Isabel Leon Dominguez

Expediente 929/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
929/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Isabel Leon Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 929/2023 ... ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. T... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La falta de fundamentación y motivación respecto del régimen de convivencia provisional decretada en la audiencia de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el expediente familiar ********************, relativa a la guarda y custodia provisional de las menores ********************, así como el convenio de cinco de septiembre del año dos mil veintitrés. En tanto que, respecto del diverso acto reclamado que señaló la parte quejosa en su demanda de amparo consistente en la violación al derecho de convivencia amplia con mis menores hijas; se precisa que no constituye un verdadero acto reclamado, sino que forma parte de las manifestaciones de inconformidad que aduce la quejosa vía conceptos de violación respecto a la vulneración a su derecho de petición; motivo por el cual, ante la obligación que se tiene de resolver la verdadera cuestión planteada, tal argumento se abordará, de ser procedente en el juicio, como parte de los conceptos de violación y no como acto reclamado destacado. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a foja sesenta y nueve del tomo VII, enero de 1991, octava época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 223603, del rubro: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION". Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto del mismo. TERCERO. Certeza de los actos. SON CIERTOS los actos reclamados, ya que así lo manifestó la autoridad responsable en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, ******************** demandaron en la vía de controversias del orden familiar, de la parte aquí quejosa ********************, entre otras prestaciones, la recuperación y resguardo provisional de las menores de identidad reservada ********************así como el reconocimiento legal de la guarda y custodia provisional de las menores, registrándose con el número ******************** del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. En auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda en la vía de forma propuesta; se señalaron las diez horas del día veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la audiencia de carácter familiar, se requirió a la parte actora para que hiciera comparecer a las menores de edad y se decretó como medida de protección a favor de las menores de identidad reservada ********************. hasta en tanto se desahogara la audiencia de referencia que la parte actora en el juicio de origen, ********************, ejercieran el resguardo y cuidado de las menores en su domicilio particular. Mediante comparecencia de doce de julio de dos mil veintitrés, el actor ********************, manifestó que las menores ********************; habían sido violadas, por lo que el Juzgado responsable ordenó la recuperación inmediata de dichas infantes. Mediante diligencia de recuperación de las menores de edad el trece de julio de dos mil veintitrés, la parte actora, en compañía del Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, Agente del Ministerio Público adscrito a dicho Juzgado y elementos de la policía municipal de esta ciudad, se constituyeron en el domicilio que habitaba la parte demandada a efecto de la entrega de las menores ********************. En atención a que con fecha veinticuatro de marzo, dos y once de mayo, diecisiete y veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, no pudo llevarse a cabo la diligencia de carácter familiar debido a la inasistencia de las partes, se citó a las catorce horas del cinco de septiembre de dos mil veintitrés para su verificativo. En audiencia de carácter familiar de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, con la asistencia del Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, Agente del Ministerio Público adscrito a dicho Juzgado, comparecieron a las oficinas de ese Órgano jurisdiccional, la parte actora, demanda, la perito en materia de psicología y las menores ********************, con la finalidad de escuchar a dichas infantes. Acto seguido, la perito en materia de psicología, procedió a realizar una entrevista breve y en privado a las menores de identidad reservada, a lo que las menores manifestaron que era su deseo dialogar con esa autoridad en presencia de la perito psicóloga presente y la representación social adscrita. Después de la entrevista a las menores, en uso de la voz, la perito psicóloga manifiesta que las menores de edad ********************; deseaban continuar viviendo con su progenitor, por lo que, la Agente del Ministerio Público manifestó que la audiencia que se desarrollaba era para pronunciarse respecto de la medida provisional de guarda y custodia. Por lo que, previo convenio de las partes respecto a la convivencia provisional con las menores, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca determinó como régimen de convivencia provisional de las menores de edad ********************. con su progenitora, la aquí quejosa ********************, el siguiente: "La ciudadana ********************, convivirá con sus hijas de iniciales ********************. todos los días sábados de la semana en un horario de diez de la mañana a las trece horas, en el domicilio de la parte actora ubicado en la calle ********************" Por lo que, la autoridad responsable previno a las partes para que observaran cabalmente la determinación de cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 22/91, registro 205800, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, página 60, por identidad de razón jurídica, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento". Ahora, del análisis de la demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte que no existen causas de improcedencia propuestas por las partes o que este Órgano jurisdiccional advierta de oficio; por tanto, se procede el análisis de la regularidad constitucional de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: 1. Que la autoridad responsable no fundamentó ni motivó el régimen de convivencia provisional decretada en la audiencia de carácter familiar de fecha cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el expediente familiar ********************, relativa a la guarda y custodia provisional de las menores ********************, pues se inobservaron que en las formalidades de un proceso cautelar debía analizarse el escenario más benéfico para el desarrollo integral de las menores. Agrega que las menores tienen el derecho de convivir con la quejosa en lo que se decide la guarda y custodia provisional (sic). SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. En principio se indica que, si bien es cierto que en el caso, opera la suplencia de la queja en toda su amplitud al estar inmiscuidos los intereses directos de las menores de iniciales ********************sin que sea determinante la naturaleza de los derechos familiares en controversia; ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en la contienda susceptible de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Empero, cierto es también que este Juzgado Federal no advierte que sea necesario suplir tal deficiencia, en razón de que la determinación que aquí se reclama fue dictada atendiendo el interés superior de las menores, en virtud de que las mismas fueron escuchadas en la diligencia de carácter familiar, así también fueron asistidas por un perito en materia de psicología. En ese contexto, el Máximo Tribunal de Justicia del País ha sostenido que el principio del interés superior del menor de edad implica que todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. ... En su demanda de amparo, la quejosa medularmente argumenta que la determinación de la diligencia de carácter familiar de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, carece de fundamentación y motivación. Esto porque, en su opinión, el Juez responsable no valoró las particularidades del caso para fijarle una convivencia provisional con sus hijas menores de edad. Dichos planteamientos son ineficaces. De inicio se tiene en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 139/2005, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE", en lo que interesa, interpretó lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional -que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan- y determinó que la fundamentación y motivación consiste en que en todas las resoluciones materialmente jurisdiccionales o cualquier tipo de acto de autoridad deben expresarse las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deben ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por tanto, la Sala concluyó que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional o cualquier acto de autoridad se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, donde se citen los preceptos jurídicos que permitían su emisión, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para dictar la resolución respectiva, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por otra parte, también es preciso transcribir el texto del artículo 268 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca, que establece lo siguiente: "Artículo 268.- Si el padre y la madre se separan o viven separados decidirán, de común acuerdo, quién atenderá la guarda y la custodia de los hijos. En caso de desacuerdo, o de advertirlo necesario, el Juez, con base en el interés superior de la niñez, a la opinión del Ministerio Público, y al resultado de las pruebas periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar que oficiosamente habrán de practicárseles a los progenitores, a sus parejas con las que éstos cohabiten y de la (sic) demás pruebas que estimen pertinentes, resolverá lo conducente a la designación de la persona que deba tener la guarda y la custodia del menor, teniendo como objetivo primordial, el cuidar, educar y respetar al niño, niña o adolescente, sin infringir actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica. [.]" De lo que se obtiene que el Juez mixto resolvió sobre las modalidades del derecho de convivencia provisional del menor con sus progenitores, atendiendo a su interés superior, valorando las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor a fin de determinar cuál es el ambiente que resulte más benéfico para que se lleve a cabo la interacción. Ahora bien, se recuerda que el acto reclamado se emitió dentro del expediente de controversia del orden familiar ******************** promovido por la aquí parte tercera interesada, frente a la aquí quejosa, en el que se llevó a cabo una diligencia de carácter familiar para determinar el régimen de convivencia provisional entre las menores de identidad reservada ********************. y sus progenitores. Luego, atento a la solicitud de fijación de convivencia provisional que efectuó ******************** y una vez tomada la escucha de las menores, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, el Juez mixto emitió el auto de la literalidad siguiente: "Enseguida, y a lo expuesto con antelación por los intervinientes, es menester precisar que las medidas tomadas en materia familiar, por su especial naturaleza, nunca causan estado, esto es, las determinaciones pronunciadas en los juicios que se ventilan en la vía de controversias del orden familiar pueden variarse o quedar superadas por una nueva determinación, en este sentido, visto lo expresado por los litigantes en esta audiencia, lo cual quedó asentado en líneas anteriores, de lo que se desprende principalmente que lo importante es restablecer de manera efectiva el derecho de convivencia del menor en conflicto con el progenitor no custodio, pues como ya se dijo, la convivencia es un derecho fundamental que corresponde a los niños y no a los progenitores, por eso, derivado del punto de acuerdo establecido por los comparecientes, relacionado al ejercicio efectivo en ese derecho, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 268 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca, atendiendo a lo manifestado por los comparecientes, esta autoridad con fundamento en el artículo 9º, párrafo tercero, de la Convención sobre los Derechos de los niños y 27 de la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes para el Estado de Oaxaca, determina como régimen de convivencia provisional de los niños de iniciales ********************de apellidos ********************con la progenitora ******************** el siguiente: La ciudadana ********************, convivirá con sus hijas de iniciales ********************de apellidos ********************, será todos los días sábados de la semana en un horario de diez de la mañana a las trece horas, en el domicilio de la parte actora ubicado en la calle ******************** Desde luego, esta determinación cobra vigencia y surte sus efectos a partir de este momento: POR LO QUE LAS PARTES DEBERÁN OBSERVAR PUNTUALMENTE LO AQUÍ HOMOLOGADO. ." En consecuencia, y toda vez que por auto de fecha cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se decretó la custodia provisional de las menores de edad en favor de su padre, que es con quien actualmente viven, de lo que se desprende que las menores al ser escuchadas por el Juez responsable manifestó la menor de iniciales M.Y.********************"cuando vivía en México la pareja de mi mamá el señor Melchor, me tocaba mi colita, por eso yo quiero vivir con mi papá". De ahí que como medida cautelar provisional este Juzgador estima ajustado a derecho decretar la convivencia provisional de las menores ********************de apellidos ********************, a favor de su progenitor ******************** y abuela paterna ********************, mismas que serán llevadas a cabo en el domicilio del tercero interesado, atendiendo a las consideraciones siguientes: Se previno a las los interesados la observancia total de la determinación del régimen de convivencia establecido por la autoridad. Requirió a los comparecientes a tomar las providencias necesarias a efecto que sus hijos convivan puntualmente con la aquí quejosa, tomando las determinaciones necesarias para exigir el cumplimiento de dicha convivencia. Se puntualizó que la convivencia provisional debe darse de manera respetuosa, con el fin de generar un ambiente sano y de seguridad para las menores involucradas, evitando situaciones que generen discusiones o agresiones físicas o morales que trasciendan a la salud física o emocional de éstos. Se exhortó a las partes a efecto de mantener el diálogo de respeto para procurar el sano desarrollo de las menores. En consecuencia, con la finalidad de garantizar que sí se lleven a cabo y se materialicen las convivencias entre madre e hijas, el Juez Mixto de Cosolapa estableció: Que la quejosa ********************, convivirá con sus hijas de iniciales ********************de apellidos ********************, los días sábados en un horario de diez de la mañana a las trece horas, en el domicilio de la parte actora ubicado en la calle ******************** Así, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, fundó y motivó su actuar en los siguientes ordenamientos: Artículo 268 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca: "Artículo 268.- Si el padre y la madre se separan o viven separados decidirán, de común acuerdo, quién atenderá la guarda y la custodia de los hijos. En caso de desacuerdo, o de advertirlo necesario, el Juez, con base en el interés superior de la niñez, a la opinión del Ministerio Público, y al resultado de las pruebas periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar que oficiosamente habrán de practicárseles a los progenitores, a sus parejas con las que éstos cohabiten y de la (sic) demás pruebas que estimen pertinentes, resolverá lo conducente a la designación de la persona que deba tener la guarda y la custodia del menor, teniendo como objetivo primordial, el cuidar, educar y respetar al niño, niña o adolescente, sin infringir actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica. [.]" Así como el artículo 9, párrafo tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño: "Artículo 9 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño." Y el diverso artículo 27 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca: "Artículo 27. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad, en términos de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de esta Ley. Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se realice en forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior." De lo anterior se obtiene que, para decretar el régimen de convivencias de los progenitores con las menores de identidad reservada ********************de apellidos ********************, el Juez responsable se allegó de los elementos que estimó pertinentes -manifestaciones de las partes verbales y por escrito, misma que obran en el expediente de origen ******************** y, sobre todo, la escucha del menor-, especificando que su decisión se apegó al interés superior de éste y al hecho de que no obra dato que permita afirmar válidamente que la interacción implica algún riesgo para el infante. Lo anterior, para concluir la medida cautelar provisional de que se trata, habría de materializarse en uno horario de las diez a las trece horas de los días sábados en el domicilio de la parte actora ubicado en la calle ******************** Así, en el caso, el Juez familiar decretó una convivencia provisional asistida con su progenitor en su domicilio particular, en beneficio del interés superior de las menores, tomando en cuenta las manifestaciones realizadas por las infantes ********************; y en atención a documentación recabada a la fecha de la celebración de la diligencia de carácter familiar de cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Lo anterior pone de manifiesto ante este Juzgador Federal que, frente a lo afirmado por la quejosa, la determinación de cinco de septiembre de dos mil veintitrés por la cual, se decretó el régimen de convivencia provisional sí se encuentra fundada y motivada, en tanto precisó los preceptos aplicables y expuso las razones que tuvo para emitirlo, así como los lineamientos para llevarla a cabo. Al margen de que en ese proveído no se invocan amplios motivos y fundamentos legales que sustenten ese proceder, esta Potestad Federal estima que el concepto de violación relativo a la indebida fundamentación y motivación, se torna ineficaz para obtener la protección constitucional solicitada. Es así porque, como se evidenció a suprapárrafos, el Juez mixto resolvió lo conducente sobre la convivencia provisional solicitada, de acuerdo a las particularidades del caso con los que en ese momento se advertían, a saber, la existencia de la carpeta de investigación ********************/2023 respecto a hechos probablemente constitutivos del delito equiparado a la violación, cometido en agravio de las menores J.Y.********************y M.Y.********************, por parte del menor ********************, primo de las menores aludidas, quien vivía en la misma casa que ellas y la aquí quejosa; así como las manifestaciones vertidas por las infantes al momento del interrogatorio realizado por la perito en materia de psicología, pues la menor J.Y.********************manifestó que con su papá se sentía segura, y la menor M.Y.********************manifestó que la pareja de la aquí quejosa realizaba tocamientos a su cuerpo, por eso decidía vivir con su papá. De modo que, en lo primordial, dio a conocer a las partes las razones y fundamentos legales de su proceder, pues señaló expresamente que la decisión partía del interés superior del menor, la falta de prueba que acreditara el riesgo de la interacción con el progenitor pero sobre todo, las circunstancias particulares del menor al haberse efectuado su escucha, y por manifestaciones vertidas por las propias menores de edad en presencia de la perito en materia de psicología y la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado mixto responsable. Por ello, se estima que dicho proceder cumple con las exigencias de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Luego, contra la apreciación del peticionario de amparo, este Juzgado Federal estima que el Juez responsable sí valoró las particularidades del caso, puesto que, de manera relevante, partió de las circunstancias que obraban en el expediente de origen. ... ... Más aún que la determinación de referencia puede modificarse al ser resolución judicial dictada con el carácter de provisional, misma que puede modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. Incluso, se prevé que las resoluciones judiciales declaradas firmes, en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, custodia, convivencia, interdicción, jurisdicción voluntaria y, las demás previstas por el citado Código Familiar aplicable, pueden alterarse y modificarse cuando se acredite que cambiaron las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción deducido en el juicio condigno. Esto quiere decir que serán en aquel momento procesal cuando, conforme a la forma en que se haya venido desplegando la convivencia provisional, o bien, allegados otros elementos relevantes para el caso, incluidos los reportes de las convivencias realizadas, el Juez mixto podrá variar, de manera fundada y motivada, el régimen de convivencia en el propio beneficio de las menores. Ello hasta en tanto se dicte sentencia que concluya los términos en que ésta habrá de concretarse. Por todo lo anterior, ante lo ineficaz de los conceptos de violación hechos valer y al no advertir queja deficiente a suplir, lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. Finalmente, cabe indicar que en el caso concreto, no se hará especial referencia a los alegatos formulados por la parte tercera interesada, en virtud de que, en ellos no se aduce la actualización de diversa causal de improcedencia ni sobreseimiento respecto del acto reclamado en el juicio de amparo. Ello en términos de la tesis P./J. 26/2018 (10a.), consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte la declaración de días inhábiles durante el periodo comprendido del dieciocho al veintisiete de los corrientes; por tanto, agréguese con esta data el escrito firmado electrónicamente por la apoderada legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de inconformidad contra el auto de seis de octubre del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la resolución dictada en este juicio de amparo. Por tanto, córrase traslado a las partes con el escrito de cuenta y una vez notificadas, con fundamento en los artículos 201 a 203 de la Ley de Amparo, remítanse los autos de este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para la substanciación del citado medio de impugnación. Fórmese cuaderno de antecedentes. Por último, se le tiene reiterando el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones y a las personas que autoriza para tal efecto, así como el usuario para consultar el expediente electrónico (acordado en auto inicial y en proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós). NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PERSONALMENTE A LA REPRESENTANTE SOCIAL ADSCRITA Y POR OFICIOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y TERCERA INTERESADA.Así lo proveyó y firma electrónicamente, Rodolfo Sánchez Zepeda, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Dámaris Angélica Arango Vera, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el escrito signado por los terceros interesados ...; visto su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos realizan, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, con el cual dese vista a las partes por un plazo de ocho días a efecto de que se impongan de su contenido. Ahora respecto a las pruebas documentales que menciona en su informe, se reserva acordar lo procedente hasta en tanto se reciban en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.

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