Isabel Molina Hernández
Expediente 1328/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Isabel Molina Hernández
Actuaciones
- Incidental
Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal en acuerdo de esta fecha, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia simple del escrito de demanda tramítese el incidente de suspensión único relativo al juicio de amparo 1328/2023-IX, promovido por Isabel Molina Hernández, contra actos del Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad General de Investigación 1, Reynosa, Tamaulipas, y otras autoridades; regístrese en el libro respectivo con el número. Conforme a los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley Amparo, con copia simple del escrito de demanda, pídase a las responsables sus respectivos informes previos que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que reciban el oficio que derive de este proveído, en el que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen; además, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe previo en el plazo requerido, al resolver el fondo del asunto se impondrá a cada una, por separado, una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, de la ley de la materia. Con fundamento en el numeral 138, fracción II, de la referida legislación, se cita a las partes a la audiencia incidental, la cual tendrá verificativo a las nueve horas con veinte minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Ahora bien, respecto a la medida cautelar solicitada por la agraviada consistente en no ser privada de sus derechos a realizar cualquier trámite administrativo ante las autoridades del Registro Público, Catastro Municipal y servicios de Notaría, con respecto a los bienes que indica son de su propiedad, no es requisito indispensable que se precise de manera concreta en qué consisten las consecuencias de la ejecución de tales actos de que se queja, puesto que ello no está previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el que únicamente sujeta a que la suspensión la solicite la agraviada, no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen con la ejecución del acto reclamado. Sin embargo, en acatamiento a la fracción I, del numeral 128 de la ley de la materia, para efectos de la medida que se pide, debe acreditarse indiciariamente o presuntivamente el interés suspensional; es decir, la quejosa debe aportar una prueba idónea y suficiente que revele que hay cierta veracidad de la existencia del derecho que podría afectarse con la ejecución del acto reclamado. Sobre esas bases, es dable para este juzgador determinar que en el presente caso no se colma lo previsto en la fracción I, del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues no está acreditado que los actos reclamados agravien la esfera jurídica de la quejosa; de ahí que no procede conceder la suspensión provisional solicitada; pues la peticionaria de garantías acude a esta vía constitucional detentando el carácter de propietaria de diversos bienes inmuebles; empero, a su demanda inicial no adjuntó documental alguna que permita inferir lo que afirma; de ahí que, atendiendo a esa circunstancia hace que tenga la obligación de demostrar, aunque sea en forma indiciaria o presuntiva, el derecho que le asiste sobre los bienes que dice le pertenecen. Sustenta tal determinación la Jurisprudencia número 1a./J.4/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 515, del Tomo XXIX, del mes de abril de dos mil nueve, Materia Común, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien. En la inteligencia de que el sentido del presente auto podría variar al resolverse la suspensión definitiva, en el caso de que sea cierto el acto que se reclama y se justifique el interés jurídico del quejoso, aunque sea de manera indiciaria o presuntiva." Con independencia de lo anterior, el suscrito considera que, en el caso, es improcedente conceder la suspensión provisional en la forma solicitada, toda vez que de concederse se daría efectos restitutorios que son propios de la sentencia de amparo que se dicte en el juicio principal. Estimación a la que se arriba partiendo de la premisa de que la ejecución del acto reclamado consistente en la orden de que la agraviada no realice trámites administrativos antes las instituciones del registro público y catastro; luego entonces, de conceder la medida precautoria podría quedar sin materia el juicio de amparo; máxime que los actos reclamados provienen de la materia penal, por lo que se hace necesario contar con mayores datos que revelen el origen de los mismos, pues podría tratarse de una medida técnica de investigación o medida cautelar. De ahí que será precisamente en la sentencia que se emita en el juicio principal donde se decida sobre la inconstitucionalidad de la referida determinación y, de ser así, se ordenará la cancelación de dicha orden y, por consecuencia, resulte improcedente conceder la suspensión provisional solicitada, toda vez que, como ya se dijo, de concederse se le estarían dando efectos restitutorios que son materia del fondo del asunto, al ser precisamente una consecuencia de los actos reclamados en el procedimiento y en el que se hará el análisis de constitucionalidad respecto a las garantías de audiencia y legalidad de que se duele la agraviada. La determinación que antecede encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia número 12, de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, de la Quinta Época del Apéndice 2000, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 13, y que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". De igual manera, tiene aplicación a lo antes considerado la tesis de jurisprudencia número 1090, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 756, que por rubro y texto dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, toda vez que ********************, no están dados de alta en el aludido sistema, únicamente se le faculta para los efectos precisados en la parte final del citado precepto legal. Respecto a la solicitud de la parte agraviada de que se le permita acceso al expediente electrónico con claves de usuario "********************" y "********************", asociados a los correos electrónicos que refiere, registrados ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le autoriza su petición únicamente por lo que hace a este asunto; de ahí que se instruye al personal de este juzgado para que habilite el alta de los citados usuarios en el sistema correspondiente para el efecto solicitado; igualmente, para que se le realicen vía electrónica las notificaciones que ameriten el carácter de personal, con sustento en el numeral 26, facción IV, de la legislación que rige este juicio. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe. Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el *** signado por ***; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado María Dolores Camacho Díaz, Secretario que actúa y da fe.
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