Isabel Marin Corroy

Expediente 618/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
618/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Isabel Marin Corroy

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que la quejosa Isabel Marín Corroy, interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo, transcurrió del treinta y uno de agosto al seis de 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González septiembre de dos mil veintidós, con exclusión de los días tres y cuatro de septiembre del año en curso, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General, así como en la relación que se integre. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Isabel Marín Corroy, contra el acto del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente 618/2022-II, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. Por otra parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, respecto al acto reclamado del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, consistente en la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual, la Conciliadora adscrita al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, determinó ser incompetente por jurisdicción para conocer de la solicitud con número de identificación único CARM/AP/01512-2022, realizada por la quejosa para llevar a cabo la conciliación prejudicial con la Universidad Autónoma del Carmen, resolvió que la competencia para conocer de dicha solicitud recae en el Tribunal Burocrático del Estado de Campeche y ordenó remitir la petición realizada por la quejosa a ese Tribunal, por lo que remitió se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, interpretó la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, entendiéndose como tal aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta ejecutoria emergió la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, intitulada: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En el caso que nos ocupa, el examen de la demanda de amparo, pone de manifiesto que la Conciliadora adscrita al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, determinó ser incompetente por jurisdicción para conocer de la solicitud con número de identificación único CARM/AP/01512-2022, realizada por la solicitante Isabel Marín Corroy para llevar a cabo la conciliación prejudicial entre ésta y la Universidad Autónoma del Carmen, por ende, ordenó la remisión de esa solicitud al Tribunal Burocrático del Estado de Campeche, a quien consideró competente para conocer de dicha conciliación. Ahora bien, la decisión de incompetencia emitida por la Conciliadora adscrita al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, no tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que existe posibilidad de que el Tribunal Burocrático del Estado de Campeche, a quien consideró legalmente competente, se niegue a conocer del asunto. Se afirma lo anterior, en razón de que un Centro de Conciliación Laboral no está facultado, en términos procesales, para formular una inhibitoria sobre el conocimiento de un asunto, ni declararse incompetente por declinatoria, pues ello está reservado sólo a los tribunales en distintos supuestos dentro de la etapa judicial, que sigue a la prejudicial conciliadora. Además, de los artículos 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 590-E y 590-F de la Ley Federal del Trabajo, 1, 2, 3 y 8 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, se advierte que dicho centro es un órgano descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, siendo sectorizado a la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche; tiene por objeto conocer de los conflictos laborales entre trabajadores y patrones en los asuntos del orden local y prestar el servicio público de conciliación laboral para su resolución, antes de presentar la demanda ante la instancia judicial. No se soslaya la ejecutoria que dio origen a la tesis aislada II.2o.T.19 L (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, de rubro: "CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. SUS DETERMINACIONES NO PUEDEN DAR LUGAR A LA CONFIGURACIÓN DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA P./J. 17/2015 (10a.) A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2019].", en la que se sostuvo de acuerdo al caso analizado que la decisión del Centro Federal de Conciliación del Estado de México, de declararse incompetente para conocer de un asunto sí tenía el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Empero, el caso específico analizado en dicha ejecutoria es diverso al que nos ocupa, porque en aquélla el Centro Federal de Conciliación del Estado de México, emitió declaratoria de incompetencia en los términos siguientes: "Respecto a su trámite iniciado ante este Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, se le informa que de acuerdo con los elementos registrados, resultamos incompetentes por jurisdicción, motivo por el cual no se interrumpe el término de prescripción de la acción que reclama. Correspondiéndole iniciar su trámite ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (T.E.C.A), y en el caso de no contar con representación legal, puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo." En cambio, en el caso sujeto a estudio la Conciliadora adscrita al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, no sólo emitió una declaratoria de incompetencia, sino que además ordenó la remisión de la solicitud de conciliación al Tribunal Burocrático del Estado de Campeche, por considerarlo competente para conocer del asunto. Lo anterior, significa que lo decidido por la Conciliadora adscrita al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, no tiene el carácter de definitiva porque existe la posibilidad de que el Tribunal Burocrático del Estado de Campeche, a quien consideró legalmente competente, se niegue a conocer del asunto, por tratarse de una determinación emitida por una autoridad administrativa que no está facultada, en términos procesales, para formular una inhibitoria sobre el conocimiento de un asunto, ni declararse incompetente por declinatoria, pues ello está reservado sólo a los tribunales en distintos supuestos dentro de la etapa judicial, que sigue a la prejudicial conciliadora. En consecuencia, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Isabel Marín Corroy, contra el acto de la Conciliadora adscrita al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, consistente en la solicitud con número de identificación único CARM/AP/01512-2022, realizada por la quejosa para llevar a cabo la conciliación prejudicial con la Universidad Autónoma del Carmen, resolvió que la competencia para conocer de dicha solicitud recae en el Tribunal Burocrático del Estado de Campeche y ordenó remitir la petición realizada por la quejosa a ese Tribunal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle Dzalan 23-B, entre Cencerro y Chechen, Colonia Maderas, de esta ciudad. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Julio César Matos Panti, Jacinto Cruz Pérez, Miguel Ucan Huchin, Dianey Ozorio Juárez, Isabelino Torres Reyes y Alejandro Chan Centurion, pues se advierte que después de una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se encontró que los autorizados de la parte quejosa cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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