Isai Emmanuel Geróninmo Hernández
Expediente 479/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Isai Emmanuel Geróninmo Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 3693, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite la ejecutoria pronunciada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 17/2023 de su índice, en el que resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Si existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara que la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo formulada por****.". Acúsese recibo y háganse las anotaciones en el libro que corresponda. Ahora bien, tomando en consideración que el cuaderno juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente auto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 3190/2023, signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal dela Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 9583/2023, a través del cual se remitió el original del juicio de amparo, en virtud del conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional; además se informa la admisión de dicho conflicto y se registró con el número 17/2023; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 7086/2023, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, con residencia en Uruapan, mediante el cual devuelve el juicio de amparo número 479/2023, en atención a que no aceptó la competencia declinada en su favor por este órgano jurisdiccional, respecto de la demanda de amparo promovida por *************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con sede en Sahuayo, Michoacán, y otras autoridades, por las razones que indica. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgador insiste en declinar la competencia, sosteniendo desde luego los argumentos y consideraciones que motivaron el auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, que se dictó al respecto; dado que los actos reclamados tienen ejecución en la comunidad de Sicuicho, municipio de Los Reyes, Michoacán, por ser este el lugar donde el quejoso tiene su domicilio particular, con independencia de que haya autoridades ejecutoras con jurisdicción en esta ciudad, o bien, en todo el Estado. En tal virtud, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo en su primer párrafo señala que: ". Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado...". Así, las reglas que fijan la competencia por territorio en materia de amparo, obedecen a la naturaleza del acto, es decir, debe determinarse si el acto reclamado posee ejecución material, o bien, si se trata de actos de naturaleza meramente declarativa. En el caso concreto, los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: ". IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A) LA ORDEN DE APREHENSIÓN GIRADA EN MI CONTRA, por la probable privación de la libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas, lesionad los derechos fundamentales del suscrito consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diferentes Ordenamientos Jurídicos Internacionales que se señalarán más adelante.". En atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260.". Luego, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues atendiendo a las reglas previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, puesto que si bien el quejoso señaló como autoridades ejecutoras al Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y sus Directores de la Policía de Investigación y Directora de Mandamientos Judiciales, con sede en esta ciudad, ello no es suficiente para considerar la competencia a favor de este órgano jurisdiccional, dado que aun cuando en su caso se hayan ordenado en esta localidad, lo cierto es que como ya se dijo, el acto reclamado se prendió ejecutar en la comunidad de Sicuicho, municipio de Los Reyes, Michoacán, lugar en donde bajo protesta de decir verdad del quejoso, es su lugar de residencia y se pretende ejecutar la orden privativa de libertad. Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede Uruapan, pues si bien en principio el ámbito competencial de las autoridades señaladas como responsables corresponde a la jurisdicción de este juzgado, no sería suficiente para considerar la competencia a favor de este órgano jurisdiccional, dado que los actos reclamados tuvieron o tendrán ejecución (materialización) en Sicuicho, municipio de Los Reyes, Michoacán, por ser ese el lugar donde tiene su domicilio particular el aquí quejoso, por lo que existe la presunción de que en dicho lugar sea aprehendido, por algún delito que haya cometido, con la finalidad de privarlo de su libertad. Tiene apoyo lo anterior, por analogía y por las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 16/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias Penal y Común, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 154, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE DETERMINA IMPROCEDENTE UNA SOLICITUD DE INDULTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juzgado de Distrito es competente para conocer del amparo indirecto promovido contra el oficio dictado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el que se determinó improcedente el indulto solicitado por una persona recluida en un Centro de Readaptación Social, ya que para uno el competente es el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad responsable, mientras que para el otro lo es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ubique el Centro de Readaptación Social. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro penitenciario en el que se encuentra recluido el quejoso es el legalmente competente para conocer del amparo indirecto contra el oficio emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal por el que determinó improcedente el indulto, ya que el acto reclamado tiene una ejecución material al incidir en la permanencia del quejoso en el centro de readaptación en el que compurga la pena. Justificación: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas distintas de tracto sucesivo para determinar la competencia en amparo indirecto atendiendo a si el acto reclamado tiene ejecución unívoca, plural o carece de ejecución material. Ahora bien, en el caso es aplicable la primera regla, a saber, la relativa a que es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Lo anterior es así, porque esta Primera Sala ha sostenido que los actos que determinen la permanencia de la persona en su lugar de reclusión generan una consecuencia material, es decir, una ejecución material. Ante ello, si una persona presentó una solicitud de indulto cuya concesión favorable implicaría, inter alia, la cesación de la privación de la libertad personal ante la extinción de la pena, la resolución que la determina improcedente tiene por consecuencia que permanezca en su situación actual y, por ello, tiene una ejecución material. Dicha ejecución material ocurrirá en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, porque allí se seguirá ejecutando la pena cuya extinción se solicitó. Asimismo, tiene apoyo por identidad jurídica sustancial la Jurisprudencia Tesis: I.1o.P. J/6 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común y Penal, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 764, que señala: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio. La tesis, visible en la página 73, Tomo 217-228, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". Así también, por las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), de la aludida Primera Sala, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." De igual manera, la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." No pasa por alto para el suscrito las manifestaciones que realiza el juzgado declinante, en el sentido de la inaplicación de la jurisprudencia 1a./J. 52/2013; sin embargo, se considera aplicable tal criterio por las razones que contiene, a pesar de que en el presente asunto haya sido innecesario requerir a la parte promovente para que señala autoridades ejecutoras con residencia en el Distrito en que ejercen competencia los Juzgados de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, toda vez que desde su escrito inicial así lo realizó. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto las resoluciones recaídas a los conflictos competenciales 1/2022 y 15/2022 de la estadística del Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, que invoca el juzgado oficiante. En ese contexto, se considera que no se surte la competencia, de este órgano jurisdiccional para resolver el presente asunto, por consiguiente, en todo caso quien debe conocer del mismo es el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, quien ejerce jurisdicción en Sicuicho, Municipio de Los Reyes, Michoacán, según lo establece el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados Distrito, publicado en el Diario Oficial el quince de febrero de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su aprobación. Es así, porque como se dijo, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y tratándose de actos que tienen ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos, esto fue, en Sicuicho, municipio de Los Reyes, Michoacán. En consecuencia, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 38, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse las presentes actuaciones al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para que a bien tenga resolver, sobre el conflicto competencial planteado; asimismo, comuníquese esta determinación al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 14343, remitido vía interconexión por la Juez y Secretario adscritos al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua con sede en Ciudad Juárez, mediante el cual devuelve sin diligenciar, por las razones ahí expuestas, el exhorto 339/2020 (170/2020) del índice de éste juzgado; esto es que se realizó la búsqueda del quejoso directo..., en la jurisdicción de dicho juzgado federal, sin obtener resultados positivos, e instruyó al analista del (SISE) Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a habilitar la consulta electrónica del expediente, sin que resulte necesario acusar de recibo dado que el propio sistema lo genera, como lo manifiesta la autoridad exhortada, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.
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