ISABEL REYNA O YSABEL REYNA ZÁRATE LEÓN y Otros.
Expediente 310/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ISABEL REYNA O YSABEL REYNA ZÁRATE LEÓN y Otros.
- Isabel Reyna O Ysabel Reyna Zárate León
Actuaciones
- Principal
"Vista la certificación de cuenta, toda vez que por resolución de seis de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, así como el original del incidente de suspensión, serán conservados en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, como fue ordenado en la interlocutoria que resolvió el incidente de suspensión de ocho de junio de dos mil veinte, se reitera que transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución incidental, procédase a la destrucción del duplicado del incidente del presente juicio. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de presente expediente y en el libro de gobierno respectivo. Dedúzcase copia autorizada para el incidente de suspensión. Finalmente, se advierte que carece de objeto la permanencia de las constancias del expediente 561/2018, del índice del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que exhibió como apoyo a su informe justificado, en proveído de uno de julio de dos mil veinte, a saber: 1) Tomo I, constante de uno a ochocientas dos fojas; 2) Tomo II, constante de ochocientas cuatro a mil cuatrocientos cincuenta y seis fojas; 3) Tomo III, constante de mil cuatrocientos cincuenta y siete a mil novecientos ochenta y dos fojas; 4) un recopilador rojo marcado con hecho 9, con separadores marcados 2006, 2007, 2008 que componen doscientos setenta y siete fojas; 5) un recopilador color rojo marcado con hecho 9, con separadores marcados 1998, 1999, 2000, que se compone de doscientos sesenta y tres fojas; 6) un recopilador color rojo marcado con hecho 9, con separadores marcados con 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, que se compone de quinientos treinta y un fojas; 7) un recopilador color rojo marcado con hecho 9, con separadores marcados con 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, que se compone de trescientos noventa y ocho fojas; 8) una revista titulada Close up Oaxaca, número sesenta y siete; 9) un engargolado marcado con número 24 y que se compone de cincuenta y tres fojas; 10) una carpeta color paja, que dice contener estados de cuenta bancarios 2018, que se componer de setenta y cinco fojas; 11) una carpeta color paja que dice contener declaración de impuestos 2018 (IVA) Sr. *****, con setenta y dos fojas; 12) Una carpeta color paja que dice contener Nóminas de sueldos Anacondas 218, el cual se compone de ciento noventa fojas; 13) Una carpeta color paja que dice contener Doc. **** Señor.****, Director: 2da Privada de Independencia, de una foja; 14) Una carpeta color paja que contiene documento de crédito Infonavit Señor Liborio M. Luna Díaz, compuesto de dos fojas; 15) Una carpeta color paja que dice contener nóminas de sueldos 2018, *****, de cincuenta y un fojas; 16) Un recopilador color verde que dice ****, Expediente Fiscal Municipio de declaraciones y avisos, el cual se compone de trescientos cuarenta y cinco fojas; en consecuencia, devuélvanse los anexos descritos..."
- Principal
Mesa..."Agréguese el escrito de Edna Georgina Franco Vargas, por medio del cual, pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de septiembre del actual. Ahora, visto el estado de autos, así como el escrito y anexos de cuenta se aprecia que la ocursante no cumple con el requerimiento formulado, esto es, para que dentro del plazo de tres días justificara que al momento de la presentación de la demanda era apoderada o represente legal de 1) Isabel Reyna Zarate y/o Ysabel Reyna Zarate León y de 2) María José Luna Zarate, de esta última por encontrarse demostrado que en la fecha de la presentación de la demanda, contaba con la mayoría de edad para instar el juicio de amparo por propio derecho. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6°, 108, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se obtiene que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo es el de instar la acción constitucional por la parte agraviada, es decir, podrá promoverse únicamente por la persona a quien perjudique el acto reclamado, lo cual podrá realizar por sí, por su representante o apoderado; por su defensor, cuando provenga de una causa criminal; y cuando expresamente lo permita la ley, por medio de algún pariente o persona extraña, de ahí que si una persona promueve demanda de amparo en favor de otra, sin que esté legitimada para realizarlo, trae como consecuencia la improcedencia del juicio. Ello es así, pues corresponde a la parte promovente demostrar la personería con la que comparece al juicio de garantías, y es obligación del suscrito pronunciarse al respecto. Lo anterior atiende a los imperativos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. Ahora bien, del estado de autos se advierte que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías, fue suscrita por Isabel Reyna Zarate y/o Ysabel Reyna Zarate León, por sí y en representación de su menor hija María José Luna Zarate, demanda que fue presentada en línea a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, firmada de manera electrónica por Edna Georgina Franco Vargas, quien únicamente fue autorizada por la parte quejosa en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; sin que al momento de la presentación de la demanda electrónica, la promovente anexara algún documento que acreditara su personalidad o representación, esto es, un poder general para pleitos y cobranzas que la justificara como apoderada legal de 1) Isabel Reyna Zarate y/o Ysabel Reyna Zarate León y 2) María José Luna Zarate. Asimismo, de las constancias que obran en el presente juicio se destaca el acta de nacimiento número 1101, folio 010979274, a nombre de María José Luna Zarate, quien se advierte nació el quince de marzo de dos mil dos, y por ende en la fecha de la presentación de la demanda (doce de mayo de dos mil veinte), ya había cumplido la mayoría de edad (quince de marzo de dos mil veinte), por lo que se encontraba ampliamente facultada para instar el juicio de amparo por propio derecho; o en su caso, a través de su apoderado legal justificando dicha representación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." (Época: Novena Época; Registro: 174899; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 74/2006; Página: 963). Asimismo, de las constancias que remite la parte ocursante, se advierte que el diez de julio del año en curso (fecha posterior a la presentación de la demanda de garantías), María José Luna Zarate, presentó un escrito ante el Juez Primero de los Familiar del Distrito Judicial del Centro (autoridad responsable en este juicio), en el que se advierte, que al haber cumplido la mayoría de edad, solicitó la intervención en el juicio familiar 561/2018, del índice de ese Juzgado y entre otras peticiones solicitó se le tuviera autorizando a Edna Georgina Franco Vargas y otros para oír y recibir notificaciones, así como para recibir toda clase de documentos e imponerse de los autos, recayendo a dichas peticiones un acuerdo en el que el Juez natural le da a María José Luna Zarate, la intervención solicitada, asimismo, le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indicó, autorizando para tal efecto a las personas que menciona, sin las facultades que establece el artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. Sin que la autorización en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, sea suficiente para que la autorizada legal pueda promover la demanda en nombre y representación de la parte quejosa. Se invoca como apoyo la Jurisprudencia 32/2018 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Página 5, con registro digital 2018943, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Además, también resulta insuficiente lo manifestado por la promovente del amparo Edna Georgina Franco Vargas, quien aduce ser abogada de 1) Isabel Reyna Zarate y/o Ysabel Reyna Zarate León y de 2) María José Luna Zarate y autorizada en términos amplios ante la Juez Primero de lo Familiar en el expediente del cual emanan los actos reclamados; ya que ello no colma el requisito exigido por el artículo 6 de la Ley de Amparo, esto es, el amparo debe promoverse el propio quejoso, por conducto de su representante o por su apoderado legal; por lo que una persona autorizada en términos amplios únicamente lo es para promover en el juicio, no así para realizar actos jurídicos distintos a los que le limita la ley, como el promover la demanda en nombre y representación de la parte quejosa. Se invoca como apoyo la Jurisprudencia 15/2016 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, Materia Común, Civil, página 642, con registro digital 2011873, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI QUIEN LA PROMUEVE SE OSTENTA COMO AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL JUZGADOR DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACREDITE EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA PARTE QUEJOSA. Los artículos 175, 179 y 180 de la Ley de Amparo, deben interpretarse en las coordenadas del principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, en coherencia con los principios de certidumbre jurídica y economía procesal, en el sentido de que la personería del promovente constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso. Desde esta perspectiva, debe estimarse que si en la demanda de amparo directo el promovente se ostenta como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 1069 del Código de Comercio -conforme al cual carece de facultades para promover dicha demanda- y omite exhibir documento alguno que lo acredite como su representante legal o apoderado, el juzgador deberá prevenirlo para que subsane esa irregularidad y acredite con documento fehaciente el carácter de representante legal o apoderado del quejoso, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo directo, pues este modo de actuar permite salvaguardar de manera más eficiente e integral los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, previstos en el artículo 17 constitucional y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, pues no se inhibe por un error en la acreditación de la personería de la parte quejosa el examen de constitucionalidad del asunto sometido a su jurisdicción. No obstante, al desahogar la prevención deberá probarse que al momento de presentar la demanda de amparo el autorizado en términos del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, era apoderado o representante legal de la parte quejosa cuando promovió el juicio de amparo y no sólo autorizado en términos del artículo citado del Código de Comercio. En consecuencia, toda vez que Edna Georgina Franco Vargas, no justificó que al momento de la presentación de la demanda era apoderada o represente legal tanto de 1) Isabel Reyna Zarate y/o Ysabel Reyna Zarate León y de 2) María José Luna Zarate, de esta última por encontrarse demostrado que en la fecha de la presentación de la demanda, contaba con la mayoría de edad para instar el juicio de amparo por propio derecho, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". [Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación]. Sin que obste lo anterior, que en un inicio se hubiere admitido la demanda de garantías al considerarse como un caso urgente en términos del acuerdo general 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, vigente al momento de la presentación de la demanda. Puesto que si bien es cierto dicho asunto se consideró como caso urgente, sin embrago, al no encontrase en los supuesto que establece el artículo 15 de la Ley de amparo, el mismo debe promoverse a instancia de parte agraviada, por propio derecho o a través de su apoderado legal, quien deberá acreditar su representación. Lo que no se encuentra justificado en autos. Además de que del escrito de demanda no se advierte que los directos quejosos estén imposibilitados para suscribir la demanda por derecho propio, al no precisar algún dato que evidencie que se encuentren incomunicados y/o segregados. En tal virtud, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte.
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