Isabel Lopantzi Copalcua

Expediente 1150/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1150/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
11/05/2017

Partes del expediente

  • Isabel Lopantzi Copalcua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    En Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, once de mayo de dos mil diecisiete. Tribunal Colegiado remite ejecutoria Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; mediante el cual remite el juicio de amparo 1150/2016 promovido por Isabel Lopantzi Copalcua y la copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión administrativo 585/2016, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma el auto recurrido. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías número 1150/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovido por Isabel Lopantzi Copalcua, contra el acto reclamado consistente en la falta de notificación de la respuesta recaída al escrito de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del procedimiento administrativo 39/2015, del índice del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto; asimismo, comuníquese a las partes la ejecutoria de mérito. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, este expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, para constancia. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento aportado por la parte quejosa (fojas 16 a 19); con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de la misma y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante la Secretaria que autoriza, Olga Viviana López González. Doy fe.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; atento a su contenido, se le tiene comunicando el contenido del proveído dictado el cinco de los actuales, en el cual se admitió el recurso de revisión interpuesto por ********************, en contra de la resolución de quince de noviembre dos mil dieciséis dictada por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, el cual quedó registrado bajo el número 585/2016, de lo que este Juzgado de Distrito toma conocimiento.

  3. Principal

    Se tiene al quejoso Isabel Lopantzi Copalcua, interponiendo recurso de revisión en contra del auto mediante el cual se decretó sobreseimiento fuera de audiencia dictado el quince de noviembre del año en curso, en el presente juicio de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d) 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las demás partes copia simple del escrito de agravios, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Una vez que obren las constancias de notificación relativas y se encuentre debidamente integrado, sin mayor proveído, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el presente juicio de amparo, el original y copia del recurso de agravios correspondientes, para la substanciación respectiva.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Presidenta del Tribunal Superior de justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. A la documental que exhibe la autoridad responsable, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del contenido informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de la constancia que anexa al oficio de cuenta, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las siguientes consideraciones: El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se emitió la contestación correspondiente al escrito de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis así como su notificación (cuya omisión de ésta última, reclamó el quejoso), dentro de la queja administrativa 39/2015 del índice de la responsable, circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, mismo que fue notificado al quejoso el cuatro de noviembre de la presente anualidad -foja 40 vuelta-. En ese sentido, para mejor comprensión del presente proveído resulta conveniente señalar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual consiste en: La falta de notificación de la respuesta dada al escrito de petición del quejoso presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del procedimiento administrativo 39/2015 del índice del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Ahora, del análisis de la documental aportada por la Presidenta del Tribunal Superior de justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, se desprende que el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se notificó el proveído emitido en la misma fecha, en atención al escrito del quejoso presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis en la queja administrativa 39/2015 del índice del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, corroborándose dicha circunstancia con las copias certificadas de la notificación del referido proveído correspondiente al acto que se reclama. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al practicarse la notificación del proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis correspondiente escrito de veintiuno de septiembre de la presente anualidad que presentó el quejoso, tal como se advierte de la documental señalada, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se decrete el sobreseimiento en el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la falta de notificación de la respuesta dada al escrito de petición del quejoso presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del procedimiento administrativo 39/2015 del índice del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la falta de notificación de la respuesta dada al escrito de petición del quejoso presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del procedimiento administrativo 39/2015 del índice del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. En el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, adjuntó copia certificada del auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y la constancia de notificación dada al escrito de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, presentado ante la responsable por el quejoso, dentro de la queja administrativa 39/2015, en el que acordó lo siguiente: ... De igual forma, en la parte final del proveído transcrito, se advierte la presente certificación: Dicha resolución fue notificada al quejoso el cuatro de noviembre dos mil dieciséis -foja 40 vuelta-, tal como se advierte de la presente reproducción: De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele el quejoso se subsanó al realizarse la notificación correspondiente al acuerdo emitido en atención al escrito de veintiuno de septiembre del año en curso, presentado por el aquí quejoso, dentro de la queja administrativa 39/2015 del índice del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, en los términos apuntados. Sin que en el caso puedan analizarse las posibles omisiones o dilaciones subsecuentes en el trámite respectivo, pues la materia del presente juicio debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto, en virtud de que constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Sin que pase inadvertido que el quejoso, hizo consistir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, en la falta de notificación de la respuesta dada al escrito de petición del quejoso presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del procedimiento administrativo 39/2015 del índice del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, lo que trae como consecuencia la dilación procesal y el retraso del procedimiento, y el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis se haya emitido la contestación y practicado la notificación correspondiente al quejoso. No obstante tal determinación no es susceptible de ampliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, puesto que dicho precepto establece que la demanda de amparo se podrá ampliar siempre que no hayan transcurrido los plazos para su presentación y cuando los nuevos actos guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Lo anterior es así, toda vez que tal supuesto sólo se actualiza cuando se reclame violación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, cuando la omisión se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional no opera dicha regla, puesto que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17, de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. Pero sin llegar al extremo, de que por el simple hecho de que el quejoso, manifieste que la responsable transgrede con su actuar, su derecho de petición consagrado en el artículo 8, constitucional, por sí mismo, tal situación no puede ser, pues no se puede aislar tal circunstancia atendiendo a su origen. Sobre tal circunstancia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Séptimo Circuito, estableció que el derecho fundamental de petición que se consagra en el numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traducen en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Además, destacó que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo el quejoso alegó violaciones al derecho de petición, derivado de la falta de notificación al escrito presentado por el quejoso en la queja administrativa de origen, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado el quejoso. En virtud, de que el derecho fundamental de petición, es un derecho gestado y promovido en el seno del Estado democrático, único en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública, se respeta sólo si las autoridades proporcionan en sus respuestas a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas. Asimismo, estableció que dentro de la relación entre particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16; el primero, dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado, sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal; en específico regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento; y, el segundo de los numerales citados en su parte inicial consagra la garantía de legalidad. Por ello, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Y en razón de ello, la Primera Sala determinó que no es factible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales, el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe entenderse al que regula de manera integral su situación. Situación que será regulada por la norma secundaria aplicable a dicho procedimiento, por ello, es que no es dable que se impugne su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, será conforme lo establecido por la norma secundaria, y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud de particular, pues de considerar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. Así la trasgresión al artículo 8° constitucional, no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales, 14, 16 y 17, cuando el particular se encuentre dentro del procedimiento jurisdiccional, o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello, impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regula la referida situación. Por tanto, es de concluirse que al reclamarse en el presente asunto una omisión que contraviene al principio de justicia completa, pronta e imparcial que establece el artículo 17 Constitucional, del que deriva una determinación cuya omisión se reclama, lo cierto es que no comparten la naturaleza de la violación reclamada, pues mientras en un principio se reclamó la inactividad procesal, en el segundo se reclamaría la legalidad del dictado de una resolución dictada dentro del procedimiento jurisdiccional, contra el cual no procede la ampliación de demanda. Aunado a lo anterior, es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito señaló que los actos que reclama la parte quejosa no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo y, por tanto, se actualizaría la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: ... Ahora, para que los actos sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Nuestro más el Alto Tribunal, sostuvo que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Con base en tales premisas, es dable concluir que el quejoso se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, al no tratarse de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. En efecto, el objeto de la promoción del amparo es la falta de notificación de la respuesta dada al escrito de petición del quejoso presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del procedimiento administrativo 39/2015 del índice del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, traducido en la falta de prosecución del trámite, el cual se rige por una normativa que regula el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, siendo estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ello en atención a que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad, de ahí que de ampliar su demanda de amparo y señalar como acto reclamado el proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se dolería exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo podría ser la transgresión al artículo 8o. constitucional ante la falta de respuesta a su escrito de petición. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de dichos procedimientos, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, en el caso, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta y por ende, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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