Isabel del Socorro Rangel Suárez y Otros.

Expediente 951/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 59 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
951/2021
Año
2021
Actuaciones
59
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Isabel del Socorro Rangel Suárez y Otros.
  • Isabel del Socorro Rangel Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 59.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Téngase a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Uno de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, acusando recibo del tomo de pruebas que se le remitió mediante oficio 27702/2022. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de destrucción en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó en el juicio. El original del incidente de suspensión es destruible, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Ahora, toda vez que se considera innecesaria la retención de las constancias originales que adjuntó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, requiérasele para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en este asunto, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia del veintiocho de noviembre del año en curso; con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así mismo glósense al presente asunto los cuadernos incidentales. Finalmente, se considera innecesaria la retención de las constancias que remitió la Agente del Ministerio Público adscrita a la mesa Uno del Centro de Justicia para Mujeres con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en apoyo a su informe justificado integradas en un tomo de pruebas, por tanto, devuélvansele a dicha autoridad, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la ley de la materia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y al representante especial del menor; y mediante lista electrónica al tercero interesado. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Téngase al Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4", con sede en Ciudad de México, informando los motivos que tiene para no llevar a cabo el cobro de la multa impuesta en auto del veintiocho de septiembre pasado a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Uno del Centro de Justicia para Mujeres, de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por los motivos que expone; sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento dado que el dieciocho de octubre del año que transcurre, se dejó sin efectos la referida multa. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y al representante especial de la menor; mediante lista electrónica al tercero interesado. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    II. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 951/2021-II, promovido por ********** por derecho propio y en representación de la menor de iniciales **********, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Acto continuo se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes justificados que obran en autos. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, las documentales exhibidas por el Encargado del Despacho de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, al rendir su informe con justificación y las remitidas por la Agente del Ministerio Público adscrita la Mesa de Trámite del Centro de Justicia para Mujeres de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Uno del Centro de Justicia para Mujeres, de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 951/2021-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********** por derecho propio y en representación de la menor de iniciales **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia Familiar, Sexual y de Género y otras autoridades. SEGUNDO. En auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de trato bajo el número de expediente **********, y una vez cumplimentadas las prevenciones ahí formuladas, por auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; solicitó su informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento alguno; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 39 y 107 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado se ejecutó dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó de las autoridades que señaló como responsables, lo siguiente; De la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia Familiar, Sexual y de Género, de la Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli y del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de Justicia para las Mujeres con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México: La medida de protección de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, impuesta en contra de ********** a favor de la menor de iniciales **********, en la carpeta de investigación **********, **********, que se tramita por el delito de violencia intrafamiliar en agravio de la menor de iniciales antes citadas. La omisión de otorgar el derecho a la asistencia consular y se ponga en contacto con el consulado de los Estados Unidos de Norteamérica, en virtud de ser extranjera de nacionalidad norteamericana. El no respetar lo establecido por el artículo 36 de la Convención de Viena, al no haber dado aviso al consulado de los Estados Unidos de Norteamérica a efecto de que le fuera brindada la asistencia consular. Del Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza: La ejecución de la medida de protección de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, impuesta en contra de **********a favor de la menor de iniciales **********, en la carpeta de investigación **********, **********, que se tramita por el delito de violencia intrafamiliar en agravio de la menor de iniciales antes citadas. TERCERO. El Encargado del Despacho de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México y la Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de Justicia para las Mujeres con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, manifestaron como cierto el acto reclamado, tal como se advierte de sus correspondientes informes justificados, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia, conforme lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En relación con lo expresado se invoca la jurisprudencia 748 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que previene: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- CUARTO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli y Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia Familiar, Sexual y de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, toda vez que al rendir sus informes justificados, estás negaron categóricamente la existencia del acto que a cada una se le atribuye. Ante ello y como la parte quejosa no desvirtuó dichas negativas con alguno de los medios de convicción autorizados por la ley, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, misma que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 310, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Efectivamente, del numeral invocado se evidencia la actualización de la causa de sobreseimiento cuando de las constancias de autos se advierta claramente que no exista el acto reclamado o cuando no se probare la existencia de su constitucionalidad. Aunado a lo anterior, una interpretación sistemática de los artículos 63, fracción IV, y 117 de la Ley de Amparo, indica que ni la presunción de certeza de los actos reclamados ni la afirmación de ésta por parte de las responsables son determinantes de su existencia, toda vez que lo contrario puede ser demostrado a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley o, incluso, advertido directamente por el juzgador de las constancias de autos; máxime que la jurisprudencia reconoce que la parte quejosa debe demostrar la existencia de los eventos violatorios de derechos constitucionales. No obstante, el quejoso no allegó a este juicio medios de prueba idóneos para acreditar la certeza de los actos que reclama. Tienen aplicación a lo anterior los criterios que señalan: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO.". "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Deviniendo en que al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado en contra de la quejosa, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de garantías por lo que ve a la Coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli y al Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia Familiar, Sexual y de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. QUINTO. El estudio de las causales de improcedencia en el juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que debe examinarse de oficio por el órgano de control de la constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 62 de la ley de la materia. Es así que este Juzgador, al analizar la medida de protección de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, impuesta en contra de ********** a favor de la menor de iniciales ***********, en la carpeta de investigación **********, **********, que se tramita por el delito de violencia intrafamiliar en agravio de la menor de iniciales antes citadas, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo...". De dicho numeral se desprende la improcedencia del juicio de amparo cuando si bien subsiste el acto reclamado, no ocurre lo mismo respecto de sus efectos, dejado de afectar los derechos sustantivos del quejoso. Para demostrarlo, se hace notar que la revisión integral de la demanda -frente a las actuaciones de este juicio- conduce a visualizar que en relación al acto reclamado consistente en la medida de protección de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, impuesta en contra de ********** a favor de la menor de iniciales **********, en la carpeta de investigación **********, **********, la Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el rendir su informe con justificación registrado bajo el número de control interno **********, manifestó que resulta cierta la reclamación hecha por la quejosa, puesto que en la temporalidad aludida si fue decretada la medida de protección reclamada, sin embargo, a la fecha de elaboración de su informe (veintidós de diciembre de dos mil veintiuno), la misma ya no se encontraba vigente. Bajo este nuevo escenario, es posible afirmar que si bien el acto reclamado subsiste, pues tiene la característica de ser un acto consumado, lo cierto es que las consecuencias de la ejecución de la medida de protección emitida el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, impuesta en contra de ********** a favor de la menor de iniciales **********, han dejado de existir. Entonces, en el caso se actualiza la aludida causa de improcedencia porque: a) El acto reclamado subsiste; b) El mismo no puede surtir efecto legal o material alguno; y, c) Lo anterior se debe a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. Tiene aplicación, en lo conducente, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, contenido en la tesis de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, Y DURANTE SU TRÁMITE, EL QUEJOSO OBTIENE SU LIBERTAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA MATERIA." Entonces, al actualizarse la causa de improcedencia relatada de forma manifiesta e indudable, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de protección en relación al acto antes citado, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, tocante al diverso acto reclamado consistente en la omisión de otorgar el derecho a la asistencia consular y de que se ponga en contacto con el consulado de los Estados Unidos de Norteamérica, en virtud de que la quejosa resulta ser extranjera de nacionalidad norteamericana, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la inviabilidad de la acción de amparo cuando de autos no se compruebe la existencia del acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Al respecto, cabe destacar que la fracción IV, del artículo 63 invocado contiene dos supuestos de sobreseimiento, a saber: a) El que esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado y b) Cuando no se probare su existencia. Por tanto, la prueba de la inexistencia conduce al sobreseimiento, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, lo que ocurre generalmente cuando la autoridad señalada como responsable niega la existencia de los actos (obviamente de naturaleza positiva) y esa negativa no es desvirtuada. Por el contrario, si se tratase de actos negativos, como cuando se reclama violación al derecho de petición, la autoridad no sólo debe limitarse a negar el acto, sino que debe acreditar que cumplió con la emisión del acto que le era legalmente obligatorio. Como se ve, el segundo de los supuestos se vincula con el tema de la obligación de probar la existencia del acto reclamado, que a su vez depende de la naturaleza del mismo, respecto del cual existen un gran número de criterios relativos a dicha carga de comprobación y de sus excepciones de acuerdo a casos específicos. En ese orden de ideas, se tiene que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Uno de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, licenciada **********, en cumplimiento a los requerimientos que le fueron efectuados en autos, remitió copia certificada de diversas constancias que integran la carpeta de investigación número **********, entre las cuales destaca la constancia de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en la cual la Agente del Ministerio Público **********, hizo constar que de las generales de la imputada Isabel del Socorro Rangel Suárez, así como de su entrevista se advierte que la misma cuenta con una nacionalidad estadunidense por ser originaria de Chicago, por lo que se le informo que uno de sus derechos es dar aviso al Consulado, sin embargo la misma refirió que no es su deseo ya que cuenta con una defensa particular, lo que asentó para su debida constancia legal, motivo por lo cual dicho reclamo debe estimarse inexistente, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Efectivamente, del numeral invocado se evidencia la actualización de la causa de sobreseimiento cuando de las constancias de autos se advierta claramente que no exista el acto reclamado o cuando no se probare la existencia de su constitucionalidad. Aunado a lo anterior, una interpretación sistemática de los artículos 63, fracción IV, y 117 de la Ley de Amparo, indica que ni la presunción de certeza de los actos reclamados ni la afirmación de ésta por parte de las responsables son determinantes de su existencia, toda vez que lo contrario puede ser demostrado a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley o, incluso, advertido directamente por el juzgador de las constancias de autos; máxime que la jurisprudencia reconoce que la parte quejosa debe demostrar la existencia de los eventos violatorios de derechos constitucionales. En otro orden de ideas, atento al diverso acto reclamado consistente en el no respetar lo establecido por el artículo 36 de la Convención de Viena, al no haber dado aviso al consulado de los Estados Unidos de Norteamérica a efecto de que le fuera brindada la asistencia consular, se concreta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados. En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a los quejosos. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, de las constancias que integran el sumario constitucional, se desprende que en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio número **********, suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Uno de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, licenciada **********, en cumplimiento a los requerimientos que le fueron efectuados en autos, remitió copia certificada de diversas constancias que integran la carpeta de investigación número **********, siendo la relevante para su estudio, la siguiente: Oficio de fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, signado por **********, Agente del Ministerio Público para las Mujeres con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, dirigido al Consulado de los Estados Unidos de Norte América, por medio del cual, en cumplimiento al artículo 133, fracción XVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado de México, solicitó se sirviera a designar personal a su cargo, a fin de brindar asistencia legal y social a **********. De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, se desprende con claridad que lo que procede es sobreseer en el juicio respecto del indicado acto, toda vez que se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haberse impugnado la omisión de la autoridad responsable de no respetar lo establecido por el artículo 36 de la Convención de Viena, al no haber dado aviso al consulado de los Estados Unidos de Norteamérica a efecto de que le fuera brindada la asistencia consular, y de las constancias que fueron reseñadas aparece que ya fue solicitado al Consulado en cita, designe personal a su cargo a fin de asistir en todo momento a la quejosa, dada su calidad de extranjera, en ese contexto, atendiendo a la eficacia demostrativa de las actuaciones remitidas por la autoridad responsable, el acto impugnado por esta vía, consiste en la omisión de la autoridad responsable de dar aviso al consulado de los Estados Unidos de Norteamérica a efecto de que le fuera brindada la asistencia consular, ha dejado de surtir efectos legales. En ese orden de ideas, como la responsable demostró haber llevado a cabo los actos omisivos de que se duele la querellante de derechos fundamentales, es evidente que han quedado destruidos los efectos del acto violatorio de garantías de manera absoluta completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido a la quejosa en el pleno goce del derecho esencial violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Consecuentemente, con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio con relación al acto antes citado, toda vez que al haberse realizado la conducta de cuya ausencia se duele, cuya abstención generó violación en su perjuicio a las garantías consagradas en los artículos 1º y 17, de la Constitución General de la República, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, que era precisamente obtener de la autoridad de que se ha venido hablando el actuar en torno a la pretensión de la agraviada en el procedimiento de origen. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que previene: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.-". También es útil en este tema la jurisprudencia que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210, que es del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis observable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394465, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por razones de congruencia, procede hacer extensivo el sobreseimiento a los actos que se atribuyen al Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, ya que los mismos no se reclamaron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad, según se aprecia de la demanda de amparo, se hizo depender de la del diverso acto reclamado en el presente considerando. Apoya lo antes determinado, la tesis visible en la octava época del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, segunda parte -2, julio a diciembre de 1988, página 549, que dice: "SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL, RESPECTO DE ACTOS DE EJECUCION." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ********** por derecho propio y en representación de la menor de iniciales **********, por las razones precisadas en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y al representante especial de la menor; mediante lista electrónica al tercero interesado. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe. JAGS.

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