Isaias Becerra Leyva
Expediente 907/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Isaias Becerra Leyva
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 02/octubre/2020, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; dos de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por Amairani Gaspar Melchor, apoderada legal de la tercera interesada Naviera Argos, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del cual, interpone incidente de falta de personalidad respecto de Roberto Ignacio Ortuño Burgoa y César Enrique Olmedo Piña, en atención a que el apoderado de la quejosa -Rafael González Vázquez- no tiene facultades para delegar poder a favor de aquéllos. Para emitir pronunciamiento en relación con el incidente propuesto, debe destacarse lo siguiente: El artículo 66 de la ley de la materia establece que en el juicio de amparo se tramitarán en la vía incidental las cuestiones a que se refiere expresamente la ley, así como aquellas que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El precepto referido también señala que el órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias del caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia de amparo. En tanto que el artículo 67 del mismo ordenamiento precisa las reglas procesales para la substanciación y resolución de los incidentes. Ahora bien, la ley de amparo no regula expresamente el incidente de falta de personalidad -pues durante la etapa de instrucción del juicio sólo regula los incidentes de nulidad de notificaciones y reposición de constancias de autos-, motivo por el cual, tratándose de este incidente corresponde al órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, determinar si lo resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento -caso en el cual deben seguirse las reglas de substanciación previstas en el artículo 67 de la ley de la materia-, o si reserva su resolución para la sentencia. En otras palabras, para adoptar esa determinación el juzgador debe considerar la naturaleza del incidente, incluso la viabilidad o notoria improcedencia de éste. Para determinar la naturaleza del incidente propuesto, debe considerarse que los incidentes son procedimientos que tienden a resolver controversias de carácter adjetivo relacionadas inmediata y directamente con el asunto principal, de ahí que, atendiendo a esa vinculación, su naturaleza puede ser de previo y especial pronunciamiento, o sólo de especial pronunciamiento. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento son aquellos que suspenden el procedimiento en lo sustancial hasta que se resuelva la cuestión ventilada en ellos, es decir, la referida suspensión no implica que se paralice la consecución de actos procesales, sino únicamente en lo sustantivo, por lo que tienen como características primordiales que la incidencia se encuentra relacionada con el negocio principal y que la determinación que al respecto se realice debe ser previa al dictado de la sentencia, como acontece con el incidente de falta de personalidad. En cambio, los incidentes de especial pronunciamiento no necesitan resolverse antes del dictado de la sentencia, sino que, una vez que fueron substanciados, ésta se reserva para que, en su caso, se dicte simultáneamente con la sentencia de fondo, como sucede con el incidente de falsedad de documentos. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que el incidente de falta de personalidad es uno de previo y especial pronunciamiento, en tanto que su resolución condiciona la emisión de la sentencia principal, por lo que debe admitirse y resolverse de plano y sin forma de sustanciación en el mismo expediente, como se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 42/2008, visible en la página 258, del Tomo XXVIII, Julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. AL SER DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO, DEBE ADMITIRSE Y RESOLVERSE CONFORME A LA SEGUNDA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al sistema previsto en los párrafos primero y tercero del artículo 35 de la Ley de Amparo -consignado dentro de las reglas comunes al juicio de garantías-, tanto en los amparos indirectos como en los directos debe admitirse toda clase de incidencia, en cualquiera de las siguientes vías: 1) mediante tramitación especial, si la ley lo permite; 2) de plano y sin trámite de por medio, si por su naturaleza hiciera imposible la decisión de fondo, y 3) conjuntamente con la definitiva, si es que su resolución previa no impidiera el dictado de ésta. En congruencia con lo anterior y en virtud de que dentro de los incidentes de previo y especial pronunciamiento la doctrina procesal ha incluido, entre otros, al de falta de personalidad, en tanto que su resolución condiciona la emisión de la sentencia principal, se concluye que cuando dicho incidente se promueve en un juicio de garantías, aunque no esté incluido dentro de los que señala la ley de la materia como aquellos que ameritan previo y especial pronunciamiento, al tener esa naturaleza debe admitirse y resolverse conforme a la segunda regla prevista en el artículo 35 de la Ley de Amparo, esto es, de plano y sin forma de sustanciación en el mismo expediente.". Bajo ese contexto, atendiendo a las características del caso y a la naturaleza del incidente de falta de personalidad que plantea la tercera interesada, esto es, al ser uno de previo y especial pronunciamiento; a juicio de esta juzgadora no amerita forma de substanciación y, por tanto, se admite y se resuelve de plano a continuación. La tercera interesada sostiene, en lo medular, que Roberto Ignacio Ortuño Burgoa, autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no tenía legitimación para desahogar la prevención que recayó al escrito de ampliación de demanda -presentado el treinta de diciembre de dos mil diecinueve-, ordenada en auto de tres de enero de dos mil veinte, por lo que debe revocarse el auto de seis de enero posterior para que se deseche la referida ampliación. Afirma que el citado autorizado, como el homólogo César Enrique Olmedo Piña no tienen personalidad para promover en el juicio de amparo debido a que Rafael González Vázquez, que comparece como apoderado general de la quejosa Hornbeck Offshore Services de México, sociedad de responsabilidad Limitada de Capital Variable, no cuenta facultades para delegar el poder que le fue otorgado en terceras personas, por lo que no podía conceder facultades o mandatos procesales en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Sin embargo, tales planteamientos expuestos son infundados, pues la tercera interesada parte de una falsa premisa cuando considera que la delegación de poder y la autorización a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo son equivalentes, pues la distinción entre delegación y autorización radica en que el apoderado interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante; mientras que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito presentado ante el juzgador por la persona legitimada o por su representante legal. Esto es, el primero es un mandatario o representante, mientras que el segundo sólo tiene el carácter de autorizado o representante procesal que le permite llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 105/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 372, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO. El apoderado en los términos aludidos puede accionar el juicio de amparo y autorizar a un tercero para que continúe con los actos procesales inherentes en términos del numeral citado, lo que no implica que se le otorgue legitimidad procesal. Por su parte, al autorizado sólo se le permite realizar actos dentro del juicio en el cual fue designado, siempre que actúe en defensa de su autorizante. Así, la distinción entre delegación y autorización radica en que el apoderado interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito presentado ante el juzgador por la persona legitimada o por su representante legal. Esto es, el primero es un mandatario o representante, mientras que el segundo sólo tiene el carácter de autorizado o representante procesal que le permite llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado." Por tanto, al existir distinción entre delegar un poder respecto de la autorización prevista en el artículo 12 de la ley de la materia, es dable concluir que el apoderado general para pleitos y cobranzas que comparece en representación de la parte quejosa sí puede designar delegados en términos amplios del referido artículo; por tanto, los argumentos propuestos por la incidentista son infundados. Cabe precisar, además, que contrariamente a lo que afirma la tercera interesada, el autorizado en términos amplios de la quejosa no fue quien planteó la ampliación de demanda, sino que, con ese carácter sólo desahogó la prevención que recayó al escrito de ampliación, formulada en auto de tres de enero de dos mil veinte, lo cual sólo implicaba que exhibiera copias del escrito de ampliación para emplazar a las autoridades novedosas. En consecuencia, al tratarse de un incidente de previo y especial pronunciamiento y atendiendo a lo manifiesto de la ineficacia de los planteamientos propuestos, se resuelve procedente pero infundado de plano el incidente de falta de personalidad planteado. Además, esta juzgadora considera que, debido a los planteamientos formulados por la tercero interesada, no resulta necesaria una tramitación especial para resolver la incidencia planteada; ello con fundamento en el artículo 17 Constitucional y atendiendo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación - relacionada párrafos que anteceden- que permite resolver en este sentido. Finalmente, a fin de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México Laura Gutiérrez de Velasco Romo, quien actúa con la Secretaria Grisel Ariana de la Cruz Cano, que autoriza y da fe. Doy fe".
- Principal
* ...agréguese a los autos el oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa. Se apercibe. En consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, se difiere la celebración de la audiencia incidental para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo, lo que deberá hacerse del conocimiento oportuno de las partes.
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