Isai Salgado Cerezo y Otros.

Expediente 1120/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1120/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
22/08/2016

Partes del expediente

  • Isai Salgado Cerezo y Otros.
  • Isai Salgado Cerezo

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que los quejosos dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la determinación dictada el dos de agosto de dos mil dieciséis, por la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con el Secretario, Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de agosto de dos mil dieciséis. Visto el contenido de la constancia de notificación personal practicada al quejoso Isaí Salgado Cerezo, el treinta y uno de julio del año en curso, de la que se advierte que éste manifestó lo siguiente: "Me desisto del presente juicio, señalo la listas y autorizo a Luis Salgado Román (sic)". Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega la constancia de notificación personal de cuenta para los efectos legales procedentes. Ahora, el estado procesal del presente asunto, evidencia que mediante proveído de veintiocho de julio pasado (foja15), se reservó el acuerdo en relación al desistimiento manifestado por el diverso quejoso Eleazar Aragón Allende. En esa tesitura, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Articulo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio (.)." Lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo promovido por Isaí Salgado Cerezo y Eleazar Aragón Allende, por propio derecho, contra actos del Secretario de Gobernación y otras autoridades. Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia II.2o.P. J/23, publicada en la página 991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2006, Tomo XXIV, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." Lo anterior es así, pues la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada; sin embargo, con la sola manifestación de desistirse, válidamente el promovente puede renunciar al trámite correspondiente, ya que el desistimiento de la demanda constituye la renuncia a que el órgano jurisdiccional ejerza su actividad. Sin que sea obstáculo para dictar la presente determinación el hecho de que el presente juicio aún no se haya admitido, pues el procedimiento del juicio de amparo se inicia con la presentación de la demanda, por lo que la parte quejosa puede desistirse de éste hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia dictada en el mismo. Para sustentar lo anterior se invoca la jurisprudencia publicada con el número 25 visible en la página 33 de la Actualización 2001, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Tomo VI, Materia Común, que establece: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Y la jurisprudencia 2a./J. 4/90 visible en la página 125 del Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Materia Común, del Tomo VI, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INICIA. El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda." Por otro lado, se tiene por autorizada a la persona indicada por el quejoso, y en términos de lo previsto en el ordinal 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las subsecuentes notificaciones, aún las personales, por medio de lista que se publique en este juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Visto el contenido de la constancia de notificación personal practicada a ******************** representante común de la parte quejosa, el veintisiete de julio del año en curso, de la que se advierte que éste manifestó lo siguiente: "Me desisto del presente juicio, señalo la listas a Lic. (sic) José Manriquez Robles". Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos las diligencias de cuenta para que surtan los efectos legales procedentes y resérvese proveer lo procedente en relación al desistimiento, hasta en tanto fenezca el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiséis de julio pasado (fojas 09 a 13). En relación a lo manifestado en el sentido de señalar domicilio y autorizado, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista que se fije en este juzgado. Al respecto resulta ilustrativa, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción registrada con la clave 1a./J. 20/2008, visible en la página 238, Abril de 2008, Tomo XXVII, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Se tiene por autorizado para oír y recibir notificaciones a ********************. Ahora, en consideración a lo acordado en párrafos precedentes, notifíquese la presente determinación al quejoso ******************** para los efectos legales procedentes Notifíquese y personalmente al quejoso ********************, en el lugar en que se encuentra recluído Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Isaí Salgado Cerezo y Eleazar Aragón Allende, contra actos del Secretario de Gobernación y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1120/2016-IV. Ahora, para un juez de Distrito existe la obligación de analizar en su integridad la demanda de amparo, pues de la lectura de ésta se pueden advertir los actos reclamados por el promovente. Asimismo, es pertinente precisar que los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Lo transcrito evidencia que el precepto 114 de la Ley de Amparo, no limita las facultades del juzgado federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte que lo hace, como lo confirma la fracción I del primer artículo aquí citado. En otras palabras, la facultad de requerir aclaración de demanda no se constriñe a la carencia en tal libelo, de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, ni a los que de manera ejemplificativa pero, desde luego, no limitativa, se exponen en las fracciones II a V del precepto 114 de la Ley de Amparo. En torno a tal requerimiento aclaratorio, el penúltimo párrafo del artículo 114 referido dispone, que si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, ésta se tendrá por no presentada. Por ende, una vez analizada la demanda de amparo, con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se requiere a los promoventes Isaí Salgado Cerezo y Eleazar Aragón Allende, por el plazo de cinco días legalmente computados, para que por escrito, "bajo protesta de decir verdad", con ocho copias de su escrito de cumplimiento de ser posible y entendido de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 237, 238 y 261 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República." "Artículo 238. Las multas previstas en esta Ley se impondrán en razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según sea el caso, de manera conjunta o distinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día." "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Realicen lo siguiente: PRIMERO. Cada uno, deberá formular "bajo protesta de decir verdad" una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que les constan y constituyen los antecedentes del acto reclamado y sirven de fundamento a los conceptos de violación. En el entendido que el requerimiento formulado en párrafos precedentes, se vierte de manera enunciativa, más no limitativa, por ende, los impetrantes del amparo tendrán que hacer referencia a cualquier dato que pudiera resultar trascendente para el conocimiento claro y preciso del acto reclamado, porque al promover en la vía indirecta es evidente que el juzgado de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido. Los agraviados deberán precisar de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente: Si en una temporalidad de seis meses a la fecha han promovido diversos juicios de amparo contra el acto reclamado en la demanda que se provee; en este aspecto tendrán que informar el número de expedientes, ante qué juzgado de Distrito se tramitaron y el estado procesal de los mismos. Sobre el particular se invoca, la tesis número I.7o.A.100 K, publicada en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, con número de registro 175345, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Al respecto, se estima pertinente hacer hincapié en el hecho de que dada la naturaleza de lo requerido, se traduce en hacer suyos hechos que les constan y que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda, circunstancia que los obliga a narrar cada uno los antecedentes del acto reclamado, por tratarse de hechos propios. Al caso se aplica la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 88/2006, publicada en la página 348, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2006, Tomo XXIV, Materia Común, Novena Época, con número de registro 174745, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". SEGUNDO. Ahora, toda vez que los quejosos el capítulo de antecedentes señalan lo siguiente: ". que los que mandan aquí son los oficiales y desde ese día emos (sic) solicitado nuestras televisiones verbalmente y recibimos puras negativas del area (sic) de seguridad y desconocemos el motivo o razón." Deberán indicar si las respuestas dadas a sus peticiones han sido de manera verbal y/o también escritas; y de ser de manera escrita deberán señalar si contra esas resoluciones interpusieron algún medio de defensa diverso al juicio de amparo que se tramita. TERCERO. Por otro lado en el capítulo de antecedentes del acto reclamado se menciona a Sergio Jonathan Medrano López como parte de los antecedentes del mismo. Por tanto, existe duda para este órgano jurisdiccional si en el caso el ocurso constitucional también pretendió ser promovido en favor de la persona mencionada, pues como se indicó se refiere en los antecedentes del acto controvertido. En consecuencia requiérase a los promoventes para que indiquen si esta demanda constitucional la instauran también a favor de Sergio Jonathan Medrano López. CUARTO. Manifiesten si la autoridad denominada "Comité Técnico y Seguridad y Custodia", es diversa a las indicadas en el capítulo correspondiente, o bien la denominan de manera global; si es diversa, indicaran si es su deseo señalarla como responsable y precisar de forma concreta y específica el o los actos reclamados a ella. Sobre lo expuesto, resulta aplicable la tesis publicada en la página 186, del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 1993, Tomo XII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACION DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo". En consecuencia, se apercibe a los promoventes que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en el presente proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Eleazar Aragón Allende. De conformidad con lo previsto en el ordinal 26, fracción l, inciso a), de la Ley de Amparo vigente las notificaciones, aún las de carácter personal, practíquense a los agraviados en el lugar en donde se encuentran recluidos, por conducto de su representante común. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las subsecuentes notificaciones relacionadas con este juicio de garantías. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Notifíquese y personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión por conducto de su representante común. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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