Isabel Romero Trujillo

Expediente 444/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
444/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
11/04/2017

Partes del expediente

  • Isabel Romero Trujillo
  • ISABEL ROMERO TRUJILLO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa VII-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil diecisiete. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Visto el cómputo que antecede, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa y tercera interesada, en auto de catorce de marzo del año en curso, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con las constancias que la autoridad responsable remitió en cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que hubieren realizado manifestación al respecto; en consecuencia, se procede a pronunciar oficiosamente sobre dicho cumplimiento. Para tal efecto, en principio, se destaca que por sentencia dictada el ocho de agosto de dos mil dieciséis (fojas 52 a 57), por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa María Reyna Reyes Santiago, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en sustitución del entonces Juzgado Sexto de lo Penal: 1. Dejara insubsistente la orden de aprehensión librada el treinta de diciembre de dos mil quince, por el desaparecido juzgado, en la causa penal 237/2015 (actualmente 244/2016 del índice del citado Juzgado Tercero de lo Penal) en contra de María Reyna Reyes Santiago, como probable responsable en la comisión del delito de despojo agravado en perjuicio de María Antonieta Molina Castellanos, sólo por lo que respecta a la aquí quejosa, y 2. En su lugar, dictara otra en la que con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho procediera, teniendo en cuenta que la orden de aprehensión, que constituye el acto reclamado, resultó violatoria del artículo 16 de la Constitución Federal, porque: 2.1 No realizó el desglose completo de los elementos del cuerpo del delito de despojo agravado de que se trata, pues, específicamente, omitió establecer el elemento subjetivo que consiste en el ánimo de apropiación del inmueble objeto de la conducta ilícita, y por consiguiente, tampoco dijo con qué pruebas se demuestra; 2.2 Carece de congruencia interna, debido a que en principio la responsable señaló que el medio comisivo fue la violencia física y moral; sin embargo, en el apartado correspondiente al estudio del cuerpo del delito, solamente dijo que el despojo fue por medio de amenazas, y 2.3 En ella, únicamente la responsable expuso de manera genérica la actividad que realizó la quejosa, e indicó que tuvo el codominio funcional del hecho, que existió cooperación consiente y querida de los activos, ya que entraron en forma violenta portando un machete, palos y piedras e insultos, para después posesionarse del inmueble, lo que refleja que previamente existió un acuerdo por parte de los activos y su participación resultó esencial para llevar a cabo el antijurídico de que se trata; sin embargo, no plasmó cual es la actividad concreta que realizó la activo, teniendo como base las declaraciones de la ofendida y testigos de cargo, por lo que con base en ello deberá decir porqué la quejosa tiene el carácter de coautor material. Para lo cual debía tomar en consideración que para que se actualice la coautoría es requisito indispensable que la conducta la realicen conjuntamente los partícipes, además aquella se centra en una división del trabajo delictivo y mediante un plan acordado antes de la perpetración del hecho, teniendo los sujetos activos un codominio del hecho, debido a que la aportación que cada uno de ellos realice, resulta esencial, adecuada y suficiente para la realización de la conducta típica, en razón de que el plan común, la cooperación consciente y deseada, la aportación esencial, adecuada y suficiente que cada uno de los activos debe realizar para que se actualice la conducta típica. Concesión de amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido al Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, en virtud de que su ilegalidad se hizo derivar del acto de ordenamiento y no por vicios propios. La tercera interesada María Antonieta Molina Castellanos, inconforme con la citada sentencia, interpuso recurso de revisión en su contra; medio de impugnación del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, bajo el número de expediente 576/2016, que al resolverse por ejecutoria dictada el dos de febrero de dos mil diecisiete, confirmó en sus términos la sentencia recurrida (fojas 94, 117, 118 y 121 a 133). Motivo por el cual, mediante proveído de catorce de febrero de dos mil diecisiete, una vez que se recibieron los autos enviados para la sustanciación del recurso de mérito, se requirió el cumplimiento correspondiente a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro; sin que hubiera lugar a requerir al Coordinador General de la Agencia estatal de Investigaciones, debido a que el fallo protector únicamente se le hizo extensivo respecto de la ordenadora y no por vicios propios (folio 134). En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en sustitución del desaparecido Juzgado Sexto de lo Penal, mediante oficio 972 agregado en acuerdo de veintiuno de febrero del actual (fojas 141 a 165), remitió copia certificada de la resolución dictada el veinte de febrero de dos mil dieciséis (sic), en la causa penal 244/2016 de su índice (237/2015 del referido Juzgado Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro), de la que se apreció: I. Que dejó insubsistente la orden de aprehensión librada el treinta de diciembre de dos mil quince, por el desaparecido juzgado, en la causa penal 237/2015, en contra de María Reyna Reyes Santiago, como probable responsable en la comisión del delito de despojo agravado en perjuicio de María Antonieta Molina Castellanos, sólo por lo que respecta a la aquí quejosa, y II. En su lugar, nuevamente libró orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa María Reyna Reyes Santiago, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo agravado en perjuicio patrimonial María Antonieta Molina Castellanos, en la que: - Realizó el desglose completo de los elementos del cuerpo del delito de despojo agravado de que se trata, al establecer ahora el elemento subjetivo que consiste en el ánimo de apropiación del inmueble objeto de la conducta ilícita; e indicó que dicho elemento se acredita con la declaración de la ofendida denunciante, las testimoniales de cargo, así como los dictámenes de fotografías, avaluó y agrimensura (folio 159). - Y, respecto a la probable responsabilidad de la ahora quejosa María Reyna Reyes Santiago, determinó que la implicada es probable coautora material al haber quedado demostrado, en grado probable, que en las circunstancias de modo tiempo y lugar señaladas, de manera conjunta y violenta ocuparon el inmueble ubicado en calle Independencia, sin número, Barrio Trinidad, Sexta Sección, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. Precisó que la conducta concreta que realizó la citada activo consistió en decirle a la ofendida "SALTE HIJA DE TU CHINGADA MADRE" y "AHORA SÍ NOS VAS A CONOCER", lo cual obtuvo con base en las declaraciones de la ofendida y los testigos de cargo. Y agregó que la citada inculpada tuvo el codominio del hecho ya que en forma conjunta con otras personas, se presentaron armados con un machete, palos y piedras, y sin derecho y sin consentimiento, se introdujeron en el predio propiedad de la ofendida mismo que tenía en posesión, el cual como ya se dijo se ubica en la calle Independencia, sin número, Barrio Trinidad, Sexta Sección Tlalixtac de Cabrera, Centro, Oaxaca, pues para lograr su propósito el indiciado Irineo García Manuel, los agredió empleando la violencia moral, en tanto que las inculpadas María Reyna Reyes Santiago y Guadalupe García Manuel le dijeron a la ofendida "SALTE HIJA DE TU CHINGADA MADRE" y "AHORA SÍ NOS VAS A CONOCER", e Irineo García Manuel les gritaba "AHORA SI TE VOY A MATAR HIJA DE TU PUTA MADRE" y "ESTA VEZ TE SALVASTE PERO AHORA SÍ TE VOY A MACHETEAR", por lo que ante el temor de ser lesionadas, las personas que ahí se encontraban optaron por retirarse del lugar, después de lo cual, de forma inmediata, las citadas personas cerraron el paso de acceso a dicho terreno. Las referidas constancias fueron analizadas en proveído de siete de marzo del año en curso (folios 180 a 183), en donde se determinó que del análisis comparativo realizado entre la ejecutoria de amparo y el cumplimiento adoptado por la responsable, se advertía que si bien el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, había atendido cabalmente los puntos 2.1 y 2.3 de los vicios formales antes destacados, conforme a lo que se señaló en la sentencia de amparo; sin embargo, había omitido cumplir el vicio formal destacado en el punto 2.2, toda vez que en la resolución en análisis subsistía la incongruencia destacada en la sentencia de amparo, al señalar la responsable nuevamente, por una parte, que el medio comisivo fue la "violencia física y moral" y, por otra, en el apartado correspondiente al estudio del medio comisivo dentro del apartado de cuerpo del delito, que el despojo "fue por medio de amenazas", en los mismos términos en que lo plasmó en el acto reclamado que motivó la concesión del amparo en ese aspecto. Motivo por el cual se requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la citada autoridad judicial responsable, a fin de que en la nueva resolución que al efecto se emitiera, atendiera el aspecto formal que había omitido considerar. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en sustitución del desaparecido Juzgado Sexto de lo Penal, mediante oficio 1340 agregado en acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecisiete (fojas 186 a 211), remitió copia certificada de la resolución dictada el diez de marzo de dos mil dieciséis (sic), en la causa penal 244/2016 de su índice (237/2015 del referido Juzgado Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro), de la que se advierte: I. Que dejó insubsistente la orden de aprehensión librada el veinte de febrero de dos mil dieciséis (sic), en la causa penal 244/2016 de su índice (con la que inicialmente pretendió cumplir la ejecutoria de amparo), en contra de María Reyna Reyes Santiago, como probable responsable en la comisión del delito de despojo agravado en perjuicio de María Antonieta Molina Castellanos e, implícitamente, la diversa orden de aprehensión librada el treinta de diciembre de dos mil quince, por el desaparecido juzgado, en la causa penal 237/2015, sólo por lo que respecta a la aquí quejosa, y II. En su lugar, nuevamente libró orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa María Reyna Reyes Santiago, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo agravado en perjuicio patrimonial María Antonieta Molina Castellanos, en la que:  Atendió cabalmente los puntos 2.1 y 2.3 de los vicios formales antes destacados, conforme a lo que se señaló en la sentencia de amparo y en los términos en que se estudiaron en los párrafos que anteceden; y  Señaló que el medio comisivo del delito de despojo de que se trata, fue la violencia física y moral; lo cual reiteró, de forma congruente, en el apartado correspondiente al estudio del cuerpo del delito. Ahora bien, del análisis comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y el nuevo cumplimiento adoptado por la autoridad responsable, se desprende que el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, atendió cabalmente la ejecutoria de amparo; ya que, por una parte, dejó insubsistente la orden de aprehensión librada el treinta de diciembre de dos mil quince, por el desaparecido juzgado, en la causa penal 237/2015 (actualmente 244/2016 del índice del citado Juzgado Tercero de lo Penal) en contra de María Reyna Reyes Santiago, como probable responsable en la comisión del delito de despojo agravado en perjuicio de María Antonieta Molina Castellanos, sólo por lo que respecta a la aquí quejosa, así como la diversa de veinte de febrero de dos mil dieciséis (sic) -con la que inicialmente pretendió cumplir- y, en su lugar, dictó otra determinación en la que con plenitud de jurisdicción nuevamente libró orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa María Reyna Reyes Santiago, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo agravado en perjuicio patrimonial María Antonieta Molina Castellanos, empero atendiendo cabalmente los vicios formales destacados en los puntos 2.1, 2.2 y 2.3, antes citados. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, por una parte, sobreseyó y, por otra, concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la caratula del expediente.

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