Isaias Damian Pérez
Expediente 1724/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1724/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Isaias Damian Pérez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. NOTIF.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de enero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios firmados por el Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos y por la Directora del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número 1 de Cuernavaca, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de los cuales, manifiestan las acciones que han tomado a efecto de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio identificado con el número *****, firmado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual anexa la boleta de turno con el número de registro 20220901005000147, de la que se desprende que realizó la compensación correspondiente a los juicios de amparo. Lo anterior se toma en conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por ********************, contra actos de la Jefatura de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Cuernavaca, Morelos y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1724/2022-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Se admite la demanda. Ahora bien, no obstante que ******************** promueve demanda de amparo a nombre del directo quejoso ********************; en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, en razón del estado de salud en que aduce se encuentra; precepto legal que impone la obligación de ratificar la demanda de amparo por el impetrante, en atención al principio pro homine y el control de convencionalidad tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que asimismo, dicho principio es aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia interpretativa, lo que implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas; que por su parte, el control de convencionalidad dispone la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia a las personas. Por ello, a fin de privilegiar el derecho a la jurisdicción que se contiene en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, este Juzgado de Distrito determina con apoyo en lo establecido por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, 2°, 3°, 6°, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 109, 112, y 115 de la Ley de Amparo, lo procedente es admitir la demanda de amparo de que se trata, al tratarse de un asunto urgente y reclamarse actos que pudieran importar peligro de privación de la vida del directo quejoso, colocándolo en una situación en la que su integridad personal se encuentran comprometidas, cuya falta de atención oportuna podrían someterla a un estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida en cuyo caso su diligenciación no admite demora alguna. Precisión de autoridades y actos reclamados. Con base en las manifestaciones asentadas en el escrito de demanda se tienen como autoridades responsables ordenadoras y actos reclamados los siguientes: Jefatura de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Cuernavaca, Morelos. Director del Hospital General Regional con Medicina Familiar 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Cuernavaca, Morelos. De quienes reclama en el ámbito de sus respectivas competencias: "1.- LA OMISIÓN DE OTORGARLE LA ATENCIÓN MÉDICA DE MANERA OPORTUNA ADECUADA Y BAJO LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 4 CONSTITUCIONAL". De la suspensión de oficio y de plano. Ahora bien, los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: "Artículo. 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. --- Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. --- Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." "Artículo. 4o. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." De las normas constitucionales reproducidas se advierte que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, debiendo todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dentro de los derechos humanos se encuentra el derecho a la salud, previsto en su artículo 4, conforme al cual, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". El derecho a la salud, como ha afirmado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, comprende un conjunto de derechos y libertades dirigidos a posibilitar que cada persona pueda disfrutar del nivel más alto de salud. El nivel más alto posible variará según la persona, pues depende tanto de las circunstancias biológicas, sociales y económicas de cada individuo, como de la situación y los recursos de los que dispone cada Estado. La salud ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud de la manera siguiente: "es un derecho fundamental y el logro del grado más alto posible de la misma es un objeto social importantísimo en el mundo". De acuerdo con diversos tratados suscritos por el Estado mexicano el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social y que el derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano. Asimismo, conforme al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce pleno constituye una condición para el ejercicio de todos los derechos. La integridad personal es esencial para el disfrute de la vida humana. A su vez, los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana. El derecho a la vida impone al Estado una obligación compleja, en tanto que no sólo prohíbe la privación de la vida (que se traduce en una obligación negativa: que no se prive de la vida), sino que también exige que, a la luz de la obligación de garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos como el relativo a la salud, adopte medidas positivas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y administrativo. En ese sentido, existe transgresión al derecho a la vida por parte del Estado no sólo cuando una persona es privada de la vida por un agente del Estado, sino también cuando éste no adopta las medidas razonables y necesarias aludidas, como son las tendientes a preservarla, a minimizar el riesgo de que se pierda en manos del Estado o de otros particulares, y las necesarias para investigar efectivamente los actos de privación de la vida. Así, los Estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y la integridad personal. Para todo ello, se requiere de la formación de un orden normativo que respete y garantice efectivamente el ejercicio de sus derechos humanos, y la supervisión eficaz y constante sobre la prestación de los servicios de los que dependen la vida y la integridad de las personas. De igual forma, se estableció que la ley reglamentaria del artículo 4º constitucional, Ley General de Salud, establece que el derecho a la protección de la salud tiene entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; son servicios básicos de salud, los consistentes en: a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; b) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Por ello, el Alto Tribunal definió que conforme a la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4º constitucional, el mismo comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes. Lo anterior se advierte de las tesis aisladas LXVIII/2009 y P. XIX/2000, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación. En ese orden de ideas, el artículo 126 de la Ley de la Materia a la letra dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Jefatura de Prestaciones Médicas, y Director General Regional con Medicina Familiar 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Cuernavaca, Morelos, entre otras cuestiones, la omisión de otorgarle la atención médica en relación al padecimiento de cirrosis hepática, refiriendo también que le diagnosticaron entro otros padecimientos, que uno de sus riñones ha dejado de funcionar, así como que el hígado tiene ulceras varicosas en el intestino y excretando sangre (hemorragia interna desde hace dos semanas) que requiere (se anexa copia de la demanda y anexos), por tanto, se concluye que se trata de un acto que atenta contra la salud física del quejoso que a la postre podría traer como consecuencia la perdida de la vida, por lo que con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo; SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que las autoridades responsables, de inmediato y sin demora tomen las medidas que sean necesarias para brindar de manera urgente a la quejosa la atención y el tratamiento médico que requiera para el padecimiento de cirrosis hepática, refiriendo también que le diagnosticaron entro otros padecimientos, que uno de sus riñones ha dejado de funcionar, así como que el hígado tiene ulceras varicosas en el intestino y excretando sangre (hemorragia interna desde hace dos semanas), esto es, de estar indicado por el médico tratante, se le practique el tratamiento necesario en los términos y tiempos indicados por éste; lo anterior en términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del numeral 12 del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual prevé que los Estados Partes de ese Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y que entre las medidas que deberán adoptar a fin de asegurar la plena actividad de este derecho, figurarán, entre otras, la creación de condiciones que aseguran a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Se reitera, el artículo 126 de la Ley de Amparo, señala que procede conceder la suspensión de oficio y de plano, entre otros supuestos, cuando se reclame un acto que ponga en peligro la vida de la parte quejosa. Una interpretación de dicho artículo, de conformidad con los criterios del Poder Judicial de la Federación, y con base en el principio pro persona, nos lleva a concluir que la frase "peligro de vida", no solamente se trata de actos donde directamente se ordena la privación de la vida de una persona, sino que se pueden actualizar diversas hipótesis de facto que pueden representar un riesgo o amenaza a la subsistencia de las personas, como sucede en determinados casos en torno a ciertos riesgos o afectaciones a la salud que comprometen la subsistencia o integridad de las mismas, pues son esas situaciones de alto y sensible riesgo a las que la legislación de amparo ha querido acoger y dar una protección especial y de amplio acceso, haciendo inaplicable un plazo perentorio para instar el amparo. La presente medida estará vigente, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se llegue a dictar en definitiva o si el quejoso es dado de alta por los médicos de esa institución. Esto debido a que, de las constancias remitidas por la parte quejosa se advierte que esto resulta importante para mantener en buen estado de salud del quejoso, e incluso su vida puede depender de ello. En el entendido que la suspensión decretada no implica necesariamente que la parte quejosa reciba el tratamiento respectivo de forma gratuita, pues si así lo requieren las autoridades responsables, el peticionario del amparo deberá realizar el pago correspondiente; en el entendido de que las autoridades responsables deberán efectuarle un estudio socioeconómico, hecho lo anterior, determinar lo conducente acorde al nivel en que se le haya catalogado conforme al estudio socioeconómico que se le practique o bien, en su caso, de conformidad con el que ya se le haya practicado como paciente de dicha institución. De igual forma, la presente medida no excluye a la parte quejosa de cumplir con los requisitos que los lineamientos de ese instituto impongan para recibir el servicio médico, como pueden ser, enunciativamente, el proporcionar donadores de sangre, plasma, o cualquier otro requisito para su abastecimiento y debido funcionamiento. Se cita la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 2000, página 112, del rubro y texto siguientes: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." Así como, por analogía, la tesis 2a. LVII/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Página 420, del rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. EN MATERIA DE SALUD MENTAL, EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DEBE GARANTIZARSE SIN DISCRIMINACIÓN. En atención a los deberes previstos por el artículo 1o., párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los más altos estándares internacionales, se advierte que la obligación progresiva del derecho a la salud relativa al suministro de medicamentos implica, por lo menos, otorgarlos sin discriminación para todas las personas en general y, en particular, a los grupos vulnerables. Esta obligación no conlleva que cualquier medicamento que se solicite deba ser suministrado, sino que una vez que se decide que un medicamento es parte del cuadro básico, el Estado no puede negar de manera regresiva estos medicamentos a quien los requiera ni otorgarlos de forma discriminatoria. Por otro lado, derivado del deber de otorgarlos sin discriminación, para que una autoridad pueda válidamente excluir a un grupo de personas de la prestación de un servicio fundamental para la debida protección de la salud, no basta con que refiriera a preceptos jurídicos genéricos, sino que debe evidenciar en forma contundente que tal distinción tiene fundamento legal o que la diferencia en el trato y el servicio tiene un sustento objetivo y racional, pues de lo contrario es discriminatoria." Dicha medida cautelar, surtirá sus efectos de inmediato, sin necesidad de fijar garantía, toda vez que no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y de ejecutarse el acto, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que queden notificadas del presente proveído, informen respecto de la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión, agregando copia certificada de las constancias relativas. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la violación de este mandato es sancionable con pena de hasta nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, delito que si se llegara a consumar, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación. Además, se indica a las autoridades responsables que en caso de no recibir los oficios o comunicaciones que les sean remitidos, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables por falta de cumplimiento de la resolución que contengan, de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se imponga multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el numeral 245 de la Ley de Amparo. Del incidente de suspensión En mérito de lo anterior, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, toda vez que el acto que se reclama ya fue materia de estudio en el presente cuaderno de amparo. De la audiencia constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguiente al en que reciban el oficio en que se les solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, se requiere a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifiquen la información de reservada y confidencial, que proporcionen a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Apercibidas para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De las pruebas Conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que anexa a su escrito de cuenta, mismas que se desahogan debido a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este Juzgado y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial. Domicilio procesal y autorizados En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que menciona y con facultades amplias a ********************, en razón de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Correo electrónico y número telefónico. Por otra parte, se tiene por señalado el correo electrónico y número telefónico, a efecto de establecer contacto en caso que se estime pertinente. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J. 176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, materia común, registro 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto, el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Disponibilidad del Portal de Servicios en Linea del Poder Judicial de la Federación. Se exhorta a las partes del presente asunto, para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. De la Compensación. Finalmente, gírese oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, instruyéndole para que haga los movimientos, registros y/o cambios correspondientes en el sistema computarizado, para efectos estadísticos y cargas de trabajo, por lo que deberá informar el movimiento correspondiente de manera oportuna. Notifíquese.
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