Isabel Cristina Salazar Preciado
Expediente 290/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Isabel Cristina Salazar Preciado
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, a ocho de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación y razón de cuenta que antecede, de la que aparece que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 290/2016. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra del citado proveído. Háganse las anotaciones en el libro respectivo; y, en su oportunidad, archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a treinta de mayo de dos mil dieciséis, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, para conocimiento de la parte quejosa Isabel Cristina Salazar Preciado, como lo previene el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo vigente.- Doy Fe
- Principal
Se tiene por recibido el escrito que suscribe Isabel Cristina Salazar Preciado, mediante el cual pretende desahogar la prevención realizada en acuerdo de dos de mayo del presente año, ya que al respecto señala lo siguiente: Bajo protesta verdad manifiesta que desconoce los nombres y domicilios de los terceros interesados. Precisa la denominación de la autoridad responsable como Secretario de Educación Pública. Refiere que la suspensión de sus pagos quincenales, -se enteró extraoficialmente-, es porque se ha negado a adherirse a la reforma educativa. Anexa copia del oficio 0018, recibido el ocho de marzo de dos mil dieciséis, a través de la Jefatura de Supervisión de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en el Estado. No obstante, la promovente omitió aclarar la prevención respecto al punto III, relativa a la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, contenida en auto de dos de mayo de dos mil dieciséis, como a continuación se indica. Prevención de dos de mayo de dos mil dieciséis, relativa al punto III. Norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Escrito aclaratorio (.) Con apoyo en la fracción IV del dispositivo legal en comento, especifique la fecha exacta a partir de la cual se le suspendió el pago que reclama, toda vez que en el capítulo respectivo señala: ".Reclamo la ORDEN DE SUSPENSIÓN DE MIS PAGOS, y a partir del 15 de marzo hasta la fecha,.la Ejecución del Acto Reclamado al haber ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE MIS PAGOS, desde el día 15 de marzo y hasta la fecha..", pues no se advierte a qué anualidad se refiere, ya que se limitó a mencionar que a partir del día "quince de marzo" se le suspendieron los pagos. De igual manera, deberá aclarar los actos que reclama, toda vez que en el capítulo respectivo, exponen que los constituyen la "orden de suspensión de pagos", la "ejecución de dicha suspensión", así como la "aprobación de la orden de suspensión de pagos"; mientras que de los antecedentes y conceptos de violación de la demanda, se advierte que se duele de la Ley General de Servicio Profesional Docente, ya que expone, viola derechos fundamentales y solicita su anulación; de igual forma pide la suspensión de la "Ley de los Trabajadores al Servicio de la Educación Pública, tanto de la Federación como la de los Estados en el País". En el mismo sentido, precise qué autoridad ordenó la suspensión de pago que reclama, toda vez que, por una parte indica que la emitió el Presidente de la República, y por otro lado, refiere que la dictó el Secretario de Educación Pública, el Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa y el Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente. Respecto a los actos que reclama a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, y al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, manifieste la fecha en que dichas autoridades aprobaron la suspensión de pago de las percepciones a la promovente, y cuándo tuvo conocimiento de tal aprobación; asimismo, exhiba copia íntegra, legible y completa de la constancia donde se aprobó la mencionada suspensión de pago, o de su notificación a la promovente, o, en su defecto, transcribir de manera íntegra y completa tal resolución, o manifieste su imposibilidad para ello. (.) la fecha exacta lo es a partir del 15 de marzo y hasta la fecha, es decir es un acto continuo, por aquello del término que crea que se ha precluido, es decir, no hay término vencido aún. En relación a los demás cuestionamientos le solicito que previos tramites de ley (es decir después de la admisión) sea Usted H. Juez quien le solicite o les ordene en los informes Previos y con Justificación a las distintas autoridades que se precisan en mi escrito principal de demanda de garantías, se nos informe en qué ley, código, decreto o reglamento se ordene la suspensión de pagos a los maestros por negarse a ser adheridos de manera caprichosa a una ley de no nos corresponde, y si en nuestra Constitución existe un apartado que así lo ordene sea informada la suscrita quejosa para que sea considerado como un acto legal y no plagado de irregularidades y que atenta contra mis derechos humanos. Del anterior cuadro comparativo, podemos advertir que, la promovente no indicó el año a que corresponde la fecha quince de marzo que refiere como aquella a partir de la cual se le suspendieron sus pagos quincenales, sino que se concretó a reiterar que fue a partir del "15 de marzo y hasta la fecha". De igual manera, no colma el siguiente punto de aclaración, ya que se le previno para que precisara si únicamente reclama los actos señalados en el capítulo V de su demanda "V. ACTOS RECLAMADOS", esto es; a) orden de suspensión de los pagos, b) la ejecución de esa orden, y c) aprobación de esa orden; ello, en virtud de que del análisis integral de la demanda se advirtió lo precisado en el auto de prevención. Asimismo, se le requirió para efecto de que especificara qué autoridad ordenó la suspensión de pago de que se duele, si el Presidente de la República, el Secretario de Educación Pública, el Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, o el Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente; pues del texto integral de la demanda se advirtió que le atribuyó el dictado de la misma a esas autoridades; aspecto que tampoco aclaró. En el mismo sentido, fue omisa en manifestar la fecha en que la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, aprobaron la orden de suspensión de pago de las percepciones a la promovente, y cuándo tuvo conocimiento de tal aprobación, y de ser posible exhibiera copia íntegra, legible y completa de la constancia donde se aprobó la mencionada orden de suspensión de pago, o de su notificación a la promovente, o, en su defecto, transcribir de manera íntegra y completa tal resolución. De lo anterior, se aprecia que la peticionaria de amparo no da cumplimiento integral a la prevención efectuada en el punto III a que se hizo referencia en el multicitado acuerdo de dos de mayo en curso. Por tanto, a fin que este Juzgado de Distrito esté en aptitud de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo, y en su caso, de la suspensión de los actos reclamados, hágase saber a la promovente que deberá desahogar cabalmente la prevención formulada en el mismo; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, por las razones que la informan, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página , 54, con registro 227883, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Por otra parte, la promovente tampoco atendió la prevención referente a la exhibición de las nueve copias de su escrito aclaratorio, ya que del sello y leyenda de recibido que consta en la parte superior izquierda del ocurso de cuenta, se aprecia que únicamente anexó tres copias; por lo que deberá exhibir seis copias más del escrito aclaratorio que se provee. Asimismo, se requiere a la promovente para que exhiba nueve copias de su siguiente escrito aclaratorio, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 106/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede ver Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 170, con registro 177046, del tenor literal siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Así como, las jurisprudencias 35/2001 y 36/2001, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA." "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Cabe precisar que el plazo que se le otorgó en auto de dos de mayo de dos mil dieciséis, como se advierte de la certificación de cuenta, transcurre del seis al doce de mayo de este año, mismo que se interrumpió el día que presentó su escrito aclaratorio, esto es, el nueve de mayo en curso, el cual corresponde al segundo día; por tanto, le restan por transcurrir tres días, para desahogar a cabalidad la prevención de que se trata; plazo que se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. En la inteligencia de que subsisten los apercibimientos contenidos en auto de dos de mayo de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo al respecto, la jurisprudencia 39/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Página: 400, con registro 2000702, que dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese; personalmente a la promovente.
- Principal
Siendo las nueve horas del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el licenciado Sergio López Valdez, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, HACE CONSTAR: Que la parte quejosa ISABEL CRISTINA SALAZAR PRECIADO, no acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional, dentro del término concedido para ello, por tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), y del diverso 29, ambos de la Ley de Amparo vigente, se notifica por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso en este Juzgado de Distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el proveído de once de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 290/2016, para conocimiento del quejoso en cita. DOY FE.
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