Isabel Zacarías Fuentes Trujillo

Expediente 47/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
47/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Isabel Zacarías Fuentes Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    3. Iguala de la Independencia, Guerrero, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *** *** ***, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2°, de la propia legislación, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado. En consecuencia, toda vez que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Se hace constar que el expediente es susceptible de destrucción, toda vez que el mismo no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo, por tanto, se previene a la promovente del amparo, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de su notificación, comparezca en el local de este juzgado por sí o por persona autorizada, a recoger los documentos que haya exhibido en autos, apercibida que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese vía electrónica a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de J. Dorian Cabrera Hernández, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    3. Iguala de la Independencia, Guerrero, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **** **** **** ****, por derecho propio, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 47/2021-III. El quejoso reclama el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 819/2018-II, en el que el Juez responsable señaló las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de marzo de este año para que se realice inventario de bienes muebles pertenecientes al caudal hereditario de ******, a realizarse en el domicilio que el quejoso refiere que habita. Respecto de lo anterior, se considera actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ello, ya que la parte quejosa está en aptitud de interponer el recurso de reconsideración que prevé el artículo 375, fracción I, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. Es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario y que su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; por lo que la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esto es, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que en su caso prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Así, se reitera, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo implica que para acudir al juicio constitucional el gobernado debe agotar previamente las instancias que pudieran modificar, revocar o anular el acto de autoridad que estime violentada su esfera de derechos, el que opera siempre y cuando no se actualice alguna de las excepciones al mencionado principio, lo que no ocurre en el presente asunto. Por lo tanto, si en la ley ordinaria existe un medio ordinario de defensa en contra del acto que en esta vía se combate, como lo es el recurso de reconsideración, de conformidad con el principio de definitividad que rige en la materia de amparo, para que la tutela de derechos humanos pueda acontecer, el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero. Se afirma lo anterior, en virtud de que de la lectura de los artículos 140, 375, fracción I, 381, 382, 386, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, se desprende que los autos y decretos que no son apelables (como en este caso el acto reclamado, puesto que no se trata de una sentencia, sino de un auto contra el cual la ley adjetiva no prevé expresamente que proceda el recurso de apelación) pueden ser reconsiderados por el propio juzgador. El recurso de reconsideración, tiene como propósito fundamental que las partes a través de su interposición expresen los agravios que les cause algún auto o decreto emitido durante la substanciación del juicio o incluso después de dictada la sentencia, ya que con el medio impugnatorio aludido se pretende que la autoridad del conocimiento del negocio recapacite sobre la decisión que adoptó en la determinación combatida, mediante la expresión de los aspectos conceptuales formulados por la parte a quien agravia. Por lo que, es claro, como ya se precisó, que se puede obtener la modificación o revocación del auto impugnado, por lo que sí, en el caso, no se agotó previamente, es evidente que resulta improcedente el juicio de amparo, precisamente por inobservancia al principio de definitividad. Con lo anterior, se pone de manifiesto que el impetrante de amparo tiene la carga de agotar el recurso de reconsideración contra el proveído reclamado para controvertir su legalidad, ya que como se apuntó, a través de ese medio de impugnación existe la posibilidad de modificar o revocar el auto de mérito y sólo en caso de no haberse reparado la violación cometida, acudir al juicio de amparo. De manera que al no haberlo hecho así, la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, razón por la cual, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En ese sentido, si en contra del acto reclamado procede el recurso de reconsideración, previo a la demanda de amparo la parte quejosa debió agotar el medio de defensa previsto en la ley ordinaria y, al no haberlo hecho así, el presente juicio de amparo es improcedente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es de aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 187016, de rubro "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". Por tanto, se desecha de plano esta demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere el quejoso, al encontrarse dentro de la residencia de este Juzgado Federal; no obstante ello, por así solicitarlo expresamente el promovente y a fin de privilegiar el uso de medios electrónicos con motivo de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, se ordena que las notificaciones a dicha parte procesal, aún las de carácter personal se efectúen a través del usuario "jjperalta", de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que el nombre del usuario jjperalta, correspondiente al licenciado Jaime Jesús Figueroa Peralta, aparece registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se tiene por autorizado para la consulta del expediente electrónico de este juicio, por lo que se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las modificaciones conducentes. Por lo que respecta al correo comercial que señala el quejoso, se adquiere conocimiento del mismo, para establecer contacto en caso de que se considere necesario en este juicio. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de, en unión de Nancy Karina Cedillo Rosas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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