Isai Velazquez Sanchez
Expediente 404/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Isai Velazquez Sanchez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 404/2022-IV. Puebla, Puebla, once de mayo de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en acápites posteriores el archivo del presente juicio. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. el presente expediente constituye un asunto concluido. , se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que el quejoso exhibió dos acuses que constituyen documentos originales (anexos a la demanda). Por tanto, se ponen a disposición del quejoso los mencionados documentos, y se instruye dejar una copia de los mismos en el expediente para debida constancia. Lo anterior, para que los recoja el quejoso o su autorizado, dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al cual surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, cualquiera deberá obtener una cita en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", Así podrá recoger el quejoso o su autorizado, los mencionados documentos, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma; de todo lo cual se dejará razón de recibo en autos para constancia. Se apercibe al quejoso, que de no comparecer en el plazo señalado, los referidos documentos que exhibió en este expediente serán destruidos. Ello, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Inexistencia de anexos. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 404/2022-IV. Puebla, Puebla, veinte de abril de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por el quejoso ..En el presente caso, se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende los actos siguientes: ".A).- SE RECLAMA A LA ORDENADORA LA DILACIÓN PARA SEÑALARME DÍA Y HORA . B).- DE LA AUTORIDAD EJECUTORA LA RECLAMO DAR CUMPLIMIENTO .". Tales actos derivan de un escrito presentado por el quejoso al juez responsable, el nueve de marzo de dos mil veintidós, según lo manifestó aquél en sus antecedentes, mediante el cual revocó el nombramiento de los defensores que lo asistían y designó a uno nuevo -el que nombró como autorizado en términos amplios, en la demanda de amparo-, para quien solicitó se señalara día y hora en la cual pudiera comparecer a aceptar ese cargo (el nuevo defensor). Petición que reiteró el quejoso en un segundo escrito con similar contenido, el cual manifestó en sus antecedentes haber presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós. De hecho, los referidos escritos fueron adjuntados a la demanda, al parecer en copia simple, razón por la cual no pueden detectarse con exactitud las fechas que obran en los sellos de acuse. Sin embargo, esta juzgadora considera que antes de ejercer la acción de tutela constitucional, el quejoso debe agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige los actos combatidos, ya que al no hacerlo así, se actualiza de momento la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". Esa causal de improcedencia se actualiza en el caso, porque el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece una ruta ordinaria de impugnación para cualquier omisión de trámite en que incurran los jueces de control, respecto de solicitudes presentadas por alguna de las partes, como sigue: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido". Del precepto legal transcrito se desprende que cualquier omisión procesal del juzgador de primera instancia, como la falta de acuerdo a una petición escrita de las partes, puede ser impugnada a través del recurso ordinario de queja. Además, el mencionado recurso está habilitado para todas las partes en el procedimiento, y se tramitará con el objeto de reparar la omisión de trámite en que haya incurrido el juez de control, sin perjuicio de las demás consecuencias legales que tenga esa omisión. Luego, es válido afirmar que el quejoso en su carácter de imputado, debe agotar el recurso ordinario de queja previsto en el artículo 135, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la falta de respuesta al escrito que presentó al juez responsable el nueve de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual revocó el nombramiento de los defensores que lo asistían y designó a uno nuevo, para quien solicitó se señalara día y hora en la cual pudiera comparecer a aceptar ese cargo (el nuevo defensor), Petición que reiteró el quejoso, en un segundo escrito con similar contenido, el cual manifestó en sus antecedentes haber presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Sobre todo porque el mencionado recurso de queja, está previsto para cualquiera de las partes, entre las cuales se ubica el quejoso por tener el carácter de imputado, y puede hacerlo valer contra el juez responsable porque no ha realizado un acto procesal, como el acuerdo de respuesta a los mencionados escritos. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, el quejoso estaba en condiciones de interponer el mencionado recurso de queja ante el juez de control que señaló como responsable, con el propósito de reparar la falta del acuerdo que responda las solicitudes de similar contenido, para revocar a los defensores que lo asistían y designar uno nuevo. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la mantera, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Ello, porque el quejoso decidió promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvo la posibilidad de interponer el recurso de queja contra el juez de control responsable, para que este dicte el acuerdo de respuesta a los mencionados escritos. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tiene a su alcance ese medio ordinario de impugnación, al grado de poder interponerlo a la presente fecha dado que no existe un plazo para ello, por tratarse de la omisión de un acuerdo de respuesta. Luego, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente : "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. " Sólo resta decir que la desatención del quejoso, a la impugnación ordinaria de los actos combatidos en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Máxime que resultan ajenas al caso, las hipótesis de gravedad previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque la falta del acuerdo de respuesta a los mencionados escritos, de ninguna forma encuadra en los actos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, entre otros de similar gravedad que prevé el artículo invocado. Por lo que se sostiene que aquél debe agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Ello de conformidad con la tesis : "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque los actos que pretende reclamar actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en el municipio de San Andrés Cholula). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre José Luis Mejía López que designó aquél, porque le otorgó facultades amplias y éste tiene registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
- Principal
SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS.- JUICIO DE AMPARO 404 2022 IV Puebla, Puebla, veinte de abril de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por el quejoso ..En el presente caso, se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende los actos siguientes: A).- SE RECLAMA A LA ORDENADORA LA DILACIÓN PARA SEÑALARME DÍA Y HORA . B).- DE LA AUTORIDAD EJECUTORA LA RECLAMO DAR CUMPLIMIENTO Tales actos derivan de un escrito presentado por el quejoso al juez responsable, el nueve de marzo de dos mil veintidós, según lo manifestó aquél en sus antecedentes, mediante el cual revocó el nombramiento de los defensores que lo asistían y designó a uno nuevo -el que nombró como autorizado en términos amplios, en la demanda de amparo-, para quien solicitó se señalara día y hora en la cual pudiera comparecer a aceptar ese cargo el nuevo defensor Petición que reiteró el quejoso en un segundo escrito con similar contenido, el cual manifestó en sus antecedentes haber presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós. De hecho, los referidos escritos fueron adjuntados a la demanda, al parecer en copia simple, razón por la cual no pueden detectarse con exactitud las fechas que obran en los sellos de acuse. Sin embargo, esta juzgadora considera que antes de ejercer la acción de tutela constitucional, el quejoso debe agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige los actos combatidos, ya que al no hacerlo así, se actualiza de momento la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Esa causal de improcedencia se actualiza en el caso, porque el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece una ruta ordinaria de impugnación para cualquier omisión de trámite en que incurran los jueces de control, respecto de solicitudes presentadas por alguna de las partes, como sigue: Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido. Del precepto legal transcrito se desprende que cualquier omisión procesal del juzgador de primera instancia, como la falta de acuerdo a una petición escrita de las partes, puede ser impugnada a través del recurso ordinario de queja. Además, el mencionado recurso está habilitado para todas las partes en el procedimiento, y se tramitará con el objeto de reparar la omisión de trámite en que haya incurrido el juez de control, sin perjuicio de las demás consecuencias legales que tenga esa omisión. Luego, es válido afirmar que el quejoso en su carácter de imputado, debe agotar el recurso ordinario de queja previsto en el artículo 135, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la falta de respuesta al escrito que presentó al juez responsable el nueve de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual revocó el nombramiento de los defensores que lo asistían y designó a uno nuevo, para quien solicitó se señalara día y hora en la cual pudiera comparecer a aceptar ese cargo (el nuevo defensor), Petición que reiteró el quejoso, en un segundo escrito con similar contenido, el cual manifestó en sus antecedentes haber presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Sobre todo porque el mencionado recurso de queja, está previsto para cualquiera de las partes, entre las cuales se ubica el quejoso por tener el carácter de imputado, y puede hacerlo valer contra el juez responsable porque no ha realizado un acto procesal, como el acuerdo de respuesta a los mencionados escritos. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, el quejoso estaba en condiciones de interponer el mencionado recurso de queja ante el juez de control que señaló como responsable, con el propósito de reparar la falta del acuerdo que responda las solicitudes de similar contenido, para revocar a los defensores que lo asistían y designar uno nuevo. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la mantera, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Ello, porque el quejoso decidió promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvo la posibilidad de interponer el recurso de queja contra el juez de control responsable, para que este dicte el acuerdo de respuesta a los mencionados escritos. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tiene a su alcance ese medio ordinario de impugnación, al grado de poder interponerlo a la presente fecha dado que no existe un plazo para ello, por tratarse de la omisión de un acuerdo de respuesta. Luego, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente : AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Sólo resta decir que la desatención del quejoso, a la impugnación ordinaria de los actos combatidos en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Máxime que resultan ajenas al caso, las hipótesis de gravedad previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque la falta del acuerdo de respuesta a los mencionados escritos, de ninguna forma encuadra en los actos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, entre otros de similar gravedad que prevé el artículo invocado. Por lo que se sostiene que aquél debe agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Ello de conformidad con la tesis : "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque los actos que pretende reclamar actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el inmueble que señaló para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en el municipio de San Andrés Cholula). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre José Luis Mejía López que designó aquél, porque le otorgó facultades amplias y éste tiene registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
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