Isabel Hernández Pérez
Expediente 248/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 248/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/02/2018
Partes del expediente
- Isabel Hernández Pérez
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Sexto Circuito, por el que remite copia certificada de la resolución pronunciada el ocho de febrero de dos mil dieciocho, en los autos del amparo en revisión administrativo 75/2018 del índice del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, en Acapulco, Guerrero, derivado del amparo en revisión administrativo 642/2017 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla y devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Debiendo remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma, para tal efecto se anexa copia autorizada de la ejecutoria de mérito. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá, una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º. 4º, y 5º. De la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho; y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, Constitucional. En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones adscrito a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, siendo el Titular de la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º. 4º, y 5º. De la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada.
- Principal
Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de las cédulas de notificación a las partes del acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en el que se señaló fecha para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, así como de la razón actuarial de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en la cual la actuaria judicial adscrita a dicha Junta asentó la imposibilidad de notificar el auto de mérito a los testigos ******************** y ********************. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a ********************, persona física que actualmente ocupa el cargo de Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, ********************representante de los trabajadores y ********************, representante de los patrones, una multa, a cada uno, de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los arábigos 3°, 4° y 5°de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $********************, atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que informa la jurisprudencia número VI.2o.T. J/2 (10a.), visible en la página 2579 del Tomo IV, Noviembre de 2014 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto, siguientes: ... Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ...
- Principal
Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa la parte quejosa no se inconformó en contra de la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 67 y 68), mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, primer y segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales".
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