Isabel Gonzalez Perez

Expediente 96/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
96/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2018

Partes del expediente

  • Isabel Gonzalez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de treinta y uno de enero de la presente anualidad, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda promovida por Isabel González Pérez; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el contenido de la razón actuarial que antecede, de la que se advierte el actuario asentó los motivos por los cuales no realizó la notificación a la parte quejosa o sus autorizados, del proveído de treinta y uno de enero del año en curso; ante tales circunstancias, procédase a notificar a la parte quejosa el proveído de referencia así como las subsecuentes por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo Vigente. Notifíquese. ...En consecuencia, al no haberse acreditado acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, procede DESECHAR la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse plenamente la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del numeral 61 de la ley antes invocada. Sin que para llegar a las anteriores consideraciones se soslaye lo que al efecto ha sostenido la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en el País en la jurisprudencia 1a./J. 32/2005, visible en la página 47, Tomo XXI, Mayo de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", ni por supuesto las razones y las circunstancias particulares en que se apoyó para tal efecto, a saber: "(.) En el presente caso, los Jueces de Distrito consideraron improcedente la demanda de amparo, procediendo a la transcripción de los artículos que se reclamaron como inconstitucionales, 25 bis, 97 quater, 98 bis, 98 ter, 113, 126, 127, 128, 128 bis y 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; precisaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, ha clasificado las leyes en heteroaplicativas y autoaplicativas, definieron ambas, los distintos momentos en que pueden ser impugnadas unas y otras, aludiendo a la necesidad de que se acredite la afectación a la esfera jurídica de quien solicita la protección constitucional, transcribieron también la tesis relativa de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."; analizaron los motivos que las quejosas adujeron para considerar que, con su sola vigencia, se actualizan en su perjuicio las hipótesis contenidas en las normas que tildan inconstitucionales, e interpretaron el contenido de cada una de esas normas para concluir que la actualización de los ordenamientos en estudio, se encuentran sujetos a diversas condiciones, por lo que, concluyeron, no se causa perjuicio a la quejosa al ser de carácter heteroaplicativos. Así estimaron actualizada la hipótesis del artículo 145 de la Ley de Amparo, y desecharon de plano las respectivas demandas de amparo indirecto. Esto es, realizaron un amplio estudio para justificar su conclusión de que la acción de amparo es improcedente, por considerar que los preceptos reclamados son de naturaleza heteroaplicativa y no autoaplicativa como se reclaman en la demanda, basándose en cuestiones jurídicas que deben ser resueltas en la sentencia que se dicte en el juicio de garantías. Patentiza la no actualización del motivo "manifiesto e indudable" de improcedencia, la circunstancia de que el Tribunal Colegiado que confirmó el auto desechatorio de la demanda, para justificar la legalidad de dicho auto, amplió las consideraciones del Juez de Distrito a efecto de convencer sobre la naturaleza heteroaplicativa de las normas generales reclamadas, con apoyo en diversas tesis jurisprudenciales y aisladas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Tribunales Colegiados. Lo señalado trae como resultado, que la improcedencia no derive de lo manifestado en la propia demanda o de las pruebas que se adjunten a la misma, sino del estudio e interpretación que se hace de la naturaleza de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas, conforme a criterio jurisprudencial de esta Suprema Corte, del estudio e interpretación de las propias normas generales reclamadas y del estudio de los conceptos de violación en que se plantea la afectación inmediata de tales normas generales por efecto de su sola vigencia; por lo que el motivo de improcedencia no es manifiesto e indudable, ya que no es evidente, claro y fehaciente, toda vez que para determinar su actualización se requirió de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva, consecuentemente, los motivos de improcedencia aludidos no reúnen los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio y, por ende, en casos como el que se analiza se debe admitir a trámite. (.)" Lo anterior es así, pues aún en el supuesto de que el estudio antes efectuado se realizare hasta el dictado de la sentencia definitiva en la audiencia constitucional, de la lectura integral de la demanda y tomando en cuenta únicamente los argumentos expuestos por el quejoso en su escrito inicial de demanda, se advierte que se requiere invariablemente de ese acto de aplicación de la normatividad combatida a fin de que infrinja la esfera de derechos del peticionario de amparo. Esto es, de aquél que efectivamente vulnere, según argumentó, su derecho legítimo de reunión con fines pacíficos sin que el mismo sea cuestionado por la ambigüedad de la que, dice, están revestidos los conceptos de "amenaza a la seguridad interior", "uso legítimo de la fuerza", "inteligencia para la seguridad interior" y "acciones de seguridad interior" utilizados en la ley tildada de inconstitucional, ya como se dijo, su sola vigencia no sujeta de ningún modo al particular, por requerirse de diversas actuaciones que únicamente pueden ser realizadas a petición de las legislaturas estatales, además de que el Consejo de Seguridad Nacional deberá emitir lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, lo que en la especie aún no acontece. De igual forma, no se soslaya que el quejoso señalara en el capítulo de actos reclamados el proceso legislativo y la falta de formalidades que culminaron con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del año en curso; sin embargo, de una lectura integral del líbelo de demanda, se advierte que el impetrante no hace valer ningún motivo de disenso en contra de las aludidas actuaciones, por lo que únicamente se tienen como actos reclamados destacados la Ley de Seguridad Interior, y su aplicación, de manera concreta los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 30 de dicho cuerpo normativo, como se especificó al inicio de la presente determinación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Calle de San Javier 212, Despacho 301 y 303 en San Javier, en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, y como autorizado únicamente para tales efectos a Ángel Martínez Perea, por así haberlo señalado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para realizar todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal, dada la carga de trabajo que prevalece en este Órgano Jurisdiccional, a fin de no retardar la tramitación del presente asunto. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    ...En consecuencia, al no haberse acreditado acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, procede DESECHAR la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse plenamente la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del numeral 61 de la ley antes invocada. Sin que para llegar a las anteriores consideraciones se soslaye lo que al efecto ha sostenido la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en el País en la jurisprudencia 1a./J. 32/2005, visible en la página 47, Tomo XXI, Mayo de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", ni por supuesto las razones y las circunstancias particulares en que se apoyó para tal efecto, a saber: "(.) En el presente caso, los Jueces de Distrito consideraron improcedente la demanda de amparo, procediendo a la transcripción de los artículos que se reclamaron como inconstitucionales, 25 bis, 97 quater, 98 bis, 98 ter, 113, 126, 127, 128, 128 bis y 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; precisaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, ha clasificado las leyes en heteroaplicativas y autoaplicativas, definieron ambas, los distintos momentos en que pueden ser impugnadas unas y otras, aludiendo a la necesidad de que se acredite la afectación a la esfera jurídica de quien solicita la protección constitucional, transcribieron también la tesis relativa de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."; analizaron los motivos que las quejosas adujeron para considerar que, con su sola vigencia, se actualizan en su perjuicio las hipótesis contenidas en las normas que tildan inconstitucionales, e interpretaron el contenido de cada una de esas normas para concluir que la actualización de los ordenamientos en estudio, se encuentran sujetos a diversas condiciones, por lo que, concluyeron, no se causa perjuicio a la quejosa al ser de carácter heteroaplicativos. Así estimaron actualizada la hipótesis del artículo 145 de la Ley de Amparo, y desecharon de plano las respectivas demandas de amparo indirecto. Esto es, realizaron un amplio estudio para justificar su conclusión de que la acción de amparo es improcedente, por considerar que los preceptos reclamados son de naturaleza heteroaplicativa y no autoaplicativa como se reclaman en la demanda, basándose en cuestiones jurídicas que deben ser resueltas en la sentencia que se dicte en el juicio de garantías. Patentiza la no actualización del motivo "manifiesto e indudable" de improcedencia, la circunstancia de que el Tribunal Colegiado que confirmó el auto desechatorio de la demanda, para justificar la legalidad de dicho auto, amplió las consideraciones del Juez de Distrito a efecto de convencer sobre la naturaleza heteroaplicativa de las normas generales reclamadas, con apoyo en diversas tesis jurisprudenciales y aisladas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Tribunales Colegiados. Lo señalado trae como resultado, que la improcedencia no derive de lo manifestado en la propia demanda o de las pruebas que se adjunten a la misma, sino del estudio e interpretación que se hace de la naturaleza de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas, conforme a criterio jurisprudencial de esta Suprema Corte, del estudio e interpretación de las propias normas generales reclamadas y del estudio de los conceptos de violación en que se plantea la afectación inmediata de tales normas generales por efecto de su sola vigencia; por lo que el motivo de improcedencia no es manifiesto e indudable, ya que no es evidente, claro y fehaciente, toda vez que para determinar su actualización se requirió de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva, consecuentemente, los motivos de improcedencia aludidos no reúnen los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio y, por ende, en casos como el que se analiza se debe admitir a trámite. (.)" Lo anterior es así, pues aún en el supuesto de que el estudio antes efectuado se realizare hasta el dictado de la sentencia definitiva en la audiencia constitucional, de la lectura integral de la demanda y tomando en cuenta únicamente los argumentos expuestos por el quejoso en su escrito inicial de demanda, se advierte que se requiere invariablemente de ese acto de aplicación de la normatividad combatida a fin de que infrinja la esfera de derechos del peticionario de amparo. Esto es, de aquél que efectivamente vulnere, según argumentó, su derecho legítimo de reunión con fines pacíficos sin que el mismo sea cuestionado por la ambigüedad de la que, dice, están revestidos los conceptos de "amenaza a la seguridad interior", "uso legítimo de la fuerza", "inteligencia para la seguridad interior" y "acciones de seguridad interior" utilizados en la ley tildada de inconstitucional, ya como se dijo, su sola vigencia no sujeta de ningún modo al particular, por requerirse de diversas actuaciones que únicamente pueden ser realizadas a petición de las legislaturas estatales, además de que el Consejo de Seguridad Nacional deberá emitir lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, lo que en la especie aún no acontece. De igual forma, no se soslaya que el quejoso señalara en el capítulo de actos reclamados el proceso legislativo y la falta de formalidades que culminaron con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del año en curso; sin embargo, de una lectura integral del líbelo de demanda, se advierte que el impetrante no hace valer ningún motivo de disenso en contra de las aludidas actuaciones, por lo que únicamente se tienen como actos reclamados destacados la Ley de Seguridad Interior, y su aplicación, de manera concreta los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 30 de dicho cuerpo normativo, como se especificó al inicio de la presente determinación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Calle de San Javier 212, Despacho 301 y 303 en San Javier, en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, y como autorizado únicamente para tales efectos a Ángel Martínez Perea, por así haberlo señalado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para realizar todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal, dada la carga de trabajo que prevalece en este Órgano Jurisdiccional, a fin de no retardar la tramitación del presente asunto. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.

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