Isai Vera Salazar

Expediente 885/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
885/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Isai Vera Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el proveído por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20, fracción IV del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se DESECHÓ la demanda de amparo. Lo anterior, pues el presente asunto no es de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. En consecuencia, regístrese bajo el número 885/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento de la demanda. Previo a la admisión de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; ello, en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal ya que no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido conviene precisar que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, lo siguiente: El auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar ********************, por cuanto hace a que señaló el diez de octubre de la actual anualidad, para que tengan verificativo una audiencia de carácter familiar. En ese sentido, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Así, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios dentro del procedimiento que la ley establezca y que puedan conducir a la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es obligatorio para la parte quejosa acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En efecto, del citado numeral se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer previamente los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, esto es, que se observe el principio de definitividad, según el cual, para impugnar un acto de autoridad por vía de amparo, deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos por la ley que regula el acto reclamado, con las excepciones legalmente y jurisprudencialmente previstas. Ahora bien, dentro de ese contexto conviene recordar que el quejoso reclama el auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar ********************, por cuanto hace a que señaló el diez de octubre de la actual anualidad, para que tenga verificativo una audiencia de carácter familiar. Es de precisarse, que en el caso, no se reclama lo relativo a los alimentos a que tiene derecho el menor involucrado. En ese orden, es importante precisar el contenido de los artículos 80, 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que establecen: "Artículo 80.Las resoluciones judiciales son: I. Simples determinaciones de trámite y se llamarán decretos; II. Sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; III. Autos, las demás no comprendidas en las clasificaciones anteriores". "Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano." De la transcripción de los citados numerales, se establece que el acuerdo aquí reclamado, es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, en términos de los artículos antes mencionados, toda vez que el mismo se trata de una determinación de mero trámite, la cual por sus características se puede revocar por el mismo que lo dictó; así como que de haberse interpuesto, se sujetaría a las disposiciones relativas al recurso de revocación, en términos también del artículo 974 del Código Procesal citado, que dispone: "Artículo 974. Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo". Lo que en el caso cobra relevancia ya que el acto reclamado lo constituye la determinación de quince de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar ********************, por cuanto hace a que señaló hasta el diez de octubre de la actual anualidad, para que tenga verificativo una audiencia de carácter familiar. Por lo que si el asunto del que deriva el acto reclamado se tramita en la vía de controversias del orden familiar, resulta incuestionable que antes de la promoción del juicio de amparo, debió impugnar el acuerdo que en esta instancia constitucional reclama, a través del recurso ordinario, al resultar el quejoso parte en el procedimiento del que deriva dicho acto. Sin que en el caso, cobre actualidad la última parte del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, la facultad opcional que tienen los quejosos de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo cuando la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; puesto que, como se vio, el numeral 974 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, establece claramente que en los asuntos ventilados en la vía de controversias del orden familiar son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en ese código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo, y en el Título Décimo Segundo, Capítulo I, del citado ordenamiento legal en que se prevé la procedencia de los recursos de revocación y apelación. Aunado a lo anterior, este Juzgado estima que no se surte alguna otra excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Máxime que el recurso de revocación no está previsto en un reglamento sino en una ley formal y material. No es obstáculo que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, toda vez que esa manifestación por sí misma no hace procedente el juicio de amparo; pues de ser así, se dejaría al arbitrio del peticionario del amparo la tramitación de la instancia constitucional, sin agotar el medio ordinario de defensa, pues bastaría que únicamente refiriera en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para la viabilidad del juicio de amparo. Bajo esa premisa, aun cuando los argumentos expuestos por la parte justiciable enfaticen sobre violaciones a los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; empero, el propio contenido del acto combatido en esta instancia obligaría a examinar aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria de defensa, por lo cual esta circunstancia no puede considerarse como excepción al principio de definitividad, en el entendido de que el gobernado puede ser oído en esa vía, como pretende a través de este juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 175-180, Tercera Parte, página 119, Séptima Época, Materia Común, Registro digital 237480, de título y contenido siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Máxime que no se advierte que el señalamiento de la fecha para la celebración de una audiencia familiar para el diez de octubre próximo, se traduzca en un acto de imposible reparación que amerite de inmediato la intervención de este órgano jurisdiccional. Al respecto se considera aplicable la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTE EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS"; y en el caso, la dilación procesal a que alude la quejosa solo produce efectos procesales, sin afectar derechos sustantivos a los alimentos del menor de edad involucrado. De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre 2013, Tomo I, página 350, Décima Época, Materia Común, Registro digital 2005039, de título y contenido siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.". De ahí que al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, resulta notoria, manifiesta e indudablemente improcedente la instancia constitucional; y por lo tanto, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. Cabe destacar que el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en el proemio de su demanda y como autorizados para tal efecto a las personas que indica. Correo electrónico y número telefónico. En relación con el correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éstos para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.

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