Isabel Elizalde Flores
Expediente 640/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Isabel Elizalde Flores
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Vista la demanda de amparo promovida por Isabel Elizalde Flores, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Víctimas de Violencia Intrafamiliar en Puebla, fórmese el amparo correspondiente registrándose con el número 640/2018. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, la ocursante Isabel Elizalde Flores promueve demanda de amparo en la que reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Víctimas de Violencia Intrafamiliar en Puebla, la falta de notificación por parte de la citada autoridad ministerial a efecto de que la quejosa se presente a rendir su entrevista inicial dentro de la carpeta de investigación que se sigue en su contra. Conforme a lo anterior, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De acuerdo al texto anterior resulta necesario definir qué es interés jurídico y cuándo se da una afectación al mismo. En este aspecto, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. Por lo anterior, como interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse la titularidad del derecho que se estima afectado por el acto de autoridad, es decir, para los efectos del juicio de amparo se traduce en la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.13o.A.23 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Enero de 2003, Visible en la Página: 1803, cuyo texto es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto." Por lo anterior, en estricto apego a la fracción analizada, en aquellos casos en que los actos reclamados no afectan la esfera jurídica del quejoso el juicio de amparo es improcedente en virtud de que no es titular de derecho alguno que pudiera oponer a la autoridad responsable. En el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Víctimas de Violencia Intrafamiliar en Puebla, la falta de notificación por parte de la citada autoridad ministerial a efecto de que la quejosa se presente a rendir su entrevista inicial dentro de la carpeta de investigación que se sigue en su contra. Al respecto, el juicio de amparo intentado en contra de tales actos resulta improcedente porque en efecto el mismo no constituye un acto de imposible reparación, ya que de acuerdo al mandato constitucional el Ministerio Publico, en términos del artículo 21 constitucional establece las facultades de investigar los delitos y, por la otra, la obligación de acreditarlos, por lo que es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria, para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio. En todo caso, la afectación se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no conducir al imputado al proceso, estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad, por lo que no le engendra derecho alguno para impugnarlo en vía de amparo, pues tal actuación no le afecta aún en sus garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Efectivamente, la omisión del Ministerio Público de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa no constituye un acto de imposible reparación que pueda ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, puesto que tal declaración no constituye un requisito indispensable para que se integre aquélla, ya que el artículo 21 de la Constitución Federal no lo dispone de tal forma, en todo caso, constituye un elemento más de prueba que pueda tener en cuenta el Ministerio Público para efectos de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, en ejercicio de la facultad que le concede la propia Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.2º.P.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Página 338, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que la facultad investigadora del Ministerio Público emana directamente de la constitución; al efecto es pertinente transcribir el texto del artículo 21 constitucional. "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:.. a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines." La norma transcrita hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la averiguación previa o dentro de una carpeta de investigación, además del ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes; en esencia, este artículo delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta Institución Pública. Ese precepto consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la investigación inicial los datos de prueba que demuestren el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión y, en caso de encontrar elementos suficientes que acrediten tales extremos, consignar la carpeta correspondiente a los tribunales respectivos. Así pues, en cualquier caso, dentro de la investigación inicial el representante social debe acreditar determinados elementos para demostrar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión. Refuerza a lo anterior la circunstancia de que la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de no autoincriminación, que se traduce en que el inculpado no podrá ser obligado a declarar en su contra, lo que conduce a establecer que la presentación del gobernado dentro de la carpeta de investigación únicamente tiene como consecuencia el otorgarle la oportunidad rendir su entrevista, es decir, manifestar lo que a su derecho convenga, compareciendo a defenderse desvirtuando los hechos que se le imputan, pero tal acto no implica que pueda abstenerse de declarar o hacerlo en los términos que estime pertinentes y que a su entender favorezca a sus intereses. De ahí que la omisión que el quejoso le atribuye a la autoridad responsable no trasciende en su esfera jurídica de modo irreparable, lo cual en su caso sería hasta en tanto el juez lo conduzca a proceso, una vez que la representación social haya determinado el ejercicio de la acción penal, en tanto no sea así, ésta se encuentra realizando los actos de investigación que considera pertinentes conforme a la facultad otorgada por la constitución federal, sin que para ello sea indispensable citar al inculpado para recabar su entrevista respecto a los hechos, pues ello no constituye un requisito obligatorio para la adecuada integración de la carpeta de investigación. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 154/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Página 49, que a la letra dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Por consiguiente resulta improcedente el juicio de amparo que se promueva en contra de la omisión del Ministerio Público de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la carpeta de investigación, en conformidad con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues tales actos no lesionan su esfera jurídica y, por ende, sus garantías individuales. Sirve de apoyo a lo anterior, al tesis con número de registro 2012423, publicada en agosto de 2016 en la página 2592, del Libro 33, tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. En consecuencia, ante los motivos notorios y manifiestos de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso de cuenta, así como autorizados a las personas que refiere únicamente de forma restringida, esto es, para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, es decir, estar inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, no ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales, como lo refiere la parte quejosa el correo electrónico, en virtud que el Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, autoriza a las partes a tener acceso al expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, asimismo, otorga el permiso para que se notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en los asuntos a las partes, no así para notificar por vía electrónica a través de sistemas tecnológicos que no sean del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada.
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