Isabel Mendoza Bernal

Expediente 385/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
385/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Isabel Mendoza Bernal

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual, solicita la devolución de los documentos que exhibió en el presente sumario constitucional. Al respecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de veintiséis de abril de la presente anualidad, por el que se ordenó su devolución y se le indicó la forma en que el personal de este órgano jurisdiccional se encuentra laborando a efecto de que comparezca a recibirlos.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y de la certificación secretarial que antecede, toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de siete de abril del año en curso; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, tomando en consideración que en el expediente obran documentos, conforme al artículo décimo octavo del referido Acuerdo en el párrafo que antecede, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este Juzgado Federal a recoger el documento que exhibió en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo, en el referido plazo, dicho documento será destruido. En consecuencia, y en términos del artículo 6o. del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se previene a la parte quejosa para que, en caso de que sea su deseo comparecer a recoger el aludido documento, lo informe a este órgano jurisdiccional, con la anticipación debida, a fin de que se genere el Código QR respectivo para que pueda ingresar al edificio sede donde se localiza este juzgado federal, y este le sea proporcionado. No obstante, a fin de que el quejoso esté en aptitud de elegir el día y hora para comparecer a la diligencia correspondiente, y evitar saturar la agenda con citas infructuosas, se le requiere para que agende una cita desde el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que recoja el documento respectivo. Ahora, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Por otra parte, una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Atento a ello, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo ***, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En el particular, el promovente señala como omisión reclamada, la falta de contestación a su escrito de petición, presentado ante la oficialía de partes de la autoridad responsable el nueve de marzo del año en curso, atento a lo cual, en el caso, se estima se actualiza la causal de improcedencia. Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos ***, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo u omisión reclamada, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. En la especie el quejoso señaló como omisión reclamada, la falta de contestación al escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintidós en la oficialía de partes del Ayuntamiento de Cuapiaxtla, Tlaxcala, razón por la cual a la fecha en que promovió la demanda de amparo que nos ocupa (seis de abril de dos mil veintidós), no se tiene certeza de que la autoridad responsable haya atendido dicho derecho de petición. Del precepto invocado se advierte que la Constitución del Estado de Tlaxcala, prevé que el término para la contestación al derecho de petición es de treinta días hábiles, lo cual resulta relevante para evidenciar que la autoridad responsable a la fecha de presentación de la demanda, no han incurrido en la omisión reclamada. Esto es, la petición cuya respuesta reclama la parte quejosa, fue recibida por las autoridades responsables el nueve de marzo del año en curso y la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada el seis de los actuales; por lo que han trascurrido veinte días hábiles para que la autoridad que señaló como responsable proveyera lo conducente a su solicitud. Lo expuesto anteriormente demuestra que el peticionario de amparo no ha sufrido afectación real y actual a su derecho de petición, pues la autoridad responsable se encuentra en aptitud de dar contestación a su escrito dentro del plazo previsto en la Constitución local. Consecuentemente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, lo procedente es DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA de derechos fundamentales. Se concede a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico, quien cuenta con registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario ***; por tanto, se faculta al analista jurídico SISE adscrito a este juzgado para que realice la autorización correspondiente. También, se autoriza que las notificaciones a la parte quejosa se realicen de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Sin que haya lugar a tener por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señaló en su escrito de demanda, toda vez que como quedó asentado en el párrafo que antecede y atendiendo a su petición, las notificaciones que le correspondan se realizarán de manera electrónica. Por otra parte, téngase a ***, como autorizados en términos restringidos del artículo ***, por así solicitarlo expresamente. Se tiene por señalado el correo electrónico para efecto de entablar comunicaciones no procesales; en la inteligencia de que las mismas no constituyen un medio para oír y recibir notificaciones ni sustituyen las que legalmente se le practiquen en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento a las partes para que manifiesten si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales al hacerse pública la presente; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva a que la sentencia respectiva se publique con supresión de datos. Se instruye a la secretaria encargada del expediente para ingrese en el módulo Sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el presente proveído cuidando los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En la inteligencia de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución.

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