Isac Vázquez Hernández
Expediente 830/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2021
Partes del expediente
- Isac Vázquez Hernández
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 29384/2021 de tres de septiembre de dos mil veintiuno, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la representación presidencial del mismo le corresponde a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. Al efecto, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, a fin de evitar dilaciones innecesarias, reenvíese el citado oficio, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Subdirector de Cumplimiento de Ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento al proveído de treinta de septiembre de este año, refiere que remitió e hizo del conocimiento a la Dirección Jurídica Contenciosa de dicha Secretaria, la existencia de diversas irregularidades advertidas en el desarrollo del procedimiento de enajenación del predio denominado "El Potrillo", ubicado en el Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, para que dentro del ámbito de sus atribuciones y facultades, se ejerzan las acciones que correspondan, asimismo refiere que la referida Dirección General elaboro un acuerdo de nulidad de procedimiento mismo que fue sometido a consideración de las autoridades respectivas, el cual a la fecha no han devuelto. Asimismo, refiere que debido al riesgo de contagio provocado por el virus conocido como COVID-19, no se encuentran asistiendo a laborar con normalidad, mismo que ha incidido en todos los procedimientos administrativos se vean retrasados, no obstante, se encuentra realizando las gestiones necesarias a fin de dar continuidad a dichos procedimientos. Al efecto, se tienen por realizadas las manifestaciones de la autoridad responsable, por tanto, téngasele en vías de cumplimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de diez días hábiles, Informe el seguimiento dado respecto al acuerdo de nulidad de procedimiento elaborado por la referida Dirección General, asimismo, los los avances de las actuaciones a realizar emitidas el nueve de septiembre de este año, por la Dirección General de Legislación Consulta y Pago de Predios, a dicha dirección, respecto del proyecto con el que se resuelve si es o no procedente la titulación del predio denominado del predio predio denominado "El Potrillo", ubicado en el Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se hará acreedora a una multa...
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el ocurso de cuenta suscrito por el quejoso José de Jesús Emilio Domínguez Vaca y/o José de Jesús Domínguez Vaca, por medio del cual ofrece como medio de prueba la pericial de interpretación médica, a cargo del galeno Jonathan Cruz Ramón, médico con especialidad en cirugía pediátrica. Al respecto, se considera pertinente desechar tal medio probatorio. Para arribar a la anterior determinación, es conveniente tener en cuenta lo que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo: Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia. Lo resaltado es propio. Del análisis armónico de esos preceptos, se concluye que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional; entre las pruebas admisibles están la testimonial, pericial e inspección. Asimismo, que las pruebas que ameriten un desahogo posterior, como la pericial, deben ofrecerse, por regla general, cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para el desahogo de la audiencia; en el entendido que la fecha de la audiencia deberá ser la primera que la autoridad de amparo haya fijado, pues el plazo de cinco días no se amplía con motivo de diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En el caso, con la pericial de interpretación médica, a cargo del galeno Jonathan Cruz Ramón, el quejoso pretende probar hechos relacionados con el tratamiento y expediente médico del menor A.A.L.P. Sin embargo, esos hechos ya los conocía desde que presentó la demanda de amparo, pues precisamente los narra en su demanda. De lo que resulta inconcuso, que si las pruebas no se propusieron con la anticipación debida, fenece su derecho procesal y en consecuencia, no puede hacerlo valer con posterioridad a la nueva fecha que se fijó para la celebración de la audiencia con motivo de su diferimiento. Razón por la cual, la prueba pericial ofrecida resulta ser extemporánea, dado que no se ofreció con la anticipación que establece el artículo 119, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, cinco días hábiles antes de la primera fecha señalada para la audiencia constitucional (diez horas con cincuenta y cinco minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno). Por lo expuesto, se desecha la prueba pericial de interpretación médica, ofrecida por el quejoso. Aunado a lo anterior, conforme al principio de limitación de pruebas inmerso en el artículo 75, párrafo primero de la Ley de Amparo, el acto debe ser analizado, tal como aparece probado ante la responsable, sin admitir ni tomar en consideración pruebas que no se hayan rendido ante ella para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; razón por la cual, este Juzgado Federal no puede admitir su desahogo para ser tomada en consideración al momento de dictar la sentencia respectiva y decidir acerca de la constitucionalidad o no del acto reclamado.
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