Isabelina Polanco De Rivas

Expediente 1030/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1030/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2018

Partes del expediente

  • Isabelina Polanco De Rivas

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como legalmente corresponda, el oficio 2737 suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual acusa recibo del toca original número 1164/2017 de su índice, que en apoyo a su informe justificado remitió la autoridad en cita y que le fue enviado por este Juzgado Federal mediante oficio 3534-I. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquel proveído ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el acuerdo citado se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y no obran agregados documentos originales, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentado la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvase al Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el toca original 1164/2017 de su mismo índice que remitió con su informe justificado, solicitándole acuse recibo del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada Bereniz Cortés Sandoval.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio número 6238 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito y el expediente del amparo directo 513/2018, mediante el cual comunica que causó estado el acuerdo por el que dicho tribunal declaró que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Silvia Margarita Ruiz Euán, quien se ostenta apoderada de Isabelina Polanco de Rivas o Isabelina Polanco García, en contra de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por lo que con ello remitió constante de un tomo el toca original 1164/2017. Acúsese recibo. En razón de lo que acordó la Superioridad, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo, téngase por reconocida la personalidad con que se ostenta a la nombrada Silvia Margarita Ruiz Euán, la cual fue acreditada con las constancias relativas al toca original 1164/2017. De conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, y con el fin de facilitar el manejo del presente juicio de amparo, se ordena formar un cuaderno auxiliar con las constancias relativas al informe justificado rendido por la sala juez responsable, en el entendido que el cuaderno auxiliar de referencia queda formalmente vinculado al presente juicio de amparo, para los efectos legales correspondientes, y a disposición de las partes para su consulta. Ahora bien, visto el contenido de la demanda de amparo y anexos se desecha de plano la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, el acto que se impugna por esta vía constitucional se hizo consistir en la resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el toca 1164/2017, en la cual se declaró improcedente el recurso de revocación y se confirmó el auto de siete de marzo de dos mil dieciocho, en el que se decretó la caducidad de la instancia, con motivo del recurso de apelación interpuesto a su vez en contra del diverso auto de diez de agosto de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 501/2014 relativo al juicio ordinario civil, en el que se admitieron diversas pruebas documentales y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, se previno respecto de la prueba pericial en materia de ingeniería civil y la de confesión, además se desechó la prueba testimonial y de inspección judicial ofrecidas por la aquí quejosa. En tal virtud, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita, se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto, por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Por tanto, resulta claro que dicha determinación, atendiendo a la connotación que respecto a este tipos de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud que no afectan materialmente algún derecho sustantivo, ya que a través del acto reclamado no se plantea la infracción de esos derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución reclamada, máxime que de no ser así las violaciones que alega pueden hacerse valer en el amparo directo que en contra de la resolución definitiva se promueva, como lo señala el artículo 171 de la Ley de amparo, al constituirse una violación procesal a la prevista en la fracción III del artículo 172 de la citada Ley. En otras palabras, el efecto que produce el acto combatido, se actualizaría al dictarse la resolución, toda vez que hasta antes de ese momento no se podrá apreciar si con motivo del acto reclamado, se vulneraron las defensas de la parte quejosa y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascienda al resultado del laudo, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En ese sentido, es claro que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues dicho acto reclamado, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, por lo que cuando el acuerdo emitido en la audiencia reclamada, en la secuela de un juicio laboral únicamente afecta partes substanciales de ese procedimiento, ocasionando una violación a las leyes que lo rigen, la vía idónea para combatir tal violación lo es el amparo directo que se promueva contra el laudo dictado en aquél, pues a través de esa resolución que se emita en el juicio de origen previamente agotando los medios de defensa, se actualizará la citada violación procesal. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Silvia Margarita Ruiz Euán, quien se ostenta apoderada de Isabelina Polanco de Rivas o Isabelina Polanco García, en contra de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

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