Isabel de la Cruz Martinez

Expediente 54/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
54/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
22/04/2015

Partes del expediente

  • Isabel de la Cruz Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio número 1919 del índice de este Juzgado Federal, por medio del cual se le devolvió el duplicado de la causa penal número 136/2014. Notifíquese. IIIA

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el veinticinco de marzo de dos mil quince, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se concedió la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. En otro aspecto, tomando en cuenta que en el incidente de suspensión conexo a este juicio de garantías la quejosa Isabel de la Cruz Martínez, exhibió los billetes de depósito números N-682869 y N-487123, valiosos por las cantidades de dos mil pesos, cada uno, a efecto de garantizar la suspensión provisional y definitiva que se le otorgó; en consecuencia, requiérasele para que en días y horas hábiles se presente a recogerlo, debidamente endosado a su favor; en el entendido que en caso de no hacerlo dentro del término de dos años naturales, contado a partir de la legal notificación de este proveído, dicho numerario prescribirá a favor del Erario Federal. Por último, toda vez que la autoridad responsable, remitió como justificación a su informe, el duplicado de la causa penal número 136/2014, constante de doscientas setenta fojas útiles, devuélvasele la misma, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese; notifíquese personalmente a la parte quejosa. IIIA

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de abril de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Administradora Local Jurídica de Oaxaca de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; atendiendo a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase a dicha autoridad apersonándose al presente juicio con el carácter de tercera interesada; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como a sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona; así también téngasele formulando sus correspondientes alegatos. Notifíquese. IIIA

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veinticinco de marzo de dos mil quince. Visto el estado de autos; advirtiéndose que de las constancias certificadas que se adjuntaron al oficio número 2435, signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, las que tienen pleno valor probatorio, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, que procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio de garantías, se advierte que la quejosa, ISABEL DE LA CRUZ MARTÍNEZ, por propio derecho, reclamó de la autoridad responsable, Juez Sexto de Distrito en el Estado, Comandante de la Policía Federal (que se tuvo por inexistente por acuerdo de cinco de febrero del actual), con residencia en esta ciudad; y Comandante de la Policía Federal Ministerial (que se tuvo por inexistente por acuerdo de veintisiete de febrero del año en curso), con sede en Matías Romero Avendaño, el libramiento de la orden de aprehensión en su contra y su ejecución. Por su parte, la autoridad responsable Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio número 2435, que fue recibido el veintitrés de marzo del actual, comunicó que con esa fecha dictó auto de formal prisión en contra de Isabel de la Cruz Martínez, a quien se instruye la causa penal 136/2014, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de DESOCUPAR EL LOCAL SIN PRESENTAR AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, remitiendo copia certificada de la resolución correspondiente. En consecuencia, toda vez que la autoridad judicial responsable dictó auto de formal prisión, contra la quejosa de mérito, es inconcuso que hubo un cambio de situación jurídica en relación a la orden de aprehensión que reclamó la peticionaria de garantías, ya que esta se substituyó procesalmente con la resolución dictada por la autoridad judicial, lo que agotó los efectos del acto reclamado, produjo la irreparabilidad jurídica de las violaciones aducidas e imposibilita a este órgano jurisdiccional decidir respecto de ella; considerar lo contrario, podría afectarse el estado jurídico de bien preso al que ahora se encuentra sujeta la quejosa, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se sobresee en el juicio de garantías, al tenor de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Funda lo expuesto, el criterio sustentado en la jurisprudencia publicada en la página ochocientos setenta y cinco, Tomo XI, del mes de Marzo de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es como sigue: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSION Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE OCHO DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: " Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto". Así como la Jurisprudencia sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la página mil seiscientos, del tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Déjese sin efecto la fecha y hora señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; por lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha treinta de enero del año en curso. IIIA

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