Isabel Martínez Yáñez

Expediente 603/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
603/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
07/08/2019

Partes del expediente

  • Isabel Martínez Yáñez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al gestionante del amparo en proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló en dicho auto, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por **********, mediante el cual aduce cumplir con la prevención efectuada el diez de julio pasado, donde se requirió a su representante ***********para que por escrito, y con copias suficientes para correr traslado a las partes: "Acredite con documento fehaciente el carácter que ostenta de representante y/o autorizado de ************, dentro del juicio laboral 1735/2009 de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta localidad. Precise si realmente lo que reclama es la omisión por parte de la autoridad en ordenar el cumplimiento al laudo dictado en el julio laboral que se hace referencia en el punto que antecede. De lo expuesto se advierte que la prevención efectuada el diez de julio del año en curso no se puede tener por cumplida por la gestionante, en virtud de que con el escrito que se acuerda, Isabel Martínez Yáñez, pretende desahogar dicha prevención suscribiendo el ocurso de cuenta; sin embargo, debe decirse que el requerimiento efectuado en el auto de prevención fue para que Juan Carlos Rico Paredes acreditara con documento fehaciente el carácter conferido en el procedimiento de donde emerge el acto reclamado, es decir, como representante y/o autorizado de la gestionante. Y es que, de tenerla cumpliendo con el aludido requerimiento, se quebrantarían las reglas concernientes a los plazos oportunos y personas legitimadas para promover el juicio de amparo, que informan que la demanda debe ser presentada dentro de los plazos que la Ley de Amparo precisa y por la parte a quien perjudique el acto de autoridad o por su legítimo y demostrado representante, de conformidad con lo que establece el artículo 6o. de Ley de Amparo. Ya que, de acordar de conformidad su petición, implicaría permitir que ante el fenecimiento fatal del plazo para la presentación de la demanda, una persona promoviera a nombre de otra, ostentando una representación y bastaría que después, en la secuela procesal, se apersonara la directamente agraviada u otra persona que acreditara ser su representante, para que se enmendara esa irregularidad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C.363 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Novena Época, visible en la página, 1418, que por rubro y texto establece: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. EL AUTO QUE PREVIENE PARA ACREDITAR LA DE QUIEN PRESENTÓ LA DEMANDA, NO PUEDE ESTIMARSE SATISFECHO POR LA COMPARECENCIA DIRECTA DEL REPRESENTADO, SINO QUE DEBE DESAHOGARSE POR QUIEN SE OSTENTÓ COMO REPRESENTANTE. Cuando la demanda de garantías se presenta por una persona en representación de otra y el juzgador de amparo previene al promovente para que acredite su personalidad, la circunstancia de que el supuesto representado comparezca por su propio derecho a continuar el trámite del procedimiento no puede tener el efecto de tener por desahogado ese requerimiento ni subsanada la irregularidad advertida en la presentación de la demanda, porque de ser así se quebrantarían las reglas concernientes a los plazos oportunos y personas legitimadas para promover el juicio de amparo, que informan que la demanda debe ser presentada dentro de los plazos que la Ley de Amparo precisa y por la parte a quien perjudique el acto de autoridad o por su legítimo y demostrado representante, de conformidad con lo que establece el artículo 4o. de la misma legislación. De no respetarse estas normas podría suceder que ante el fenecimiento fatal del plazo para la presentación de la demanda, una persona promoviera a nombre de otra, ostentando una representación que en realidad no tiene y bastaría que después, en la secuela procesal, se apersonara el directamente agraviado para que se enmendara una irregularidad insuperable, lo que entrañaría una elusión jurídicamente inaceptable." Criterio que, dicho sea de paso, ha sido confirmado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, al resolver el amparo en revisión administrativo 356/2011 de su índice. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada la prevención de que se trata, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto de diez de julio de dos mil diecinueve. En la inteligencia que al haber atendido el aludido requerimiento el cuarto día de los cinco que se otorgaron para ello, el día restante para desahogarla se computará a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que de este auto se practique a la parte quejosa. Es aplicable a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 133, Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda."

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *************, quien aduce ser autorizado de ***********; contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta localidad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 603/2019-I. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones III y IV del numeral 114, en relación con el artículo 108, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La primera irregularidad surge de lo estipulado en la fracción I del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. En el caso concreto, **********, acude a la presente instancia aduciendo ser autorizado de **********; empero, ningún documento adjuntó para acreditar dicha personería, por lo que es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión en acápites anteriores. Entonces, al constituir la personería un presupuesto procesal de análisis oficioso, es que debe quedar completamente satisfecha desde la radicación de la demanda B) La segunda irregularidad advertida emerge de lo establecido en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta que textualmente dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto el impetrante en su demanda de amparo, en específico, en el capítulo atinente al acto reclamado señaló en concreto lo siguiente: ".EL QUE LA RESPONSABLE, SIN FUNDAMENTACIÓN Y SIN MOTIVACIÓN SEA INDOLENTE, EN ORDENAR EL CUMPLIMIENTO CABAL TOTAL INTEGRO RESPECTO DEL LAUDO, DICTADO, MEDIANTE LOS MEDIOS DE APREMIO QUE LA LEY LE CONFIERE, QUE LE FUERAN SOLICITADO, RESPECTO VERSUS DE LOS TERCEROS INTERESADOS, EN CONTRAVENCIÓN AL ORDINAL 17 DEL PACTO FEDERAL." Sin embargo, a consideración del suscrito, se debe atender no únicamente lo que en apariencia reclama el quejoso, sino analizar clara y precisamente lo que en esencia se duele, por lo que resulta necesario requerirlo a efecto de que indique si de lo que en realidad se duele es de la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en ordenar el cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 1735/2009 de su estadística; aclaración que resulta necesaria por ser determinante para poder sustanciar el sumario. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones I y IV, en relación con el 114, fracciones III y IV, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Acrediten con documento fehaciente el carácter que ostenta de representante y/o autorizado de *********, dentro del juicio laboral 1735/2009 de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta localidad. Precise si realmente lo que reclama es la omisión por parte de la autoridad en ordenar el cumplimiento al laudo dictado en el julio laboral que se hace referencia en el punto que antecede. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe señalar que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Por lo que la necesidad de que autorizado y/o representante de la parte quejosa desahogue el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza a Juan Carlos Rico Paredes, el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando su nombre de usuario dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE.

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