto de su pensión a la que tienen derecho, subsistió formalmente, dado que la autoridad responsable manifiesta que ha cumplido con su obligación de cubrir el monto de la pensión a que tienen derecho las quejosas, sin que se desprenda de las constancias remitidas el pago con motivo del incremento porcentual que ha tenido el salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, incurriendo de esta manera en violación al derecho fundamental de tutela judicial consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna. Sin embargo, como se ha indicado las quejosas promovieron juicio laboral que conoció el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, del Estado de Morelos, en el juicio laboral 01/410/2018, el que actualmente se encuentra resuelto al haber dictado laudo y condenado a la demandada SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, a cubrir a las actoras aquí quejosas los incrementos porcentuales al salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, que ha sufrido su pensión por jubilación, por lo que los actos reclamados dejaron de tener efecto legal. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado consistente en la omisión de dar cabal cumplimiento a los decretos 1101 y 1102, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5149, de dieciocho de diciembre de dos mil trece, que conceden pensión por jubilación a las quejosas Josefina Sosa Ruiz y Berta Jiménez Astudillo, en específico los incrementos porcentuales que ha sufrido el salario, subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por lo que las repercusiones jurídicas de las omisiones aludidas ya cambiaron. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados en estudio, en términos de la fracción V, del numeral 63, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada, visible en la página 435 del Tomo XII, Octubre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 214694, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ESTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal." Así como la diversa tesis aislada, visible en la página 215 del Tomo XII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro electrónico 222944, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR NO EXISTIR EL OBJETO O MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si en virtud de haberse dictado ejecutoria de garantías, la autoridad responsable debe restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, acorde con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de la materia, nulificando el procedimiento subsecuente a aquella violación, el acto reclamado en ese nuevo amparo, posterior a esas actuaciones, no podrá surtir efecto legal o material, al quedar anulado el procedimiento que lo contiene, acorde con lo dispuesto por la Ley de Amparo en el sentido de que: "Art. 73.-El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XVII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.", y en esas condiciones, el nuevo juicio de garantías debe sobreseerse." Sin que resulte necesario analizar las diversas cuales de improcedencia propuesta por la autoridad responsable, pues en nada mejoraría en sentido del fallo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy trece de noviembre de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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