Isaias Cruz Fernández
Expediente 491/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 491/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Isaias Cruz Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vistas, las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta. Ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo. Sin que la parte legitimada recurriera la sentencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia, se declara ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Por lo expuesto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 107 y 124 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 491/2022-I promovido por Isaías Cruz Fernández, en contra de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, a quien atribuyó el reclamo precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de la presente sentencia. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.Así lo sentenció y firma electrónicamente Bayardo Enrique Arceo Cassani, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del numeral 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 817, publicada en la página 907, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice de 2011, Novena Época, Materia Común, Registro 1002883, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/2751/2022, signado por la secretaria técnica de Comisión Permanente; asistido de Verónica Guadalupe Lagunes Zamudio, secretaria con quien actúa y da fe. Razón. En la misma fecha se giran los oficios correspondientes al tenor de la minuta que se adjunta. Conste. Vero* "2022, Año de Ricardo Flores Magón" OFICIOS AUTORIDADES 1881/2022-I -AUTORIDAD RESPONSABLE- Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 1882/2022-I -PARTE TERCERA INTERESADA- b) Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Veracruz, Veracruz Veracruz, Veracruz 1883/2022-I -PARTE TERCERA INTERESADA- c) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Boca del Río, Veracruz 1884/2022-I Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (No es autoridad responsable) Veracruz, Veracruz Por vía de notificación, para su conocimiento y efectos legales, con el presente remito a usted copia autorizada de la resolución pronunciada en los autos del juicio de amparo 491/2022-I, promovido por Isaías Cruz Fernández, por propio derecho. Atentamente Boca del Río, Veracruz, 26 de julio de 2022 La secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. --Firma electrónica-- Verónica Guadalupe Lagunes Zamudio "En la ciudad de Boca del Río, Veracruz, a las diez horas diez minutos del veintiséis de julio de dos mil veintidós, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, Bayardo Enrique Arceo Cassani, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del numeral 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 817, publicada en la página 907, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice de 2011, Novena Época, Materia Común, Registro 1002883, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/2751/2022, signado por la secretaria técnica de Comisión Permanente; asistido de Verónica Guadalupe Lagunes Zamudio, secretaria con quien actúa y da fe, actuando bajo el esquema establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, (prorrogado por el diverso 9/2022), relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la lleva a cabo sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaria requiere tanto a la oficial de partes de este juzgado, como al encargado de la mesa de trámite, para que informen si existen promociones pendientes de acordar. Manifiestan que no hay. Asimismo, hace la relación de autos siguiente: Demanda de amparo promovida por Isaías Cruz Fernández. Proveído admisorio de treinta de mayo de dos mil veintidós. Notificación a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito. Efectuada por oficio 1401/2022-I. Emplazamiento de la parte tercera interesada: b) Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Veracruz, Veracruz, así como del c) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad (oficios 1399/2022-I y 1400/2022-I respectivamente). Informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz (acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós). Auto de siete de julio de dos mil veintidós, en el que se determinó no realizar la investigación oficiosa del domicilio de la moral tercera interesada a) Profuturo GNP Afore, sociedad anónima de capital variable, a fin de llamarla a juicio, por los motivos ahí expuestos. A lo que el Secretario Encargado del Despacho acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede. En relación con a) Profuturo GNP Afore, sociedad anónima de capital variable -parte tercera interesada- respecto de quien a la fecha no se logró su emplazamiento, se estima que esa falta de llamamiento, dado el sentido en el que habrá de resolverse el presente asunto, no transgrede sus derechos fundamentales. Por lo que este expediente se encuentra integrado para celebrar la presente audiencia. Por otro lado, se advierte de autos que las partes fueron notificadas del acuerdo de radicación de la demanda. En el que se les informó que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona. Sin que alguna hiciera manifestación u oposición alguna de forma expresa. Por lo tanto, puede hacerse pública la sentencia sin la supresión de los datos personales. Abierto el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta con las documentales que allegó la Junta responsable con su informe de ley y posterior ocurso (proveídos de veintitrés de junio y siete de julio, ambos de este año). A lo que el Secretario Encargado del Despacho acuerda: con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas dichas probanzas -dada su especial naturaleza-. Y por precluido el derecho de las partes restantes de ofrecerlas. Periodo de alegatos. La secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Enseguida, el Secretario Encargado del Despacho acuerda: ante la omisión de esgrimirlos, se tiene por perdido el derecho de alegar. Se cierra el presente periodo. Al no haber diligencia pendiente de desahogo, el Juez da por concluida la audiencia constitucional, y se turnan los autos para dictar la sentencia correspondiente. Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 491/2022-I, promovido por Isaías Cruz Fernández, por propio derecho; y, RESULTANDO Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial el veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado en Veracruz, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Isaías Cruz Fernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, por el acto que se precisará más adelante. Segundo. Radicación y trámite. El treinta de mayo de dos mil veintidós, este juzgado radicó la demanda con el número 491/2022-I. La admitió. Requirió a la autoridad responsable su informe justificado. Dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. Ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Por último, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Relación jurídica procesal. En auto de siete de julio de dos mil veintidós se determinó no continuar con la investigación oficiosa del domicilio donde pudiera ser localizada la moral tercera interesada a) Profuturo GNP Afore, sociedad anónima de capital variable, tomando en consideración el sentido del informe justificado. Cuarto. Audiencia constitucional. Tuvo verificativo en la fecha fijada en el auto de radicación, al tenor del acta levantada al efecto; y, CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión dentro de juicio, susceptible de afectar derechos sustantivos, reclamada a una autoridad (de trabajo) que reside dentro del ámbito territorial en el cual este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Reclamo. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado consiste en: La dilación excesiva de fijar fecha para el desahogo de la prueba de inspección ocular a realizarse en la base de datos del "Sistema de Consulta de Información a Trabajadores", ofertada en el expediente 226/2019 del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz. Tercero. Negativa de acto. La autoridad Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, negó el acto reclamado. Lo anterior, en atención a que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, emitió acuerdo para reactivar el procedimiento y proveyó lo referente a la prueba de inspección ocular a realizarse en la base de datos del "Sistema de Consulta de Información a Trabajadores", propuesta en el juicio laboral de origen. Lo cual se verifica con las constancias que acompañó a su informe justificado. Documental con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo. Se trata de copia certificada por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Respalda lo anterior la tesis de jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, que versa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Sobreseimiento directo. Respecto de dicho reclamo, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la de la Ley de Amparo. Establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Por su parte, los artículos 1° fracción I y 75° primer párrafo de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; [.] "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad." De ahí que, el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violan los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. De lo que se infiere que el acto reclamado debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo. Ello concatenado con lo dispuesto por el artículo 75, del ordenamiento invocado que establece que se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. De lo expuesto se sigue que los actos deben estudiarse atendiendo a la fecha de presentación de la demanda de amparo y probarse que el acto reclamado existía con anterioridad. Así, la Junta responsable demostró que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós proveyó lo referente a la prueba de inspección ocular a realizarse en la base de datos del "Sistema de Consulta de Información a Trabajadores", propuesta en el juicio laboral 226/2019 de su índice. Señaló que no había sido posible su desahogo con motivo de la suspensión de audiencias y diligencias ordenada ante la situación de emergencia que se vive en el país derivada de la contingencia por el virus COVID-19. Hizo efectivo el apercibimiento con que conminó a la parte actora (aquí quejoso), en el sentido de tenerle por no configurada su acción, ante la falta de cumplimiento a los requisitos de procedibilidad necesarios acorde con lo establecido en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo. Pese a que fue requerido para tal efecto desde el auto de radicación dictado en el expediente de origen y subsecuentes proveídos. Sin que durante aquella secuela diera cumplimiento. Por ende, determinó innecesario el desahogo de la prueba de inspección de mérito. Lo dejó sin efectos. Por último, concedió a las partes el término de dos días para formular alegatos. Dicho proveído fue notificado a las partes por boletín oficial número 349 publicado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Además, por auto de veintitrés de junio pasado emitido en este controvertido constitucional se dio vista y ordenó correr traslado con esa actuación al quejoso. Quedando debidamente notificado vía electrónica el veintinueve de junio pasado. De ahí que si bien la responsable no señaló nueva fecha y hora para el desahogo del aludido medio de convicción, lo cierto es que a la fecha de presentación de la demanda origen de este sumario (veintisiete de mayo de dos mil veintidós), ya existía un acuerdo en el cual se pronunció respecto de dicha probanza y dejó sin efectos su desahogo. Así, lo que predomina en el caso en estudio para actualizar el motivo de sobreseimiento en comento es no sólo que a la fecha de presentación del ocurso constitucional la responsable ya había acordado lo que estimó conducente referente a la aludida prueba. Además, debe ponderarse que de conformidad con el estado procesal del juicio natural, no era factible, en el momento de presentación de la demanda, que la junta laboral señalara fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección ocular propuesta en el expediente 226/2019 de su índice, debido a que ya la había dejado sin efectos. Por ende, el acto que se reclama en el presente juicio de amparo es inexistente a la fecha de presentación del escrito inicial de demanda. En consecuencia, procede el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 133, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- septiembre 2011, Novena Época, Registro 1002199, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Robustece la anterior determinación que la finalidad de la demanda de amparo es obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada. Y los alcances por los que se otorgue deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo que se precisa porque como se ha evidenciado, procesalmente en el juicio de origen, desde antes de la fecha de presentación de la demanda, la responsable no estaba en condiciones de emitir acuerdo en el cual señalara fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección ocular, debido a que previamente la dejó sin efectos. Se cita, por las razones que informa, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sostenida por le Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, Materia Común, con registro digital: 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En razón de lo considerado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado, como quedó analizado en párrafos precedentes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con registro digital 2018110, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que no se haya emplazado a la parte tercera interesada -a) Profuturo GNP Afore, sociedad anónima de capital variable -. Como se dijo en la audiencia constitucional, dado el sentido del presente fallo, al decretarse el sobreseimiento en el juicio en modo alguno se modifican o lesionan derechos que pudiesen motivar la reposición del procedimiento. Dado que el reclamo se trata de la dilación en el desahogo de una probanza que como se vio, se dejó sin efectos por circunstancias atribuibles a la parte quejosa. Incluso, no se deja de mencionar, el treinta de mayo de dos mil veintidós se emitió el laudo correspondiente en el juicio de origen. Por lo que es evidente que el sentido de la resolución no le afecta. Por ende, a nada práctico llevaría dilatar el procedimiento, porque en lugar de proporcionar una solución inmediata en el litigio se obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que se trata de un asunto que bien puede y debe ser ya sobreseído. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 2a. XLIII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 982, del Libro XX, mayo de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, con registro 2003574, que a la letra dice "FALTA DE EMPLAZAMIENTO. SÓLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR A UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACIÓN OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER EN FORMA INMEDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio contenido en las tesis P./J. 44/96 y P. V/98 (*), en el sentido de que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su práctica irregular y que tratándose del juicio de amparo nada justifica que se soslaye la intervención en el procedimiento, en tanto que debe garantizarse que puedan ejercerse todas las prerrogativas procesales a las que legalmente tengan derecho las partes; y que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento o su defectuosa realización en el juicio de amparo no necesariamente obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta decisión no reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue oída, bien porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el dictado de una resolución adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el litigio se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación. En consecuencia, sólo en los casos en los que la reposición del procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte favorezca sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda comparecer a defender sus derechos." Por lo expuesto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 107 y 124 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 491/2022-I promovido por Isaías Cruz Fernández, en contra de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, a quien atribuyó el reclamo precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de la presente sentencia. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa. Así lo sentenció y firma electrónicamente Bayardo Enrique Arceo Cassani, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del numeral 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 817, publicada en la página 907, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice de 2011, Novena Época, Materia Común, Registro 1002883, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/2751/2022, signado por la secretaria técnica de Comisión Permanente; asistido de Verónica Guadalupe Lagunes Zamudio, secretaria con quien actúa y da fe." Autorizado electrónicamente. LA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON SEDE EN BOCA DEL RÍO, VERÓNICA GUADALUPE LAGUNES ZAMUDIO, CERTIFICA: LA PRESENTE ES FIEL REPRODUCCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 491/2022-I DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DE MI ADSCRIPCIÓN, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. CONSTE. BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, 26 DE JULIO DE 2022 LA SECRETARIA (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) VERÓNICA GUADALUPE LAGUNES ZAMUDIO A continuación, la secretaria requiere tanto a la oficial de partes de este juzgado, como al encargado de la mesa de trámite, para que informen si existen promociones pendientes de acordar. Manifiestan que no hay. Asimismo, hace la relación de autos siguiente: Demanda de amparo promovida por Isaías Cruz Fernández. Proveído admisorio de treinta de mayo de dos mil veintidós. Notificación a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito. Efectuada por oficio 1401/2022-I. Emplazamiento de la parte tercera interesada: b) Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Veracruz, Veracruz, así como del c) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad (oficios 1399/2022-I y 1400/2022-I respectivamente). Informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz (acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós). Auto de siete de julio de dos mil veintidós, en el que se determinó no realizar la investigación oficiosa del domicilio de la moral tercera interesada a) Profuturo GNP Afore, sociedad anónima de capital variable, a fin de llamarla a juicio, por los motivos ahí expuestos. A lo que el Secretario Encargado del Despacho acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede. En relación con a) Profuturo GNP Afore, sociedad anónima de capital variable -parte tercera interesada- respecto de quien a la fecha no se logró su emplazamiento, se estima que esa falta de llamamiento, dado el sentido en el que habrá de resolverse el presente asunto, no transgrede sus derechos fundamentales. Por lo que este expediente se encuentra integrado para celebrar la presente audiencia. Por otro lado, se advierte de autos que las partes fueron notificadas del acuerdo de radicación de la demanda. En el que se les informó que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona. Sin que alguna hiciera manifestación u oposición alguna de forma expresa. Por lo tanto, puede hacerse pública la sentencia sin la supresión de los datos personales. Abierto el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta con las documentales que allegó la Junta responsable con su informe de ley y posterior ocurso (proveídos de veintitrés de junio y siete de julio, ambos de este año). A lo que el Secretario Encargado del Despacho acuerda: con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas dichas probanzas -dada su especial naturaleza-. Y por precluido el derecho de las partes restantes de ofrecerlas. Periodo de alegatos. La secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Enseguida, el Secretario Encargado del Despacho acuerda: ante la omisión de esgrimirlos, se tiene por perdido el derecho de alegar. Se cierra el presente periodo. Al no haber diligencia pendiente de desahogo, el Juez da por concluida la audiencia constitucional, y se turnan los autos para dictar la sentencia correspondiente. Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 491/2022-I, promovido por Isaías Cruz Fernández, por propio derecho; y, RESULTANDO Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial el veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado en Veracruz, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Isaías Cruz Fernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, por el acto que se precisará más adelante. Segundo. Radicación y trámite. El treinta de mayo de dos mil veintidós, este juzgado radicó la demanda con el número 491/2022-I. La admitió. Requirió a la autoridad responsable su informe justificado. Dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. Ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Por último, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Relación jurídica procesal. En auto de siete de julio de dos mil veintidós se determinó no continuar con la investigación oficiosa del domicilio donde pudiera ser localizada la moral tercera interesada a) Profuturo GNP Afore, sociedad anónima de capital variable, tomando en consideración el sentido del informe justificado. Cuarto. Audiencia constitucional. Tuvo verificativo en la fecha fijada en el auto de radicación, al tenor del acta levantada al efecto; y, CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión dentro de juicio, susceptible de afectar derechos sustantivos, reclamada a una autoridad (de trabajo) que reside dentro del ámbito territorial en el cual este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Reclamo. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado consiste en: La dilación excesiva de fijar fecha para el desahogo de la prueba de inspección ocular a realizarse en la base de datos del "Sistema de Consulta de Información a Trabajadores", ofertada en el expediente 226/2019 del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz. Tercero. Negativa de acto. La autoridad Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, negó el acto reclamado. Lo anterior, en atención a que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, emitió acuerdo para reactivar el procedimiento y proveyó lo referente a la prueba de inspección ocular a realizarse en la base de datos del "Sistema de Consulta de Información a Trabajadores", propuesta en el juicio laboral de origen. Lo cual se verifica con las constancias que acompañó a su informe justificado. Documental con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo. Se trata de copia certificada por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Respalda lo anterior la tesis de jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, que versa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Sobreseimiento directo. Respecto de dicho reclamo, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la de la Ley de Amparo. Establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Por su parte, los artículos 1° fracción I y 75° primer párrafo de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; [.] "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad." De ahí que, el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violan los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. De lo que se infiere que el acto reclamado debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo. Ello concatenado con lo dispuesto por el artículo 75, del ordenamiento invocado que establece que se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. De lo expuesto se sigue que los actos deben estudiarse atendiendo a la fecha de presentación de la demanda de amparo y probarse que el acto reclamado existía con anterioridad. Así, la Junta responsable demostró que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós proveyó lo referente a la prueba de inspección ocular a realizarse en la base de datos del "Sistema de Consulta de Información a Trabajadores", propuesta en el juicio laboral 226/2019 de su índice. Señaló que no había sido posible su desahogo con motivo de la suspensión de audiencias y diligencias ordenada ante la situación de emergencia que se vive en el país derivada de la contingencia por el virus COVID-19. Hizo efectivo el apercibimiento con que conminó a la parte actora (aquí quejoso), en el sentido de tenerle por no configurada su acción, ante la falta de cumplimiento a los requisitos de procedibilidad necesarios acorde con lo establecido en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo. Pese a que fue requerido para tal efecto desde el auto de radicación dictado en el expediente de origen y subsecuentes proveídos. Sin que durante aquella secuela diera cumplimiento. Por ende, determinó innecesario el desahogo de la prueba de inspección de mérito. Lo dejó sin efectos. Por último, concedió a las partes el término de dos días para formular alegatos. Dicho proveído fue notificado a las partes por boletín oficial número 349 publicado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Además, por auto de veintitrés de junio pasado emitido en este controvertido constitucional se dio vista y ordenó correr traslado con esa actuación al quejoso. Quedando debidamente notificado vía electrónica el veintinueve de junio pasado. De ahí que si bien la responsable no señaló nueva fecha y hora para el desahogo del aludido medio de convicción, lo cierto es que a la fecha de presentación de la demanda origen de este sumario (veintisiete de mayo de dos mil veintidós), ya existía un acuerdo en el cual se pronunció respecto de dicha probanza y dejó sin efectos su desahogo. Así, lo que predomina en el caso en estudio para actualizar el motivo de sobreseimiento en comento es no sólo que a la fecha de presentación del ocurso constitucional la responsable ya había acordado lo que estimó conducente referente a la aludida prueba. Además, debe ponderarse que de conformidad con el estado procesal del juicio natural, no era factible, en el momento de presentación de la demanda, que la junta laboral señalara fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección ocular propuesta en el expediente 226/2019 de su índice, debido a que ya la había dejado sin efectos. Por ende, el acto que se reclama en el presente juicio de amparo es inexistente a la fecha de presentación del escrito inicial de demanda. En consecuencia, procede el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 133, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- septiembre 2011, Novena Época, Registro 1002199, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Robustece la anterior determinación que la finalidad de la demanda de amparo es obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada. Y los alcances por los que se otorgue deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo que se precisa porque como se ha evidenciado, procesalmente en el juicio de origen, desde antes de la fecha de presentación de la demanda, la responsable no estaba en condiciones de emitir acuerdo en el cual señalara fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección ocular, debido a que previamente la dejó sin efectos. Se cita, por las razones que informa, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sostenida por le Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, Materia Común, con registro digital: 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En razón de lo considerado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado, como quedó analizado en párrafos precedentes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con registro digital 2018110, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que no se haya emplazado a la parte tercera interesada -a) Profuturo GNP Afore, sociedad anónima de capital variable -. Como se dijo en la audiencia constitucional, dado el sentido del presente fallo, al decretarse el sobreseimiento en el juicio en modo alguno se modifican o lesionan derechos que pudiesen motivar la reposición del procedimiento. Dado que el reclamo se trata de la dilación en el desahogo de una probanza que como se vio, se dejó sin efectos por circunstancias atribuibles a la parte quejosa. Incluso, no se deja de mencionar, el treinta de mayo de dos mil veintidós se emitió el laudo correspondiente en el juicio de origen. Por lo que es evidente que el sentido de la resolución no le afecta. Por ende, a nada práctico llevaría dilatar el procedimiento, porque en lugar de proporcionar una solución inmediata en el litigio se obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que se trata de un asunto que bien puede y debe ser ya sobreseído. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 2a. XLIII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 982, del Libro XX, mayo de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, con registro 2003574, que a la letra dice "FALTA DE EMPLAZAMIENTO. SÓLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR A UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACIÓN OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER EN FORMA INMEDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio contenido en las tesis P./J. 44/96 y P. V/98 (*), en el sentido de que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su práctica irregular y que tratándose del juicio de amparo nada justifica que se soslaye la intervención en el procedimiento, en tanto que debe garantizarse que puedan ejercerse todas las prerrogativas procesales a las que legalmente tengan derecho las partes; y que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento o su defectuosa realización en el juicio de amparo no necesariamente obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta decisión no reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue oída, bien porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el dictado de una resolución adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el litigio se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación. En consecuencia, sólo en los casos en los que la reposición del procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte favorezca sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda comparecer a defender sus derechos."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta (con anexo). El Auxiliar de Trámite de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, en cumplimiento al diverso 1659/2022-I de veintitrés de junio de este año, remite la constancia donde aparece el domicilio del tercero interesado a) Profuturo GNP Afore, sociedad anónima de capital variable. De su contenido se desprende es el mismo sitio que proporcionó la parte quejosa en la demanda de amparo. No se logró el emplazamiento en ese lugar. Por ende, tomando en consideración el sentido del informe justificado puesto a vista de las partes el veintitrés de junio pasado, por el momento no ha lugar realizar la investigación oficiosa del domicilio donde pudiera ser llamada a juicio dicha moral, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de la materia. A la postre pudiera resultar infructuoso. Considerando además por proveído de dos de ese mes se requirió a la parte impetrante para que indicara dónde localizar al tercero interesado. Sin que lo hiciera. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta (con anexo), mediante el cual la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz rinde informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, con apoyo en el diverso 119 de la ley de la materia, se reciben como pruebas de su parte, las documentales que acompaña. Sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. Bajo ese tenor, signifíquese a la parte quejosa considerando la autoridad informa en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós acordó lo referente a la prueba de inspección ocular -cuya dilación excesiva en su desahogo reclama el impetrante en esta vía de amparo- en el expediente 226/2019 de su índice, podrá hacer manifestaciones en términos de los artículos 63, 64 y 124 de la ley reglamentaria según lo estime oportuno. Por otro lado, consta en el sumario que no fue posible emplazar a la moral tercera interesada a) Profuturo GNP Afore, sociedad anónima de capital variable, en el domicilio que proporcionó el quejoso para tal efecto. Así, por proveído de quince de los actuales (previa vista otorgada al referido impetrante) se reservó su llamamiento hasta en tanto la responsable rindiera su informe justificado. Lo que aconteció en esta fecha. De las constancias anexas al ocurso de cuenta no se aprecia domicilio alguno de dicha moral. En consecuencia, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Veracruz, Veracruz, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, proporcione el último domicilio procesal señalado por la moral indicada en líneas precedentes o, en su caso, el lugar donde se logró su emplazamiento en el juicio de origen. De ser posible, acompañe las constancias relativas. Ello para estar en aptitud de emplazarla al presente sumario constitucional. En el entendido que de no acatar lo anterior, dentro del plazo concedido, ni comunicar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa de cincuenta días de salario mínimo, con fundamento en lo que dispone el ordinal 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 239 de la ley reglamentaria. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y cúmplase.
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