Isaí Manuel Aguilar
Expediente 543/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 543/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Isaí Manuel Aguilar
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, dos de julio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos y atento a la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de diez de junio de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad.
- Principal
Puebla, Puebla, diez de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Agréguese el oficio 1873/202 signado por el SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, mediante el cual remite el escrito de demanda signado electrónicamente por ERWIN HUERTA RODRÍGUEZ en su carácter de defensor particular de ISAÍ MANUEL AGUILAR, y JOSÉ MARÍA DE LA ROSA MANUEL, acúsese recibo de estilo correspondiente. En atención a lo anterior y atento al contenido de la demanda de amparo promovida por ERWIN HUERTA RODRÍGUEZ en su carácter de defensor particular de ISAÍ MANUEL AGUILAR, y JOSÉ MARÍA DE LA ROSA MANUEL, contra los actos del JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL, CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 543/2021. DESECHADA Ahora bien, antes de admitir la demanda de amparo debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, se aprecia que el promovente de amparo, reclama del Juez de Control la determinación dictada en audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno en la causa penal 59/2019, por la cual la responsable ordenó oficiosamente la regularización del procedimiento a efecto de dar vista al superior jerárquico de la fiscalía para que presente acusación en contra de los aquí quejosos, asimismo, declaró infundado el planteamiento de sobreseimiento formulado por la defensa y, desechó el recurso de revocación interpuesto en contra de su determinación que declaró infundada la petición de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y". Tales preceptos limitan la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, pues para ejercer de la acción de amparo en su contra resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Además, la Ley de Amparo establece como requisito para su procedencia, que la afectación sea definitiva, pues de otra forma se desnaturalizaría el carácter extraordinario del juicio de amparo, pues así se advierte al exigir que antes de acudir al mismo, se deben agotar los medios de impugnación ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. En la especie, la resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, que ordena la regularización del procedimiento a efecto de dar vista al superior jerárquico de la fiscalía para que presente acusación, no afecta derecho sustantivo en perjuicio de la parte quejosa, pues la Jueza únicamente cumple la obligación procesal que le impone el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que esa determinación en sí misma genere afectación a la parte quejosa. En otras palabras, no puede sostenerse jurídicamente que la orden de regularizar el procedimiento genere afectación directa e inmediata en la esfera jurídica de los quejosos, en tanto que, en su caso será hasta que el superior jerárquico presente dicho escrito de acusación, aspecto que es un acto futuro e incierto; de ahí que la simple comunicación del Juez al superior jerárquico del Ministerio Público, en el sentido de que no se ha presentado acusación, no incide en la esfera jurídica de los quejosos que amerite ser protegida en esta vía. En ese mismo orden de ideas, es dable establecer que la determinación que declaró infundado el sobreseimiento formulado por la defensa, tampoco le irroga perjuicio que sea definitivo, pues esa afectación está condicionada a que en efecto se presente la acusación; pues en el evento de que la persona facultada para ello, no desahogue la vista otorgada por la jueza y por ende, omita presentar acusación en contra de los quejosos, ello implicará que se decrete incluso de oficio el sobreseimiento de la causa. Por tanto, al no ser definitiva la afectación de la que se duelen los quejosos, es improcedente su reclamo, dado la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, pues se insiste este procede siempre y cuando no existan otras vías o medios a través de cuales se pueda obtener la modificación o revocación del acto reclamado, lo que en el caso concreto sucedería si no se presenta acusación en contra de los quejosos, y la afectación quedaría sin efectos. Improcedencia que se hace extensiva respecto al desechamiento del recurso de revocación interpuesto en contra de su determinación que declaró infundada la petición de sobreseimiento. No sobra decir que, de admitirse el presente juicio se podría llegar al extremo de anular la determinación de la jueza responsable de regularizar el procedimiento, lo que podría impedir que se decrete el sobreseimiento en favor de los quejosos, en el evento de que la autoridad facultada para ello no presente la acusación. Es decir, según lo relata la parte quejosa, la jueza responsable consideró que la acusación presentada carecía de elementos que impedían considerar que esta se había formulado, y por tanto, siguió el procedimiento que prevé el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, dio vista a la autoridad facultada para ello, para que presente una acusación; por lo que si en amparo se anulara esa determinación, se generaría un efecto contrario a los intereses de la parte quejosa, puesto que podría suceder que con esa vista ordenada, el órgano correspondiente determine no acusar, lo que derivaría en el sobreseimiento de la causa en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimiento Penal. Sin que sea obstáculo para la anterior que los quejosos se encuentren privados de su libertad personal; pues ello deriva de la medida cautelar que les fue impuesta, además, la prolongación de esa media en su caso debe ser tomada en cuenta para que no exceda del plazo de dos años su prisión preventiva, de ahí que, será en el proceso donde se remedie la prolongación de su prisión preventiva, incluso de admitir el presente juicio podría generar un efecto adverso al deseado, pues podría ser que la duración del mismo agote el término que concedió la responsable al Ministerio Público para que formule su acusación. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), Constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tienen como autorizados de la parte quejosa en los términos que indica a los profesionistas que cita. Así mismo, toda vez que los quejosos directos se encuentra privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Puebla; a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo, se ordena pasar los autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado a fin de notificarle de manera personal el presente proveído y los subsecuentes corriéndole traslado con copia autorizada de los acuerdos que se generen y con las promociones que los originaron, con excepción de aquéllas presentadas por el propio quejoso. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Como lo solicita la parte quejosa se autoriza la consulta del expediente electrónico y atento a que no se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal; empero, toda vez que cuenta con usuario para acceder al expediente electrónico, se ordena notificarle personalmente de forma electrónica aquellos proveídos que se ordenen notificar personalmente a través del usuario "Hurepe"; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento de los usuarios proporcionados proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o por correo certificado, según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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