Isabel Mayen Sánchez y Otros.
Expediente 1363/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1363/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Isabel Mayen Sánchez y Otros.
- Isabel Mayen Sánchez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa por Isabel Mayen..., en su carácter de representante común de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el quince de noviembre del año en curso. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de quince de noviembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo por los motivos ahí expuestos. En ese tenor, desde este momento solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, oficio con el escrito de expresión de agravios y boleta de turno de manera digitalizada. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario a fin de que esté en posibilidades de substanciar el recurso en cuestión; por tanto, una vez que se cuente con dicha papeleta de turno relativa al medio de impugnación, sin ulterior acuerdo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 3 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícese la vinculación de las constancias a fin de adoptarse como eje rector la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, se instruye al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado Federal, así como a la sección de actuaría para que así se pueda visualizar la totalidad de las constancias que lo integran, garantizando tanto la vinculación del expediente electrónico, como la actualización de los datos de captura de dicho Sistema; en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1237. Notifíquese.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN Téngase por recibido el escrito signado por los quejosos..., por medio del cual desahogan en sus términos la prevención formulada por auto de treinta y uno de octubre del presente año; asimismo aclaran que por error señalaron como autoridades responsables a: "RESIDENCIA TULTITLÁN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL ESTADO DE MÉXICO" y "LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS DEL EJIDO ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE JILOTZINGO, ESTADO DE MÉXICO", cuando lo correcto es: ? LA RESIDENCIA NAUCALPAN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL ESTADO DE MÉXICO. ? ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS DEL EJIDO ESPIRITU SANTO, MUNICIPIO DE JILOTZINGO, ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LOS SEÑORES ******************** Y ********************, EN SU CARÁCTER DE PREDIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO RESPECTIVAMENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE JILITZINGO, ESTADO DE MÉXICO. Por tanto, se procede a proveer lo conducente: ACTOS RECLAMADOS Del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama de manera destacada: a) Haber permitido a Eduardo Pérez Hernández el acceso y voto -con poder notarial- en la elección de órganos de representación del ejido ********************, en la Asamblea General Extraordinaria de Ejidatarios de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. b) La propuesta de la planilla amarilla efectuada en la asamblea aludida, para que los integrantes de dicha planilla desempeñen los cargos de presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal y sus respectivos suplentes, así como de presidente, primer secretario y segundo secretario del consejo de vigilancia y sus respectivos suplentes; debido a la disparidad de género de la misma c) La aprobación, aceptación y sanción del procedimiento de elección que se dio respecto a planilla en la referida asamblea, como ganadora. d) La calificación registral positiva, inscripción y registro que de manera inminente pretende darse al acta de asamblea de veintidós de septiembre de este año. De lo anterior se colige que la parte quejosa cuestiona -fundamentalmente- el procedimiento de elección de la "planilla amarilla" -para que sus integrantes desempeñen los cargos de presidente, secretario y tesorero, del comisariado ejidal, así como presidente, primer secretario y segundo secretario del consejo de vigilancia, y sus respectivos suplentes-, llevado a cabo en la Asamblea General Extraordinaria del ********************, de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por parte de la Asamblea General de Ejidatarios del citado Ejido; así como su futura inscripción y registro en el Registro Agrario Nacional. DESECHAMIENTO El suscrito considera que el presente juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del análisis de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable siempre que sus actos sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, se puede desprender con claridad que el juicio de amparo procede únicamente en contra de "actos de autoridad", concepto que no puede recaer a los actos aquí impugnados, toda vez no reúnen las características de obligatoriedad y unilateralidad que revisten a los actos de imperio. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." En ese sentido, es necesario atender a la naturaleza del acto que se impugna para determinar si proviene o no de una autoridad o de un particular con carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio constitucional. Para lo anterior, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Federal; y 22, 23, 32, 33, 36, 99 y 107 y 198 de la Ley Agraria, los cuales disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 27. [.] VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas [.] La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. [.]". Ley Agraria en vigor. "Artículo 22. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo". "Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido". XVI. "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente". "Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido". "Artículo 36. Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado; III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido". "Artículo 99. Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal". "Artículo 107. Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este Capítulo". "Artículo 198.- El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre: I.- Cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; II.- La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales; o III.- La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria." De los numerales transcritos se desprende que constitucionalmente se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales, cuyo órgano supremo es la Asamblea General, con la organización y funciones que señala la ley, así como sus facultades; demás, establecen que el Comisariado Ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, su constitución, facultades y obligaciones; así como del Consejo de Vigilancia; y los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad. De ahí, que los actos reclamados no puedan considerarse como de autoridad para los efectos del amparo, toda vez que ninguno de los normativos transcritos les otorga a los miembros de la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido Espíritu Santo, Municipio De Jilotzingo, Estado De México, la facultad de imperio, sino se encuentran en una relación de coordinación; lo que se corrobora con el numeral 21 de la legislación agraria, que dispone: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia". En efecto, de la norma inserta se obtiene que la Asamblea, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia son órganos del ejido, esto es, no son órganos del Estado; por tanto, al no ser los ejidos entes estatales, sus autoridades no lo son para efectos del juicio de amparo. Máxime que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Agraria, la Asamblea y Comisariado Ejidales no podrían ser considerados en estricto sentido autoridades del Estado, pues desde su iniciativa de diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se les perfiló no como "autoridades", sino como órganos de representación y ejecución del ejido, en los términos siguientes: "[.] El ejido y los ejidatarios. Los núcleos de población ejidal y comunal demandan autonomía y libertad. Por ello, la transferencia de funciones a los campesinos es un objetivo de la transformación institucional que persigue la iniciativa. En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. La asamblea general, compuesta por todos los ejidatarios del núcleo de población, es el órgano supremo del ejido. Le corresponde decidir sobre las cuestiones de mayor importancia para el núcleo de población, fijándose los requisitos y formalidades para su instalación y para el ejercicio de su facultad de resolución en casos especiales. El comisariado ejidal será el responsable de la representación legal del núcleo y de la administración de sus bienes, mientras el consejo de vigilancia verificará su correcto ejercicio administrativo. La existencia de estos órganos no menoscaba la capacidad de la asamblea para designar otros que tengan por finalidad el mejor aprovechamiento y administración de los recursos del ejido. [.]". Al respecto, los artículos 23 y 27 de la Ley Agraria, de los cuales el primero se transcribió previamente, y el segundo establece: "Artículo 27. Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea." De tales numerales se desprende que la asamblea, como órgano supremo del ejido, tiene facultades relacionadas con la administración, modificación, distribución y terminación del ejido, así como al reconocimiento, separación de ejidatarios y lo concerniente a la regularización de los posesionarios; facultades que solo inciden al interior del ejido, por lo que son de índole netamente decisoria, en oposición a las ejecutivas; por ello, la Ley Agraria dispuso un órgano ejecutivo del ejido, encargado de la representación y gestión administrativa del núcleo de población ejidal, así como de la ejecución de las decisiones de la asamblea, es decir, el Comisariado Ejidal; asimismo, que las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias tanto para los ausentes como para los disidentes, de igual manera, que en caso de empate, el Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. Sin embargo, esto no significa que, para efectos del juicio agrario, se considere que los actos de la asamblea son "resoluciones emitidas por una autoridad agraria", en términos de la fracción III del artículo 198 de la Ley Agraria, por el contrario, la Ley Orgánica de los Tribunal Agrario, no caracteriza las determinaciones de la asamblea como actos de autoridad agraria, sino que las distingue de éstas. Además, como se ha visto, aun ante lo dispuesto en el numeral 5º, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, que prevé que "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.", los órganos agrarios, como son la Asamblea, el Comisariado de Bienes Comunales o Consejo de Vigilancia de una comunidad agraria, no pueden estimarse como "autoridad" para efecto del juicio de amparo, ya que los actos que pueden desplegar no son equiparables a los de una autoridad ni derivan de funciones determinadas por la ley con tal alcance, porque por disposición del artículo 27, fracción VII, constitucional y, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 99 y 107 de la Ley Agraria, no se ubican en un plano de supra a subordinación frente a los particulares que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sin posibilidad para el gobernado de acudir a algún procedimiento ordinario para dirimir las diferencias que surjan de su actuación. Al respecto, se invoca el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, VI.2o.A.45, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1697, de registro digital 183607, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. De conformidad con lo señalado en los artículos 21, fracción I, 22, párrafo primero, 23 y 27 de la Ley Agraria vigente, la asamblea general de ejidatarios es la máxima autoridad ejidal y tiene conferidas diversas facultades, en cuyo ejercicio puede crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho; sin embargo, para los efectos del juicio constitucional no ostenta el carácter de autoridad, pues sus acuerdos son obligatorios únicamente para los ejidatarios, no ejecutables contra su voluntad, de manera que se trata de cuestiones entre particulares, sin imperio ni coerción. En la iniciativa de la Ley Agraria que propuso el presidente de la República a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se concibe a la asamblea general de ejidatarios como el órgano supremo del ejido, con facultades para decidir sobre cuestiones importantes para el núcleo de población (como las que enumera el artículo 23 de la Ley Agraria), empero, desde la iniciativa en mención se estimó que la asamblea de ejidatarios no es una autoridad agraria, en consecuencia, tampoco puede serlo para los efectos del juicio de garantías, porque carece de imperio y coercitividad para ejecutar sus propios acuerdos o llevar a cabo el cumplimiento de sus determinaciones." Máxime que de la Ley Agraria no se advierte que la Asamblea, el Comisariado Ejidal o Comunal o Consejo de Vigilancia, cuenten con facultades para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, pues para ello, la propia ley establece los procedimientos para controvertir esas decisiones ante el Tribunal Agrario respectivo. De ahí que la relación que tengan los órganos del ejido con los particulares no pueda considerarse como de autoridad, en un plano de supra a subordinación, sino, en todo caso, de coordinación, en un mismo plano de igualdad, carente de imperio; por ende, se concluye que no es autoridad y tampoco es un particular equivalente a autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2184, Décima Época, registro digital 2008595, del rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." Por lo anterior, se concluye que el juicio de amparo no es la vía idónea para combatir el procedimiento de elección (aprobación, aceptación o sanción) de la planilla amarilla efectuada en Asamblea General Extraordinaria del ********************, de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, para que sus integrantes desempeñen los cargos de presidente, secretario y tesorero, del comisariado ejidal, y sus respectivos suplentes, así como para desempeñar los cargos de presidente, primer secretario y segundo secretario del consejo de vigilancia, y sus respectivos suplentes; puesto que se tratan de actos de carácter interno de los núcleos de población. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Julio de 1992, página 334, Materia Administrativa, Octava Época, registro digital 218901, del rubro: "AGRARIO. ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. LEGALIDAD DE LA. EL JUICIO DE AMPARO NO ES LA VIA IDONEA PARA IMPUGNARLA. El juicio de garantías no es la vía idónea para combatir la ilegalidad de las Asambleas Generales de Ejidatarios, puesto que para ello existe un procedimiento especial previsto en la Ley de la Reforma Agraria. En el capítulo correspondiente a la "nulidad de actos y documentos que contravengan las leyes agrarias" en los artículos 406 a 412 se detalla el procedimiento a seguir para impugnar de ilegales tales actos y, por su parte, el artículo 36 de la propia Ley dispone: "Toda controversia sobre la legalidad de las convocatorias, la validez de las Asambleas Generales y la fidelidad de las actas correspondientes será resuelta por las comisiones agrarias mixtas, conforme al procedimiento establecido en esta Ley". Es por medio de este mecanismo como debe impugnarse la validez de una Asamblea y no a través del juicio de garantías, que es un medio extraordinario de defensa, no previsto para la anulación de actos de carácter interno de los núcleos de población; además, no le es permitido al juez de amparo substituirse en las facultades que son propias de las autoridades agrarias; por ello previamente al amparo, para combatir la ilegalidad de una Asamblea General de Ejidatarios, se debe acudir ante la Comisión Agraria Mixta." En la inteligencia que, respecto de los actos de ejecución que se atribuyen a las autoridades registradoras agrarias, consistentes en la futura inscripción y registro de la determinación aprobada en la Asamblea General Extraordinaria del ********************, de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por parte de la Asamblea General de Ejidatarios del citado Ejido, en el Registro Agrario Nacional, debe decirse que de conformidad con el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, sus delegados y registradores están facultados para ejercer la función registral de los actos y documentos objeto de registro, calificar e inscribir la transmisión de derechos agrarios, cancelar y emitir nuevos certificados de derechos agrarios, los cuales constituyen actos y resoluciones dictados por autoridades agrarias que alteran, modifican o extinguen un derecho o determinan la existencia de una obligación. Sin embargo, cuando se reclame un registro o inscripción, sin que tal acto haya sido realizado en forma autónoma, sino con motivo de lo ordenado en la asamblea general de ejidatarios, se asume que actúa sin imperio por lo que en ese supuesto, también resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra; lo que es así, dado que el juicio de amparo indirecto es procedente contra los actos que se reclamen al citado Registro, siempre y cuando se promueva para combatir sus actuaciones por vicios propios, es decir, cuando la impugnación se refiera al incumplimiento de las obligaciones que la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional imponen al propio órgano y a sus funcionarios, por lo que en opinión del suscrito, no procede el citado medio extraordinario de defensa si el acto se reclama sólo como una mera consecuencia de la determinación de la asamblea general. En ese sentido, resulta orientador el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, XVII.2o.P.A.59 A (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, página 1661, de registro digital 2022549, que dice: "CANCELACIÓN DE DERECHOS SOBRE UNA PARCELA. CUANDO SE EMITE CON MOTIVO DE LO ORDENADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Y NO EN FORMA AUTÓNOMA POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta las causales de improcedencia analizadas, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Finalmente, atento a la aclaración que realiza la parte quejosa en torno al nombre correcto de las autoridades responsables arriba precisadas, se instruye al oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado Federal, para que en coordinación con el Actuario de la Adscripción, realicen las modificaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio singado por el representante legal del Director General; Comité de Pensiones; y Unidad de Atención al Derechohabiente de Zumpango, todas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual informa las gestiones realizadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia del dictamen de pensión ********************; asimismo, solicita una prórroga a efecto de dar total cumplimiento. En consecuencia, se toma conocimiento de lo informado y, con fundamento en el artículo 297, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede la prórroga solicitada por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le realice. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de los cursantes, para el caso de incumplimiento. Notifíquese.
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