Isabel Domínguez Azamar
Expediente 1404/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1404/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Isabel Domínguez Azamar
Actuaciones
- Principal
.... por recibido el oficio 188-V, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que por auto de tres de enero del dos mil diecisiete aceptó la competencia planteada por este Juzgado y se avocó al conocimiento del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno, radicándolo con el número de juicio 5/2017 de su índice. En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente y, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que esta autoridad declaró carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Asimismo, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo presentada por Isabel Domínguez Azamar, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz y otra autoridad, por violación al artículos 14, 16, 19 y 20 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1404/2016. En vista de lo anterior, este este Juzgado de Distrito analiza la demanda de amparo en relación con las disposiciones de la Ley de Amparo, así como de los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Ahora bien, la competencia es un aspecto de orden público y, por tanto, es de estudio previo y oficioso, preferente a cualquier otro tópico, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor, en la eventualidad que se interpusiere algún recurso contra la sentencia que se llegare a dictar, sea ante el Tribunal Colegiado de Circuito, alguna de las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo; con la consecuente declaratoria de nulidad de lo actuado y resuelto. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente del amparo señala como acto reclamado, la resolución de vinculación a proceso, dictada el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de los autos de la causa penal 71/2016-IV del índice del Juez responsable, así como el cumplimiento y ejecución de dicha resolución por parte del Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de San Andrés Tuxtla, Veracruz, donde se encuentra privada de su libertad. De ahí que, para proveer el presente asunto conforme a derecho, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de dicho artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquél ante quien se presenta la demanda. Así, atendiendo a la primera hipótesis, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En esas circunstancias, la quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que se encuentra recluida en el Centro Preventivo y de Readaptación Social del Municipio de San Andrés Tuxtla, y el acto reclamado como se indicó, consiste en la resolución de vinculación a proceso, dictada el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de los autos de la causa penal 71/2016-IV del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de aquella ciudad, por lo tanto, sus efectos se trasladan al referido proceso penal, razón por la cual este órgano jurisdiccional no es competente por jurisdicción territorial para conocer de la demanda en cuestión, toda vez que el referido auto de vinculación a proceso tiene ejecución material en San Andrés Tuxtla, Veracruz, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz. Con base en lo anterior, se deja establecido que los efectos de la materialización del auto de vinculación a proceso reclamado, consisten, entre otros, que se continúe el proceso y que la aquí quejosa quede bajo la potestad del juez que conoce de la causa de origen, lo que evidencia que la ejecución de los efectos jurídicos del acto reclamado se actualizan en un diverso distrito judicial, que lo es donde radica el juez que lleva el proceso de origen, a fin de preservar la unidad del proceso. Cobra aplicación por su contenido, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Asimismo, se cita como apoyo la tesis I.15o.A.41 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2288, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los párrafos Primero y Segundo del Apartado VII, Séptimo Circuito, Punto Cuarto, y transitorios Primero y Segundo del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta competente para conocer de este asunto, por razón de territorio, el Juzgado de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis número I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En apoyo a lo anterior se cita la ejecutoria sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Séptima Época, publicada en el Informe 1972, Parte II, de rubro siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Sin que pase inadvertido el hecho que las tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la nueva Ley de Amparo. En consecuencia, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías que dio origen a este juicio, y con apoyo en los artículos 37 y 48 de la legislación aplicable a la materia, remítase el expediente en que se actúa, así como las noventa y cuatro copias de la demanda al Juzgado Federal de mérito, a fin de que determine al respecto sobre la competencia planteada solicitando de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y autógrafa de este acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por el precepto 27 de la ley de la materia, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fabiola Anaxely Cortes Nicanor, Fidencio García Badillo y Mireya Karina Ibarra Cervantes toda vez que tienen registrada su respectiva cédula profesional dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, con las restricciones que impone dicho artículo a Jesús Juárez Sánchez, Patricia Márquez Plaza, José Juan Vázquez Pineda y Oscar Eduardo Reynaga Mejía, quienes no tienen registrada su cédula profesional ni acreditaron contar con ella. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; comunicado mediante oficio número CCJ/ST/8603/2016 de seis de diciembre de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Fabiola Bandala Báez, secretaria quien autoriza y da fe.
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