Isai Anota Nava

Expediente 942/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
942/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
17/03/2017

Partes del expediente

  • Juzgado de Control Y Enjuiciamiento Penal En el Estado de Guerrero, Con Residencia En Ometepec
  • Isai Anota Nava

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, de autos se aprecia que el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, adjuntó como sustento a su informe justificado dos discos compactos de audio y video, así como copia certificada relativas de la carpeta judicial C-24/2016, esta última que constituye el tomo de pruebas I, del que derivan los actos reclamados; por tanto, debido a que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado las referidas constancias, y en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 942/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Isaí Anota Nava, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, con jurisdicción en y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano. ACTOS RECLAMADOS "A) La resolución verbal en la carpeta judicial número 24/2016, que decreta la detención legal en audio y video, el juez de control y enjuiciamiento penal del estado de Guerrero con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano con residencia oficial en Ometepec, Guerrero (.) B) (.) al momento de dictar resolución verbal en la carpeta judicial 24/2016 en donde fijó una garantía económica no apta para sus capacidades (.)" SEGUNDO. Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 942/2016; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y por diverso de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó notificar a los terceros interesados Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación número Uno del Distrito Judicial de Allende, Cornelio Tapia Morales y Felícita Sabino Bonifacio. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos emitidos dentro de una carpeta judicial por una autoridad jurisdiccional con residencia dentro del ámbito competencial de este Juzgado Federal, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa reclama del Juez responsable las resoluciones de diez de septiembre de dos mil dieciséis, emitidas en audiencia pública inicial de esa fecha dentro de la carpeta judicial número C-24/2016, seguida en contra del aquí quejoso, por el delito de homicidio culposo, en agravio de Pedro Tapia Sabino, mediante las cuales calificó de legal su detención, y le impuso como medidas cautelares entre otras una garantía económica por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional). TERCERO. El Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, con jurisdicción en y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano, al rendir su informe justificado, aceptó los actos reclamados; lo que además se corrobora con las videograbaciones y la copia certificada de la carpeta judicial C-24/2015 remitida por dicho funcionario como apoyo a dicho informe, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la citada legislación adjetiva. CUARTO. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 63, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la siguiente tesis de jurisprudencia número 2a./J. 59/99, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Conforme a lo anterior, es evidente que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del mismo, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de que se trata se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no existe motivo para la promoción o resolución de fondo del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En atención a lo anterior, es inconcuso que tal circunstancia acontece en el asunto particular, en virtud de que si bien es cierto que existe el acto reclamado, consistente en las resoluciones de diez de septiembre de dos mil dieciséis, emitidas en audiencia pública inicial de esa fecha dentro de la carpeta judicial número C-24/2016, seguida en contra del aquí quejoso, por el delito de homicidio culposo, en agravio de Pedro Tapia Sabino, mediante las cuales calificó de legal su detención, y le impuso como medidas cautelares entre otras una garantía económica por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), de autos se desprende que en la citada carpeta judicial de donde deriva la misma, se declaró la extinción de la acción penal y, como consecuencia, el sobreseimiento de la citada causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, se cuenta con las comunicaciones oficiales del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distrito Judiciales de Abasolo, Allende y Altamirano, registrados en la libreta de correspondencia con los número 3637 y 3670, a través de los cuales en la primera remitió copia certificada de la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, de la cual se aprecia que con motivo del acuerdo reparatorio celebrado entre las víctimas y el imputado, consistente en el pago de la reparación del daño, una vez que fueron cuestionados los ofendidos quienes manifestaron que se daban por satisfechos y de acuerdo con lo que señala el artículo 189 último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declaró extinguida la acción penal y, como consecuencia, el sobreseimiento de la citada carpeta judicial en favor del aquí quejoso, por el hecho delictuoso de homicidio culposo, en agravio de Pedro Tapia Sabino; prueba documental que este órgano de control constitucional toma en consideración para resolver el sentido de este asunto, no obstante que se exhibió con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, con apoyo en la jurisprudencia número 25/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1279, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Por consiguiente, es evidente que al decretarse el sobreseimiento en la carpeta judicial de origen, con efectos de cosa juzgada, los actos reclamados consistentes en las resoluciones de diez de septiembre de dos mil dieciséis, en las cuales se calificó de legal la detención del aquí quejoso, y se le impuso como medidas cautelares entre otras una garantía económica por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), quedaron sin efectos, pues con dicha determinación se resolvió en definitiva el asunto, sin entrar al fondo y conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad de analizarlo. En ese tenor, se insiste que las determinaciones diez de septiembre de dos mil dieciséis aquí reclamadas quedaron insubsistentes con la diversa de diez de febrero de dos mil diecisiete, por lo cual, es evidente que volvieron las cosas a una situación similar a la que guardaban antes de la emisión del acto reclamado, restituyéndose así al quejoso en el goce del derecho humano que estimaba violado y afectaba su esfera jurídica, en virtud de que, el resultado del sobreseimiento fue la libertad absoluta del justiciable, así como la cancelación de la referida garantía económica, a cuya devolución tiene derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden de ideas, se debe decir que el promovente, no puede obtener mayor beneficio en una sentencia de amparo, que los referidos efectos de la resolución decretada por la autoridad natural en la aludida carpeta judicial. Por ende, al actualizarse plenamente la causa de improcedencia en invocada por este Juzgado Federal, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en las resoluciones de diez de septiembre de dos mil dieciséis, emitidas en la audiencia pública inicial de esa fecha dentro de la carpeta judicial número C-24/2016, seguida en contra del aquí quejoso, lo que procede, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es decretar el sobreseimiento del juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis de jurisprudencia invocada en este asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : UNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 942/2016, promovido por Isaí Anota Nava, por el acto precisado en el considerando segundo, con motivo de lo expuesto en el último considerativo. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA Y TERCEROS INTERESADOS CORNELIO TAPIA MORALES y FELICITA SABINO BONIFACIO, MEDIANTE LISTA, DE LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: "... VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 942/2016. R E S U L T A N D O... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : UNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 942/2016, promovido por Isaí Anota Nava, por el acto precisado en el considerando segundo, con motivo de lo expuesto en el último considerativo.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 942/2016 y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra pendiente de resolver en el principal por haberse celebrado la audiencia constitucional el veintisiete de enero del año en curso; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes a fin de proveer lo correspondiente, mismo que en su oportunidad deberá integrarse al citado expediente. Ahora bien, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez de Control, de Enjuiciamiento y de Ejecución Penal del Estado con sede en Ometepec, Guerrero, y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, mediante el cual informa que en audiencia de etapa intermedia de veintisiete de enero anterior, se celebró un acuerdo reparatorio entre los ofendidos y el inculpado, de conformidad con el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se estableció como fecha para el cumplimiento de las obligaciones, el diez de febrero actual, dentro de la carpeta judicial C-24/2016, lo cual significa que ello ya se llevó a cabo, circunstancia que traería como consecuencia una posible causal de improcedencia del presente juicio de amparo. Por consiguiente, con apoyo en los artículos 64 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase mediante oficio telegráfico al aludido Juez responsable para que en el término de tres días a que se refiere el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, siguientes al en que le surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada legible de los acuerdos mencionados con antelación, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Apercíbasele que de no cumplir en tiempo con el requerimiento formulado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida vigente en el país, conforme a lo dispuesto por el artículo 259, en relación con la fracción I, de los diversos 236 y 237, de la ley de la materia. Notifíquese.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano