Isabel Cruz Fonseca
Expediente 421/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Isabel Cruz Fonseca
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio número A323/2019, signado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión 272/2019, de su índice, interpuesto por Jorge Martin González Vázquez, en su carácter de apoderado legal del quejoso Alejandro Rafael Lara Hakim, en la que determinó lo siguiente: ". Ahora bien, en el caso, resulta necesario conocer algunos aspectos expuestos por el quejoso en la demanda de amparo, concretamente en sus conceptos de violación, como son, entre otras cosas, que el artículo 193 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz era inconstitucional, al establecer que no existe medio o recurso alguno contra la providencia precautoria de retener la posesión, lo que impide su garantía de audiencia, porque con la sola petición de la promovente se concede dicha medida, vulnerando con ello los derechos humanos de audiencia, seguridad jurídica, debido proceso y equidad. De lo anterior, se advierte que el peticionario del amparo se dolió de la inconstitucionalidad del artículo 193 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz sin que lo señalara como acto reclamado destacado en el capítulo correspondiente, ni las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma. En esas condiciones, al momento de pronunciarse sobre la presentación de la demanda de amparo, el juzgador federal debió prevenirlo, mediante notificación personal, en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo, para que aclarara si era su deseo o no señalar como acto reclamado destacado el citado artículo y como autoridades responsables a aquéllas que participaron en el proceso de su creación, a fin de que éstas fueran emplazadas a juicio y pudieran defender la constitucionalidad de dicho precepto. [.] En tales condiciones, advertida la violación procesal destacada, a fin de dar lugar a que se repare y que no se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, lo que procede es: Revocar la sentencia recurrida; Reponer el procedimiento de amparo, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, para que mediante notificación personal se prevenga al peticionario de garantías con el objeto de que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación, manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado destacado el artículo 193 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y como autoridades responsables a aquéllas que participaron en el proceso de su creación, y si es así, exhiba copias de la demanda y del escrito aclaratorio para emplazar a dichas autoridades. Hecho lo anterior, continúe con el trámite correspondiente hasta celebrar nueva audiencia constitucional y pronuncie la sentencia respectiva, en la que podrá resolver lo que estime procedente, con plenitud de jurisdicción. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria, se ordene la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 121/2018, del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, promovido por Alejandro Rafael Lara Hakim." Asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo número 121/2018, a los que anexa dos cuadernos auxiliares de pruebas. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó en ausencia de los autos originales; hágase del conocimiento de las partes la resolución de mérito, y realícense las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la superioridad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena reponer el procedimiento. Ahora bien, con base a los lineamientos establecidos por el tribunal revisor, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo, resulta procedente prevenir al quejoso Alejandro Rafael Lara Hakim, a través de su apoderado legal Jorge Martín González Vázquez, para que en el término de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado el artículo 193 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y como autoridades responsables a aquéllas que participaron en el proceso de creación de dicha norma, y de ser el caso exhiba copias de la demanda y del escrito aclaratorio que dieron origen a los presentes autos, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidades de correr traslado a las autoridades que les asista el carácter de responsables. Finalmente, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercera interesada y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por oficio a las autoridades responsables, y acúsese de recibo al superior jerárquico.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que el término de tres días concedido la quejosa Isabel Cruz Fonseca, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del veintisiete al veintinueve de mayo del año en curso, sin que haya dado cumplimiento a ello; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de quince de mayo del año en curso, y con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, háganse las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto no subsane dicha omisión. Por otra parte, vista la diligencia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial para notificar a la quejosa, el auto de veintinueve de mayo del año en curso; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y hágase la notificación del auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante lista de acuerdos. Notifíquese por lista de acuerdos el presente proveído y el diverso de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Isabel Cruz Fonseca, a través del cual desahoga la prevención que se le realizara mediante proveído de quince de mayo de la presente anualidad; por tanto, en tiempo y forma se tiene por cumplido el requerimiento dictado en actuaciones respecto de la demanda de amparo promovida contra el acto que reclama a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, la cual fuera registrada bajo el número 421/2019-II-B. Al respecto, se acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO: La parte conducente del acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente laboral número 313/VII/2018, del índice de la Junta responsable, a través del cual se ordenó hacer efectivo el apercibimiento e imponer una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente para la Ciudad de México, a la aquí quejosa. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, estimando que debe remitirse al Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, pues el acto que reclama la parte promovente tendrá ejecución en el municipio de Cosamaloapan del Carpio, Veracruz, lugar en donde no ejerce jurisdicción este tribunal federal, como se expondrá a continuación: En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito, se desprende que el proceso legal, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito: 1. Se refiere a la competencia que tiene el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3. Contempla que es competente el Juez de Distrito, en donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la promovente de amparo, en esta vía constitucional, señala como acto reclamado la parte conducente del acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente laboral número 313/VII/2018, del índice de la Junta responsable, a través del cual se ordenó hacer efectivo el apercibimiento e imponerle una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente para la Ciudad de México. Asimismo, la parte quejosa en el escrito aclaratorio de cuenta, manifestó expresamente que el lugar donde se pretende ejecutar el acto reclamado, es en la ciudad de Cosamaloapan del Carpio, Veracruz, mismo que llevará a cabo la autoridad denominada Oficina de Hacienda del Estado, con residencia en ese lugar. Así las cosas, y de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se advierte que el cobro de la multa consistente en cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, que por esta vía constitucional combate tendrá ejecución en Cosamaloapan, Veracruz, será ejecutada por la Oficina de Hacienda del Estado, con residencia en dicho municipio, ello en acatamiento al acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente laboral número 313/VII/2018, del índice de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje. Atento a lo anterior, resulta que este órgano jurisdiccional no es competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, en virtud de que el acto reclamado se ejecutará en el municipio de Cosamaloapan, Veracruz, lugar en el que este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino que resultan competentes para conocer los Juzgados de Distritos en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz; ello en atención a que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción X, párrafo segundo, establece que los citados Juzgados de Distrito tienen jurisdicción territorial en el municipio de Cosamaloapan Veracruz. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 9/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 182, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181610, de rubro y texto siguiente: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE. Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado." De igual forma, tiene sustento la tesis aislada XIX.2o.P.T.9 L (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, localizable en la página 2299, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2005662, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE. En el caso de una resolución incidental de liquidación del laudo, que contiene requerimiento de pago y ejecución contra la demandada y, ante su negativa, orden de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito laboral, que vía exhorto se encomendó a la autoridad señalada como ejecutora, residente en la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito diverso al que previno, debe considerarse que la competencia se surte a favor del primero, dado que, si bien es cierto que la autoridad responsable que dictó la resolución de liquidación respectiva tiene su residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, no menos lo es que, al contener aquella resolución un mandato de requerimiento y ejecución, se surte la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en favor del Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, por consiguiente, se ordena remitirle los autos que integran el expediente de amparo número 421/2019, así como las siete copias de la demanda, y seis copias del escrito aclaratorio, a fin de que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito juzgador debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente, solicitando el acuse de recibo respectivo; sin que se provea respecto de la suspensión peticionada, en razón de que el acto combatido no se encuentra previsto por el artículo 126 de la ley de la materia y por al arábigo 22 constitucional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario adscrito al juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Isabel Cruz Fonseca, a través del cual desahoga la prevención que se le realizara mediante proveído de quince de mayo de la presente anualidad; por tanto, en tiempo y forma se tiene por cumplido el requerimiento dictado en actuaciones respecto de la demanda de amparo promovida contra el acto que reclama a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, la cual fuera registrada bajo el número 421/2019-II-B. Al respecto, se acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO: La parte conducente del acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente laboral número 313/VII/2018, del índice de la Junta responsable, a través del cual se ordenó hacer efectivo el apercibimiento e imponer una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente para la Ciudad de México, a la aquí quejosa. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, estimando que debe remitirse al Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, pues el acto que reclama la parte promovente tendrá ejecución en el municipio de Cosamaloapan del Carpio, Veracruz, lugar en donde no ejerce jurisdicción este tribunal federal, como se expondrá a continuación: En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito, se desprende que el proceso legal, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito: 1. Se refiere a la competencia que tiene el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3. Contempla que es competente el Juez de Distrito, en donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la promovente de amparo, en esta vía constitucional, señala como acto reclamado la parte conducente del acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente laboral número 313/VII/2018, del índice de la Junta responsable, a través del cual se ordenó hacer efectivo el apercibimiento e imponerle una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente para la Ciudad de México. Asimismo, la parte quejosa en el escrito aclaratorio de cuenta, manifestó expresamente que el lugar donde se pretende ejecutar el acto reclamado, es en la ciudad de Cosamaloapan del Carpio, Veracruz, mismo que llevará a cabo la autoridad denominada Oficina de Hacienda del Estado, con residencia en ese lugar. Así las cosas, y de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se advierte que el cobro de la multa consistente en cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, que por esta vía constitucional combate tendrá ejecución en Cosamaloapan, Veracruz, será ejecutada por la Oficina de Hacienda del Estado, con residencia en dicho municipio, ello en acatamiento al acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente laboral número 313/VII/2018, del índice de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje. Atento a lo anterior, resulta que este órgano jurisdiccional no es competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, en virtud de que el acto reclamado se ejecutará en el municipio de Cosamaloapan, Veracruz, lugar en el que este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino que resultan competentes para conocer los Juzgados de Distritos en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz; ello en atención a que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción X, párrafo segundo, establece que los citados Juzgados de Distrito tienen jurisdicción territorial en el municipio de Cosamaloapan Veracruz. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 9/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 182, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181610, de rubro y texto siguiente: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE. Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado." De igual forma, tiene sustento la tesis aislada XIX.2o.P.T.9 L (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, localizable en la página 2299, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2005662, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE. En el caso de una resolución incidental de liquidación del laudo, que contiene requerimiento de pago y ejecución contra la demandada y, ante su negativa, orden de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito laboral, que vía exhorto se encomendó a la autoridad señalada como ejecutora, residente en la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito diverso al que previno, debe considerarse que la competencia se surte a favor del primero, dado que, si bien es cierto que la autoridad responsable que dictó la resolución de liquidación respectiva tiene su residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, no menos lo es que, al contener aquella resolución un mandato de requerimiento y ejecución, se surte la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en favor del Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, por consiguiente, se ordena remitirle los autos que integran el expediente de amparo número 421/2019, así como las siete copias de la demanda, y seis copias del escrito aclaratorio, a fin de que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito juzgador debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente, solicitando el acuse de recibo respectivo; sin que se provea respecto de la suspensión peticionada, en razón de que el acto combatido no se encuentra previsto por el artículo 126 de la ley de la materia y por al arábigo 22 constitucional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario adscrito al juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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