Isabel Jimenez Mejia

Expediente 1080/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1080/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Isabel Jimenez Mejia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Se tramitó incidente de suspensión. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Destino de cuaderno incidental. Respecto al original del incidente de suspensión, conforme lo establece el artículo 18, inciso a), del referido Acuerdo General, procédase a la correspondiente depuración, una vez transcurridos los TRES AÑOS posteriores a este acuerdo, dado el sentido de la suspensión definitiva. En la inteligencia que el duplicado del incidente de suspensión, según lo establece la fracción II, inciso a) del artículo 20 de tal Acuerdo, será destruido una vez transcurridos seis meses posteriores a la emisión del presente proveído que ordena el archivo del expediente. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se requirió a la quejosa ***********, para que en el término de veinte días, contado a partir del día siguiente al en que quedara notificado, compareciera a recoger los ejemplares correspondientes a los edictos ordenados para emplazar a juicio al tercero interesado Gerardo Menes Fernández, y acreditara haberlos entregado para su publicación, apercibido que de no hacerlo, este Juzgado Federal decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, siempre y cuando, no obrara en autos la manifestación expresa de la parte quejosa de su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza y que de las constancias que integran el presente asunto obraran indicios suficientes que corroboraran su manifestación. Luego, atendiendo a la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento aludido, puesto que no compareció a recoger los edictos, ni manifestó su imposibilidad para pagar su publicación; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, y en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio. En efecto, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." La actualización de la causal de improcedencia tiene su razón de ser en la contumacia en que incurre la parte quejosa al no desahogar el requerimiento que se le formuló, a efecto de estar en posibilidad de emplazar al tercero interesado Gerardo Menes Fernández, por medio de los edictos ordenados en autos, lo cual impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Es así, porque la fracción III inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si se desconoce el domicilio de la parte tercera interesada, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por medio de edictos al tercero interesado, siempre y cuando, no obre en autos la manifestación expresa de la parte quejosa de su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza y que de las constancias que integran el presente asunto obren indicios suficientes que corroboran su manifestación. Luego, en el presente asunto el emplazamiento del tercero interesado permitiría tener válidamente constituida la relación jurídica procesal, circunstancia que está condicionada a que la parte quejosa, en principio, compareciera a este juzgado federal a recibir los edictos para la correspondiente publicación, o en su caso, a efecto de manifestar la imposibilidad para pagar los edictos ordenados por auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno; por lo que, el incumplimiento de lo anterior provoca que se impida al tercero interesado acudir al juicio de amparo en defensa de sus derechos por la posición jurídica que guarda en relación con el acto reclamado; en tal virtud, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto del procedimiento. Es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional ante la falta de comparecencia del quejoso en recogerlos, evidentemente estos no pueden publicarse, para lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada, por lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte impetrante, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional, aún fuera de audiencia. Por lo que, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional evitándose, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la parte quejosa. Es aplicable al presente juicio la jurisprudencia 2ª./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, tomo XXXII, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto señalan: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." De igual modo, resulta ilustrativa por las razones que la informan la tesis II.2º.C99.K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 2411, tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto señalan: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA.- Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo II y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados". Por lo anteriormente expuesto, se impone SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que opera de manera notoria, plena e indudable la causal de improcedencia jurisprudencial, ya estudiada; por lo tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las doce horas con treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la quejosa el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Cuernavaca, Morelos; treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se requirió a la quejosa ***********, para que en el término de veinte días, contado a partir del día siguiente al en que quedara notificado, compareciera a recoger los ejemplares correspondientes a los edictos ordenados para emplazar a juicio al tercero interesado Gerardo Menes Fernández, y acreditara haberlos entregado para su publicación, apercibido que de no hacerlo, este Juzgado Federal decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, siempre y cuando, no obrara en autos la manifestación expresa de la parte quejosa de su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza y que de las constancias que integran el presente asunto obraran indicios suficientes que corroboraran su manifestación. Luego, atendiendo a la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento aludido, puesto que no compareció a recoger los edictos, ni manifestó su imposibilidad para pagar su publicación; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, y en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio. En efecto, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." La actualización de la causal de improcedencia tiene su razón de ser en la contumacia en que incurre la parte quejosa al no desahogar el requerimiento que se le formuló, a efecto de estar en posibilidad de emplazar al tercero interesado Gerardo Menes Fernández, por medio de los edictos ordenados en autos, lo cual impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Es así, porque la fracción III inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si se desconoce el domicilio de la parte tercera interesada, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por medio de edictos al tercero interesado, siempre y cuando, no obre en autos la manifestación expresa de la parte quejosa de su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza y que de las constancias que integran el presente asunto obren indicios suficientes que corroboran su manifestación. Luego, en el presente asunto el emplazamiento del tercero interesado permitiría tener válidamente constituida la relación jurídica procesal, circunstancia que está condicionada a que la parte quejosa, en principio, compareciera a este juzgado federal a recibir los edictos para la correspondiente publicación, o en su caso, a efecto de manifestar la imposibilidad para pagar los edictos ordenados por auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno; por lo que, el incumplimiento de lo anterior provoca que se impida al tercero interesado acudir al juicio de amparo en defensa de sus derechos por la posición jurídica que guarda en relación con el acto reclamado; en tal virtud, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto del procedimiento. Es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional ante la falta de comparecencia del quejoso en recogerlos, evidentemente estos no pueden publicarse, para lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada, por lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte impetrante, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional, aún fuera de audiencia. Por lo que, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional evitándose, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la parte quejosa. Es aplicable al presente juicio la jurisprudencia 2ª.-J. 108-2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, tomo XXXII, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto señalan: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a.-J. 64-2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." De igual modo, resulta ilustrativa por las razones que la informan la tesis II.2º.C99.K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 2411, tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto señalan: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA.- Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo II y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados". Por lo anteriormente expuesto, se impone SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que opera de manera notoria, plena e indudable la causal de improcedencia jurisprudencial, ya estudiada; por lo tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las doce horas con treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dos de septiembre de dos mil veintiuno. Visto, el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa en auto de cuatro de agosto pasado, a fin de que comparezca a recibir y acredite haber entregado para su publicación los edictos ordenados en dicho auto, a efecto de emplazar al tercero interesado. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINTUOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.

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