Isabel Procesa Alquicira García y Otros.

Expediente 115/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
115/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • Primera Sala Regional Familiar de Toluca, México del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
  • Isabel Procesa Alquicira García y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, (punto Vigésimo Primero, fracción I, párrafos primero y segundo de dicho Acuerdo). En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo fracción XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad con el punto Décimo Primero del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, de conformidad, con el Punto Décimo Primero, párrafo segundo, del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    MESA III Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por promovida por ________________, quien se ostenta como mandataria de ________________, ________________, ________________ y ________________ de apellidos ________________, contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, México del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 115/2019-III. Ahora, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la sentencia dictada en el Toca Penal número ________________, de treinta de octubre de dos mil diecinueve, que confirma la sentencia interlocutoria de diecisiete de septiembre del año en curso, dentro del incidente de falta de personalidad. Ahora, respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" En ese tenor, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Y en ese sentido, en el presente asunto se está en presencia de actos que no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación; es decir, sus consecuencias no impiden en forma actual el ejercicio de un derecho. Lo anterior, pues solamente produce efectos contra derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, a página 39, cuyo contenido es del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En efecto, la determinación aquí reclamada, no es un acto de imposible reparación, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, dado que la determinación que resuelve cuestiones inherentes a la personalidad de las partes, no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sólo genera una infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que dicha determinación no implica, necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses de la afectada; por lo cual no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, como la actuación que se reclama no reúne las características apuntadas, procede desechar la demanda intentada por la quejosa, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu. No se soslaya, el que la promovente, no acredite la personalidad con la que aduce comparecer a juicio en términos de la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo; pues dado el sentido de la presente determinación a ningún fin práctico llevaría el prevenir a la signante para que acredite la misma y con posterioridad a ello emitir la determinación que ahora se dicta. Se tiene como domicilio el que cita, para los efectos que refiere; asimismo, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ________________, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y, en términos del artículo 24 de la legislación citada, a ________________, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, así como imponerse de autos; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de sus cédulas profesionales, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

  3. Principal

    MESA VII.- SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN ATENCIÓN A QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO QUE INDICA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, A NOTIFICASE DE MANERA PERSONAL DICHA DETERMINACIÓN, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL DIECINIEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por promovida por Rocío Julia Alquicira García, quien se ostenta como mandataria de Isabel Procesa, Lorenzo Joel, Cristina Teresa y Magdalena Escolástica de apellidos Alquicira García, contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, México del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 115/2019-III. Ahora, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la sentencia dictada en el Toca Penal número 817/2019, de treinta de octubre de dos mil diecinueve, que confirma la sentencia interlocutoria de diecisiete de septiembre del año en curso, dentro del incidente de falta de personalidad. Ahora, respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" En ese tenor, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Y en ese sentido, en el presente asunto se está en presencia de actos que no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación; es decir, sus consecuencias no impiden en forma actual el ejercicio de un derecho. Lo anterior, pues solamente produce efectos contra derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, a página 39, cuyo contenido es del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

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