Isabel Vega Valladares
Expediente 524/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Isabel Vega Valladares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de octubre de dos mil veintitrés. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Reyes, Michoacán de Ocampo, en atención a su contenido, agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda; lo anterior, en virtud de que el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido dicho comunicado y se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. DEVUELVE DESPACHO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos correo electrónico proveniente del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Reyes, Michoacán de Ocampo, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 529/2023 (orden 839/2023), del índice de este Juzgado, enviado con la finalidad de notificar personalmente el auto de once de julio de dos mil veintitrés, al peticionario de amparo Isabel Vega Valladares, circunstancia que aconteció en fecha diecinueve de julio de la presente anualidad. BAJA. Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo; sin que haya lugar a lugar acusar el recibo correspondiente; lo anterior, toda vez que el ocurso de que se trata fue recibido vía correo electrónico. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de julio de dos mil veintitrés. DESPACHO DILIGENCIADO. Agréguese al sumario el oficio de cuenta que remite la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado en sus términos el despacho 498/2023, comunicación 797/2023, mismo que se le envió a efecto de que notificara a la parte quejosa el proveído de treinta de junio del año en curso. Atento lo anterior, téngase por legalmente notificada a la parte quejosa del proveído de treinta de junio de la anualidad que corre, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a acusar recibo de dicha comunicación, en virtud de no haberlo solicitado la autoridad despachada. SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de julio de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de ******************** del año en curso, esto es, bajo protesta de decir verdad, realiza una narración suscinta, cronológica y detallada de todos y cada uno de los antecedentes del juicio ordinario oral familiar ******************** del índice del Juzgado responsable, particularmente lo relativo al contenido de los proveídos de ******************** y ******************** del año en curso, así como la fecha en que tuvo conocimiento de dichos autos y exhibe copia de los mismos. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de un análisis integral del escrito inicial de demanda, de sus anexos, así como del escrito aclaratorio, se advierte que en esencia, la parte quejosa, señala como actos reclamados los siguientes: Los autos pronunciados el ******************** y ********************, ambos de dos mil veintitrés, dentro del juicio ordinario oral familiar número ********************, que sobre divorcio sin expresión de causa promovió la aquí quejosa ******************** frente a ********************. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito, analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como lo establece el precepto 113 de la Ley de la materia, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sustenta lo anterior la tesis del epígrafe siguiente: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de amparo y constancias que se acompañaron, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el invocado artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el primer normativo invocado, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley, mientras que la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De lo anterior se desprende que cuando se trata de actos de ejecución, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Cabe precisar que esas reglas específicas de procedencia del juicio biinstancial fueron instrumentadas por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que este medio de control constitucional se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución sin que múltiples amparos obstaculicen dicha ejecución; esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad está interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, hasta en tanto se dicte la última resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó la parte quejosa en el escrito aclaratorio de la demanda de amparo, así como de las constancias anexan a ésta; siendo los siguientes: 1. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Los Reyes, Michoacán, se tramita el juicio ordinario oral familiar número ********************, que sobre divorcio sin expresión de causa promovió la aquí quejosa ******************** frente a ********************. 2. Una vez seguido el juicio por sus trámites legales, el ******************** de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva por parte del Juez responsable, la cual fue recurrida en apelación por la parte actora, correspondiendo conocer del recurso a la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien mediante ejecutoria pronunciada el once de noviembre de dos mil veintidós, en el toca ********************/2022, modificó la sentencia impugnada. 3. Posteriormente, en ejecución de sentencia, el Juez responsable, por auto de seis de enero del año en curso, requirió al demandado para que dentro del término de tres días, cumpla voluntariamente con el fallo; luego, en proveído de veinti******************** de abril siguiente, a petición de la actora, la responsable requirió a la parte demandada para que cumpliera voluntariamente con el referido fallo. 4. En auto de ******************** de junio del año en curso -acto reclamado- la responsable tuvo a la actora aquí quejosa realizando manifestaciones y determinó lo siguiente: "[.] tomando en consideración que la parte demandada en escrito presentado con data 11 once de mayo del presente año, señaló que en cumplimiento a la sentencia dictada en autos, realizaría la cesión de derechos a la parte actora, de la casa habitación marcada con el número ********************, del andador ********************, del conjunto habitacional ********************, colonia ******************** de esta ciudad, de Los Reyes, Michoacán, y solicita se le exhiba la ficha de depósito para realizar el depósito de la diferencia del valor de los inmuebles de autos, de acuerdo al avalúo realizado a los mismos, dándose vista a la contraria mediante notificación personal; así como a la ocursante, en escrito presentado con data 16 dieciséis de mayo del presente año, señaló que no aceptaba la propuesta de la parte demandada, que ella quiere adjudicarse la misma propiedad que el demandado y realizar el depósito de los $10,000.00 diez mil pesos, sin darse vista a la contraria, dadas las propuestas de ambas partes se fijó fecha para audiencia de mediación, presentando escrito la ocursante con fecha 19 diecinueve de mayo del presente año, inconformándose con el uso de medios alternativos. En razón de lo anterior y como quedó asentado en líneas anteriores no se dio vista al a parte demandada de la propuesta de la actora en escrito presentado con data 16 dieciséis de mayo del presente año, misma que señala en su ocurso de cuenta, en términos del artículo 929 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se ordena dar vista a la contraria de su contenido mediante Notificación Personal, para que dentro del término de 3 tres días que se le conceden manifieste lo que a su interés convenga, apercibiéndoles que en caso de no realizar manifestación alguna se acordará lo que en derecho proceda. [.]." Finalmente, mediante proveído de ******************** de dos mil veintitrés, que constituye otro de los actos reclamados en el presente asunto, el Juez responsable tuvo a la parte demandada haciendo las manifestaciones respecto de la vista que se dio en auto de ******************** de junio. Antecedentes que, como se mencionó, la parte quejosa, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Además, de que anexó a su escrito inicial de demanda copia de los proveídos que constituyen los actos reclamados, con lo que se acreditan dichas manifestaciones. Ante tales razonamientos, esta juzgadora arriba a la conclusión de que en el caso, se está ante actos respecto de los cuales no es procedente el juicio de amparo, toda vez que lo reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de origen. En efecto, en el caso que nos atañe, se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, toda vez que la promovente de amparo acude a la presente instancia constitucional, en reclamo de los proveídos de ******************** y ********************, ambos de dos mil veintitrés, dictados dentro del juicio ordinario oral familiar número ********************, en los que en esencia, en ejecución de sentencia, se fijó fecha para audiencia de mediación y se tuvo a la parte demandada haciendo las manifestaciones respecto de la vista que se dio en auto de ******************** de junio. Sin embargo, no debe perderse de vista que las determinaciones aquí combatidas, constituyen actuaciones emitidas en la fase de ejecución de sentencia; es decir, se trata de actos intermedios para lograr el cumplimiento de una sentencia, los cuales no constituyen precisamente la última determinación jurídica previa a su ejecución material, pues se orientan en forma directa a preparar y lograr ese objetivo; por lo que, en el caso que nos ocupa, se actualiza la hipótesis contenida en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII, del numeral 61 del mismo ordenamiento. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial número P.J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación, visible en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia número 177, visible en la página 145, del Tomo VI, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.- Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable al presente caso la tesis de jurisprudencia número 2°. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 230 y 231, del Tomo VII, (Febrero 1998), de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, que dio origen al presente juicio, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento jurídico. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFICACIÓN POR DESPACHO. Por otra parte, toda vez que el domicilio que señala la promovente para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este tribunal; sin embargo, a efecto de no dejarla en estado de indefensión y tomando en consideración la trascendencia del presente acuerdo, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo dispuesto en su artículo 2°, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil en turno, con residencia en Los Reyes, Michoacán de Ocampo, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que se constituya en el domicilio ubicado en el ********************, número ********************, ******************** de dicha ciudad y le notifique el presente proveído a la quejosa ******************** o bien, a su autorizado ********************. De todo lo cual se deberá asentar la razón correspondiente con la que se acredite haber cumplido con lo ordenado. Por otra parte, se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, deberá remitir las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa mediante despacho.
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