Isabel Patricia Zuñiga Saavedra

Expediente 576/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
576/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2019

Partes del expediente

  • Isabel Patricia Zuñiga Saavedra
  • Grecia Rivera Saldivar

Actuaciones

  1. Principal

    DECLARACIÓN DE ESTADO. Ha causado estado el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General.

  2. Principal

    Agréguese el oficio con anexo de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por el cual en vías de cumplimiento al fallo protector remite copia certificada del acuerdo de veinticuatro de abril del año en curso, dentro del expediente laboral ********************, de la que se advierte lo siguiente: - En esa fecha se encontraba señalada el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, en la cual comparecieron los demandados ********************y ********************, y no así la demandada ********************, al no encontrarse emplazada para tal fin. - Tuvo a la parte actora señalando que el domicilio para emplazar a la citada tercero interesada lo es el domicilio ubicado en ********************, por lo que solicitó asociarse con el actuario adscrito a dicha junta responsable para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento. - En atención a lo anterior la Junta responsable señaló las diez horas del quince de mayo del año en curso, para el verificativo de la audiencia de ley. Ahora bien, dado lo asentado en los párrafos que anteceden requiérase al Actuario adscrito para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído remita copia certificada del resultado de la diligencia de emplazamiento de la demandada ********************, ordenada en acuerdo de veinticuatro de abril del año en curso, asimismo, de las constancias de emplazamiento de los demandados ********************y ********************, lo anterior a fin de proveer sobre el cumplimiento al fallo protector. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en auto de uno de abril del año en curso.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta ....... mediante el cual la Secretaria para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información, requiere el informe correspondiente a la solicitud de información ....... consistente en la versión pública de la totalidad de las constancias procesales perteneciente al juicio de amparo indirecto en que se actúa, por tanto, a fin de dar cumplimiento a lo requerido, se procede a informar: Respecto al punto número uno relativo a la existencia de la información, se comunica que las promociones y las actuaciones se encuentran disponibles en el expediente físico integrado por tres piezas formado con dos mil seiscientos cuarenta y siete fojas y electrónico, este último solo al alcance de las partes a través de la firma electrónica (FIREL); asimismo, se hace de su conocimiento que con fecha once de abril de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva la cual se encuentra pendiente de causar ejecutoria. b) Por lo que hace al punto número dos, se hace de su conocimiento que el expediente del juicio de amparo en que se actúa no se encuentra en posesión de los Centros Archivísticos Judiciales, Centro de Manejo Documental y Digitalización, ni tampoco las Casas de Cultura Jurídica. c) En cuanto hace al punto tres, relativa a la clasificación de la información considerada como reservada o confidencial, es menester precisar que la hipótesis legal prevista en el artículo 110 fracción XI de la LFTAIP, dispone: "Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;" De lo anterior se advierte que se podrá clasificar como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales, en tanto no hayan causado estado. En ese orden de ideas, en el caso de expedientes jurisdiccionales, el interés superior protegido por el supuesto en mención, radica en salvaguardar aquella información relacionada con actuaciones que permiten al juzgador contar con elementos objetivos para dictar una resolución; por lo que su difusión, representa un riesgo para la certeza deliberada del órgano jurisdiccional, en perjuicio de garantizar a las partes una tutela efectiva. Respecto del referido supuesto, los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, señalan en su artículo Trigésimo lo siguiente: Trigésimo. De conformidad con el ACTICULO 113, Fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que s e encuentre en trámite, y II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento. Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero maternalmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos: 1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque solo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y 2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. No será objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada. Como puede apreciarse la transcripción del numeral que antecede dispone que podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los elementos siguientes: I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentra en trámite, y; II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento. Por lo que tomando en consideración el contenido de los artículos citados en los párrafos que anteceden, esta juzgadora considera que la información solicitada es de carácter reservado de conformidad con el artículo 113 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, pues se trata de un juicio de amparo que se encuentra pendiente de causar ejecutoria, por lo que de remitirla, se vulneraría la conducción del expediente judicial. Lo anterior es así, dado que al realizar la aplicación de la prueba de daño siguiendo los parámetros establecidos en los artículos 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110 de la citada Ley Federal, se arriba a la conclusión de que, en el particular: I) La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, pues se encuentra vinculada con las estrategias y actuaciones de hecho y derecho que permiten al juzgador contar con elementos objetivos para dictar la resolución que ponga fin al juicio, por lo que su difusión previa a que cause estado la sentencia del mismo, ponen en riesgo el ejercicio equilibrado de los derechos de las partes y la certeza deliberativa del juzgador en la valoración del contenido y trascendencia de las constancias, lo que vulneraría los principios de equidad, debido proceso y equilibrio procesal así como la propia continuidad del trámite del expediente en que se actúa (juicio de amparo 445/2015), por lo que no es viable la divulgación de la información ahí contenida, pues se pondría en riesgo los derechos tutelados de las partes en el procedimiento del amparo, así como la impartición de la justicia federal en los plazos y términos previstos. II) Al divulgar la información solicitada se causaría mayor perjuicio al interés público, partiendo del supuesto de que la impartición de justicia es del mayor interés público, la divulgación de cualquier información que menoscabe ese interés constituiría un perjuicio desproporcionado que supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, cuando la difusión pueda menoscabar, obstaculizar o dificultar la resolución del juicio que nos ocupa de manera objetiva e imparcial. Aunado a lo anterior, al tratarse de un expediente judicial en trámite, la sociedad está interesada en que los planteamientos formulados tanto por la parte quejosa como por las autoridades responsables conserven su sigilo y con ello se garantice el derecho de defensa previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, existe un interés social en que se garantice el dictado de una sentencia justa en derecho y con ello se puede contar con la tutela judicial efectiva, de conformidad con el artículo 17 Constitucional. Máxime que, de conformidad con el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en el juicio de amparo en que se actúa, no se trata de violaciones graves de derechos humanos o delitos de esa humanidad ni está relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables III) La limitación de la información se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que, como se adelantó de proporcionar la información solicitada se puede generar un daño innecesario a los valores que jurídicamente son protegidos por los artículos 14 y 17 Constitucionales, los cuales son de mayor rango que la afectación que en su caso puede resentir la persona que solicita la información, la cual se desconoce y por lo tanto no está en posibilidad de ponderar con más precisión el daño que, en su caso, le genera la negativa de la información. Lo anterior, se estima así, partiendo de la base de que la sociedad está interesada en que los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación tutelen a los gobernados las violaciones a derechos fundamentales por parte de las autoridades, lo cual se materializa con el juicio de amparo: por lo tanto, al haber sido solicitada la información relativa a un juicio de amparo 445/2015, es dable que, atendiendo al interés social y orden público, se protejan los datos ahí contenidos para no afectar los derechos del debido proceso ni vulnerar la conducción del expediente judicial, en tanto no cause ejecutoria la sentencia constitucional dictada, d) En cuanto hace al punto cuatro, relativa al plazo, en relación al plazo de reserva debe decirse que tomando en consideración los lineamientos establecidos por los artículos 99 y 100 del de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se fija como plazo aproximado de reserva, un año contado a partir de la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional, esto es diez horas con quince minutos del veintinueve de abril de dos mil diecinueve, fecha que fue fijada de conformidad con el artículo 315 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a La Ley de Amparo de conformidad con el artículo 2, que establece "Artículo 315.- Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentra, la notificación se hará por edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda, y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación. Se fijará, además, en la puerta del tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si, pasado este término, no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado, y deberá contener, en síntesis, la determinación judicial que ha de notificarse" Lo anterior en atención a que la sentencia constitucional, dictada en primera instancia, debe notificarse a las partes, las que en el caso es respecto de las autoridades responsables foráneas que tiene su domicilio en la ciudad de México, para que una vez que obren en autos la constancias de notificación respectivas se verifique que trascurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la sentencia dictada quede firme, y en el supuesto contrario se deberá dar trámite al recurso de revisión que en su momento se interponga, aunado a que se deberá contar con las constancias de notificación de las autoridades foráneas, esto a fin de integrar debidamente el citado recurso, una vez hecho lo anterior éste deberá remitirse a la superioridad con el objeto de su substanciación y resolución. Comuníquese el presente proveído, escaneado con firma autógrafa, al correo electrónico dtsai@correo.cjf.gog.mx.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio registrado con el número 5936. Téngase al Encargado de la Oficina de Servicios Directos, Poder Judicial de la Federación Siglo XXI, del Servicio Postal Mexicano, informando que requirió a su similar SAN ÁNGEL, CDMX, a efecto de que comunicara a la primera de las mencionadas el trámite de la pieza postal solicitada por esta Autoridad Federal mediante acuerdo de veintisiete de marzo del año en curso, en consecuencia, se provee: Comuníquese a la autoridad postal, que se le otorga un término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído a fin de dar cumplimentar lo solicitado. Dígase a la autoridad postal que subsiste el apercibimiento decretado en el auto al que da contestación.

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