Isaías Arcos Garcia
Expediente 297/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Isaías Arcos Garcia
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. ... En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. Archivo. ... archívese este expediente como concluido. Destino. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Instrucciones a la secretaria. ... Notifíquese. ....
- Principal
--el oficio del Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercero Distrito Judicial de Huatusco, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del diverso 4753/2023, con el que se le notificó la sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintitrés.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Isaías Arcos García, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 297/2023. Firma electrónica de promociones. Toda vez que la demanda de cuenta fue presentada físicamente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 253 y 263 fracción I, del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se ordena digitalizarla e incorporarla al expediente electrónico con firma electrónica del Secretario, así como las demás promociones y actuaciones que se presenten y generen de forma impresa. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263 fracción II, párrafo segundo, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes, para que cuando les sea posible, transiten a la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Acto reclamado. Expuesto lo anterior, del análisis de la demanda se advierte que Isaías Arcos García, reclama: *El acuerdo dictado por el Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés y los demás subsecuentes dentro del expediente civil 1400/2022/V1 del índice de registro de ese Tribunal, en donde se le acusó en rebeldía por no contestar en tiempo y forma la demanda entablada en su contra y lo tuvo por confeso. Expresiones las anteriores, que para este juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Desechamiento por ser acto procesal. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. En el caso, conviene señalar que de acuerdo con los preceptos 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal, 612 , fracción XXIII, 623 , y 1074 , fracción V, este último interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior, se tiene que la interpretación realizada por el Tribunal del país en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Así, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa; en cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Luego, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. Bajo tales premisas, es evidente que el proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés en donde la autoridad tuvo por confeso al quejoso, por no haber contestado en tiempo y forma la demanda entablada en su contra, dentro del expediente 1400/2022/V1 del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz; constituye una actuación de carácter procesal dentro del juicio civil, es decir, se trata de una violación a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia que en su momento resuelva el juicio civil, resulta favorable a sus intereses, ello toda vez que el juicio de origen aún no se encuentra concluido. En ese orden de ideas, es evidente que los actos reclamados, no implican una ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que México sea parte, sino que se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, que en todo caso, pudiera vulnerar los derechos formales o procesales de la parte quejosa, pues se trata de un acuerdo de trámite en el que se le acusó en rebeldía y se le tuvo por confeso de los hechos en el expediente 1400/2022-V1; el cual, no afecta de manera real, actual, ni directa, el ejercicio de alguno de las prerrogativas fundamentales, sino en todo caso, derechos de carácter formal o adjetivo. Por tanto, toda vez que con el acto reclamado la parte quejosa no queda en estado de indefensión al ser parte en el expediente civil de origen del que deriva el acto combatido, a juicio de quien resuelve, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses. Cabe destacar además, que en caso de que el acto aquí combatido, entrañe violaciones que trasciendan al sentido de la sentencia del referido juicio, podrá hacerlo valer como concepto de violación y reclamarse a través del amparo directo que en su caso, promueva la parte quejosa contra la sentencia que en su momento llegare a dictarse y que ponga fin a la controversia. Desechamiento por definitividad. Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que el juicio de amparo también resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII5 , de la Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Lo anterior es considerado en ese sentido, en razón de que el artículo 5066 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, establece que procede la revocación contra los autos que no causen un daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, por lo que en el caso, el acto reclamado consistente en el proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés en donde la autoridad tuvo por confeso al quejoso, por no haber contestado en tiempo y forma la demanda entablada en su contra, dentro del expediente 1400/2022/V1, es susceptible de ser combatido mediante el recurso de revocación, contemplado en el mencionado código, generando la improcedencia del juicio de garantías intentado contra dicho acto. Ello es así, en razón de que el juicio de amparo es improcedente cuando no se hacen valer previamente a su interposición los medios ordinarios de defensa que establezca la ley que rija el acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, que hace al juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, al ser procedente éste cuando se hayan agotado previamente los recursos o medios de defensa que la ley haya instituido para la impugnación del acto que, en su caso, el gobernado estime ilegal, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la jurisprudencia establezcan. Así, queda claro que el promovente inobservó el referido principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en razón de que la existencia del recurso de revocación de que se trata, deja plena certidumbre y convicción de la existencia de la causa de improcedencia que se invoca, y en tal virtud, debe desecharse la demanda respecto del acto analizado con antelación. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, así como la diversa contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la ley de la materia; con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto...
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