Isaías Coronado de la Torre

Expediente 1752/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1752/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
15/08/2018

Partes del expediente

  • Isaías Coronado de la Torre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, quince de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: se tiene por recibido el oficio que signa María Teresa Galván Montes, en su carácter de delegada de la autoridad responsable Fiscalía General del Estado de Jalisco; a través del cual realiza manifestaciones en el sentido de que al emitir la planilla complementaria de sentencia no fueron tomadas en consideración los señalamientos del quejoso contenidos en el escrito presentado el ocho de mayo de este año en el sentido de que fuera declara cumplida la sentencia y se ordenara el archivo del expediente como asunto concluido. Al respecto indíquesele que si bien es cierto fue presentado por parte del solicitante de amparo el ocurso que refiere la oficiante, a través del mismo únicamente hizo señalamiento en el sentido de que en esa fecha habían sido entregados los documentos mercantiles por concepto de pago de las cantidades cuantificadas por este juzgado; sin embargo, en esa misma data, el autorizado en términos amplios de la parte quejosa solicitó la tramitación de la planilla complementaria por el periodo comprendido entre la fecha en que se emitió la interlocutoria correspondiente (veinticuatro de enero de este año) y la fecha en que se realizó el pago (ocho de mayo del año en curso). Con motivo de lo anterior, en auto de quince de mayo de este año (fojas 940 y 941), se ordenó tramitar el incidente innominado para cuantificar las cantidades correspondientes por el periodo comprendido entre la fecha de emisión de la interlocutoria de liquidación y aquélla en que se realizó la entrega al quejoso de los documentos mercantiles. Por otra parte, solicita la aclaración de la interlocutoria de seis de agosto de este año, en lo relativo a la cuantificación del aguinaldo, por las razones que indica. Al respecto, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad a lo peticionado toda vez que lo pretendido no es susceptible de realizarlo mediante la aclaración de sentencia, ya que ésta únicamente procede con la finalidad de hacer comprensibles conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los obscuros, así como subsanar omisiones y corregir errores o defectos; sin embargo, en caso de acceder a su solicitud implicaría modificar las consideraciones que sustentan la aludida resolución dado que la cuantificación determinada sufriría una alteración sustantiva, lo cual como se indicó no es susceptible de ser modificado a través de la aclaración. Lo anterior encuentra apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, último párrafo de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia P./J. 94/97, consultable en la página 6, Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo. No obstante, se precisa que del análisis realizado a la interlocutoria de veinticuatro de enero de este año (fojas 796 a 808 vuelta), que constituye el antecedente de la planilla complementaria, se desprende que la cuantificación del aguinaldo comprendió los años dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, según se aprecia en la parte correspondiente al referido concepto en el que se indicó: "[.] En lo concerniente a la cuantificación del aguinaldo este Juzgador estima conveniente realizar las operaciones matemáticas necesarias para calcular lo que conforme a derecho le debe corresponder al quejoso respecto a estos rubros, considerando desde luego que las cantidades a cubrir al ahora quejoso deben pagarse como si nunca hubiese ocurrido la terminación de la relación laboral, y hasta el pago total. Así, por lo que ve al año dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, habrá de pagarse el aguinaldo completo, es decir los cincuenta días que prevé el artículo 54 de la Ley de Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; por ende, debe considerarse que el salario base o promedio asciende a $25,068.00 (veinticinco mil sesenta y ocho pesos 00/100), lo que dividido entre treinta da un total de $835.61 (ochocientos treinta y cinco pesos 61/100 moneda nacional) por día, cantidad que multiplicada por cincuenta días, da un total de $41,780.50 (cuarenta y un mil setecientos ochenta pesos 50/100), misma cantidad que multiplicada por los tres años indicados en líneas que anteceden arroja la suma de $125,341.50 (ciento veinticinco mil trescientos cuarenta y un pesos 50/100 moneda nacional). [.]" De ahí que la cuantificación realizada por dicho concepto, fue atendiendo a la circunstancia de que con anterioridad respecto a la anualidad que transcurre no había sido determinada, de ahí que resulta procedente el cálculo efectuado por el transcurso de tiempo desde el inicio de este año y hasta que se hizo la entrega de los cheques correspondientes (ocho de mayo del año en curso). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/DANH/agla*

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el escrito que suscribe electrónicamente Erick Ernesto Vázquez Enríquez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa dentro de los presentes autos (folio 10); mediante el cual solicita la expedición de copias fotostáticas de todo lo actuado dentro del expediente en que se actúa; sin embargo dígasele que con fundamento en lo previsto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se le autoriza la expedición de copias únicamente del cuaderno de antecedente con el que cuenta este juzgado federal ya que el original se encuentra en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, previo recibo que de ello se otorgue en autos, en el entendido que el costo del fotocopiado será a su cargo y autorizando para su recepción a las personas que refiere en su ocurso. Por otra parte con respecto a su diversa petición se autoriza la consulta del expediente electrónico, con el nombre de usuario que proporciona, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el diverso 111, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; por haberse concedido el primer periodo vacacional de este año al titular de este órgano Luis Armando Pérez Topete, según información contenida en el oficio CCJ/ST/2815/2018 de once de junio de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario Hugo Armando González Segovia, quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. GAC/HAGS/jara.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Secretario de Educación del Estado de Jalisco, asimismo hace del conocimiento que dicho recurso lo registró con el número 290/2018; agréguese al presente expediente el oficio de cuenta para que surta los efectos legales conducentes, quedando este juzgado federal a la espera de la determinación que tome la superioridad por motivo del medio de impugnación precitado. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Hugo Armando González Segovia, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/HAGS/Elaboró: hrmf.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, tres de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciocho (foja 217), se dió vista a la parte quejosa y a los terceros interesados con las constancias aportadas por la responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado -en su correcta denominación- en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisas, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo fue notificado a la parte quejosa el quince de junio siguiente (foja 219) y a los terceros interesados el veintiuno de junio del año en curso (fojas 221 y 223), por lo que el autorizado en términos amplios de la solicitante de amparo presentó escrito el pasado veintiuno de los corrientes, a través del cual realizó manifestaciones con relación al cumplimiento de la sentencia, efectuado por la responsable, respecto del cual este juzgado se reservó a proveer hasta en tanto transcurriera el término otorgado en auto de catorce de junio de este año, lo que a la fecha ya aconteció por tanto procede proveer el escrito en los siguientes términos: Se tiene al autorizado en amplios términos de la parte quejosa José Eduardo Luna Preciche, manifestando su inconformidad con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del tribunal responsable, basándose esencialmente en que la resolución de ocho de junio de dos mil dieciocho, no fue emitida con las formalidades ordenadas por la ley, ello en razón de que la nueva sentencia fue firmada por un secretario proyectista, no obstante que a su parecer, no se encuentra facultado para llevar a cabo dicho acto. En torno a las manifestaciones precisadas, indíquesele que del contenido de la citada resolución, se advierte que el secretario proyectista firmó en suplencia del titular de la magistratura vacante, en virtud de las facultades otorgadas al mismo mediante acuerdo ACU/SS/02/05/E/2018 emitido en la quinta sesión celebrada el ocho de marzo del presente año; por tanto, las manifestaciones que realiza no son suficientes para restar legalidad a la resolución emitida por la responsable, particularmente porque en los lineamientos del amparo concedido no tuvo algún alcance sobre la validez de la suplencia del titular de la magistratura vacante por parte de un secretario. En otro orden de ideas, toda vez que el cumplimiento de sentencias es de orden público y corresponde al juzgado de Distrito verificar que las mismas se acaten en todos sus términos, por lo que se procede a realizar el análisis de las constancias que integran el juicio, particularmente la resolución emitida el doce de junio de dos mil dieciocho por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco de la que se advierte que la responsable no ajustó su actuar al contenido del fallo protector. Ello es así, toda vez que a efecto de determinar la cuantificación de la garantía que debe cubrir la parte actora con motivo del otorgamiento de la suspensión concedida en el expediente de origen, expuso los razonamientos que de la misma se desprenden para arribar a la conclusión que el lapso de tiempo probable de resolución del expediente de origen es de quinientos trece días, mismos que sirvieron de base para realizar las operaciones matemáticas de acuerdo al procedimiento descrito en la misma para arribar a la cantidad total de $920,769.33 (novecientos veinte mil setecientos sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional) como monto total a cubrir por parte de la actora. Sin embargo, es de precisarse, que del cuerpo del fallo protector se desprende que los lineamientos dados en la sentencia fueron en el sentido siguiente: ".para fines de la garantía, debe estar delimitada por un plazo probable que debe fijarse para el dictado del fallo definitivo; porque, se insiste, el tribunal responsable debe tomar los factores y circunstancias que afrontan las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa, para el dictado de sus sentencias y obtener un término promedio en el que emiten sus resoluciones definitivas, en el que por la particularidad del asunto, debe ponderar también el estadio procesal de la controversia." Además, debía delimitarse ".el plazo probable del dictado de la resolución del asunto, con base en la información relativa al número de asuntos que se tramitan en la sala unitaria que conoce del juicio contencioso administrativo, el tiempo promedio de resolución de los mismos, así como el estado procesal en que se encuentra el juicio, además atender entre otros aspectos, la dificultad jurídica del asunto y las cargas de trabajo del tribunal que conozca del asunto." Ahora bien, en la resolución emitida el doce de junio de dos mil dieciocho en el juicio administrativo VI-792/2014 la Sala responsable al momento de establecer la temporalidad de la resolución del asunto y tomar una base para fijar el monto de la garantía que debe cubrir la actora, tomó en consideración circunstancias ajenas y que no fueron expresadas en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, como es el lapso de tiempo para la resolución del recurso de apelación, así como la probable duración del juicio de amparo directo, en caso de que éste sea promovido por alguna de las partes, lo que derivó en considerar como tiempo probable para la resolución del juicio quinientos trece días. Por tanto, la nueva resolución fue emitida sin ajustarse a los lineamientos dados en la sentencia, al incluir aspectos ajenos a las consideraciones y efectos del fallo protector, porque no se establece: que ponderara la duración del recurso de apelación, ni la eventual duración de algún juicio de amparo que se haga valer; sino que debía estimar el estadio procesal del juicio de origen y el tiempo probable en que específicamente la sala unitaria podría dictar el fallo definitivo, para fijar la garantía. En virtud de lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de tres días siguientes al en que queden legalmente notificado del presente proveído, emita nueva resolución en la que cuantifique de nueva cuenta la garantía que deba cubrir la actora con motivo del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración los lineamientos establecidos en el fallo protector dictado en el juicio de amparo en que se actúa y a los que se hizo referencia en el presente acuerdo. Lo cual, deberá acreditar con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, lo anterior, a efecto de calificar el cumplimiento de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostentan y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien firma ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta quien autoriza y da fe y certifica: que la presente actuación coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. LAPT/DANH/agla

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