Isabel Meza Escobar
Expediente 1117/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Isabel Meza Escobar
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, por medio del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 1117/2023, así como de diez traslados que se anexaron al oficio 27761/2023 del índice de este juzgado federal, que le fueron remitidos con motivo del conocimiento previo planteado por este juzgado de distrito en auto de siete de septiembre del año en curso; asimismo, refiere avocarse al conocimiento del asunto, en términos de los artículos 45 fracción II y 46 fracción II del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el diverso que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales. Bajo ese contexto, este juzgado toma debido conocimiento y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en el numeral 2º, agréguese a estos autos para su correcta integración. En ese contexto, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, toda vez que el presente cuaderno de antecedentes, se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 19 inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, el cual a la letra dice: "Artículo 19. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expediente a) Cuadernos de antecedentes; b) Incompetencias; c) Expedientes varios; d) Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y (.) Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, una vez al año y, previamente a la realización de la visita de inspección, deberá destruir estos expedientes y remitir, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. (.)" En tal virtud, este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado acuerdo, dése cumplimiento y procédase a su destrucción. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho, en contra de actos reclamados de la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec con residencia en Tecámac, Estado de México y otras autoridades, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1117/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Estudio de la demanda. Previo acordar lo que en derecho corresponda, es necesario establecer que la quejosa Isabel Meza Escobar, señala como actos reclamados a las autoridades responsables los siguientes: "V.- ACTO RECLAMADO. La orden de lanzamiento = emitida en mi contra por la autoridad judicial señalada como ordenadora = del inmueble que actualmente se ubica e identifica en **********. (.)" Ahora bien, en principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." [Énfasis añadido] Dicho dispositivo legal, contiene reglas de competencia basadas en la posibilidad de ejecución material del acto reclamado, de tal suerte que si éste es susceptible de ser ejecutado, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción haya de efectuarse tal ejecución, es decir, para fijar la competencia del juez de distrito, debe tomarse en cuenta el lugar en donde se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Pues del análisis del citado numeral se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que a saber son: La primera regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto que es de aquellos que después de su emisión por su índole requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda regla constituye un matiz, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión, en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que hayan prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el último párrafo del precepto en comento se establece la última regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. En este caso, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclame (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de este ámbito territorial de jurisdicción del juez federal, para que este sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Ahora, como ha quedado precisado en líneas precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; hipótesis que en el caso que se analiza se surte; de ahí deriva la incompetencia de esta autoridad jurisdiccional, dado que dentro del territorio en que ejerce jurisdicción se desprende que no tendrá ejecución el acto reclamado. Así las cosas, de la lectura integral de la demanda de amparo presentada por **********, se desprende que señala como actos reclamados la orden de lanzamiento emitida en contra de la quejosa por las autoridades señaladas como responsables respecto al inmueble ubicado en **********, lo que pone en evidencia que surte la hipótesis contenida en la primera regla, dado que el acto reclamado debe tener ejecución en el municipio de Tecámac, Estado de México, y no en la jurisdicción de este órgano; esto es en Naucalpan de Juárez. Por lo cual, es inconcuso, que en ese lugar, es en dónde se ejecuta el acto reclamado; por tanto, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubica el inmueble motivo de la Litis en el juicio de origen. Por tanto, es patente señalar que los actos reclamados no conllevan ejecución en la jurisdicción de este juzgado, pues atendiendo a la naturaleza de éstos sus efectos se trasladan directamente al domicilio en donde se encuentra ubicada la fuente de trabajo del quejoso; es decir, la ejecución de los actos reclamados ocurren fuera del territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. Es aplicable la tesis número I.1o.A.44 A, de la Novena Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, del Tomo XIV, del mes de agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." De igual forma, orienta la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, página 84, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material." En virtud a lo anterior, este órgano de control constitucional, estima que corresponde al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, en turno, es competente para conocer de este asunto; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el numeral 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo y del Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo ese contexto, remítase al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, en turno, el cuaderno principal de este juicio, a efecto de que acuerde lo conducente, solicitando atentamente que de no contar con inconveniente legal alguno, remita el acuse de recibo respectivo e informe si acepta la competencia declinada. 4. Formación del cuaderno de antecedentes. Por lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente, se ordena la devolución de las constancias que fueron remitidas con el oficio de cuenta. 5. Autorizados y domicilio. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan para tales efectos en su escrito de demanda, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de lo contrario únicamente tendrán las facultades de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la Materia. 6. En términos del artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones las listas de este Juzgado. 7. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental1 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad competente Oficio
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