Isabel Cristina Rodríguez Estrada
Expediente 808/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 808/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Isabel Cristina Rodríguez Estrada y Otros.
- Isabel Cristina Rodríguez Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Secretaria Auxiliar, en suplencia del Presidente de la Sala Auxiliar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por el cual acusa recibo de la devolución del expediente SAE499/2016 de su estadística, e informa las acciones tendientes a cumplir la sentencia ;adjuntando copia certificada del proveído de dos de diciembre de este año emitido en dicho controvertido, en el que se aprecia que dejó insubsistente la fecha establecida para el verificativo de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, prevista en el juicio laboral de origen para las trece horas del tres de marzo de dos mil veintidós; y, en su lugar señaló el nueve de diciembre de esta anualidad. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa en términos de lo ordenado en acuerdo de veinte de agosto de esta anualidad. Así lo proveyó Erik Juárez Olvera, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistido del Secretario Julio César Tolentino Trejo, que da fe. Greka
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuenten con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular la multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En específico: 1. Deje insubsistente la fecha prevista para el verificativo de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas prevista en el juicio laboral de origen para las trece horas del tres de marzo de dos mil veintidós. 2. En su lugar, proceda a señalar una fecha que quede comprendida dentro de los términos precisados en la Ley Federal del Trabajo para que tenga lugar la citada audiencia. En el entendido que si necesita alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentre en vías de cumplimiento, lo deberá solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tenga y tiempo requerido, para que atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerde lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requiere prórroga alguna; incluso se le requiere para que en el mismo término, señale, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella vinculada con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informa, se entenderá que no existe. Para todo lo anterior, se le informa que a través de correo electrónico Institucional sección.ejecucion.2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx podrán remitir lo que se les exige (confirmando al teléfono 53870500, extensiones 1238). Se hace del conocimiento de la autoridad señalada que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifiquen la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". En la inteligencia de que no basta con que haga manifestación respecto a las gestiones realizadas, sino que debe acreditar sus actuaciones con las constancias conducentes, las cuales deberá remitir en copia certificada, legible y completa. Se hace del conocimiento de la responsable que lo que aquí se ordena, constituye un mandato judicial, por lo que se encuentra compelida a dar cabal cumplimiento al fallo protector en los términos en que fue concedido. Pues, para que éste se logre se requiere de una serie de requisitos formales y materiales, situación que no puede ser susceptible de constituir un obstáculo para que se satisfagan a cabalidad los lineamientos de la ejecutoria referida y la autoridad responsable pueda inobservar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, más aún que existe criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que conlleva a que, de no dar cumplimiento a lo ordenado sólo propicia la actitud de desacato por parte de la autoridad responsable involucrada, con el uso de tácticas dilatorias; además de que si continúa con tal omisión, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. Finalmente, hágase la devolución del expediente SAE499/2016, que anexó a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 808/2021-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial el diecisiete de agosto de esta anualidad, recepcionado el dieciocho siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado al día hábil siguiente, es decir, el diecinueve posterior, a este juzgado, Isabel Cristina Rodríguez Estrada, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. De dicho asunto tocó conocer a este juzgado, por lo que mediante auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama esencialmente de la autoridad responsable: El señalamiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral J.7/279/2019 fuera del plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ya que al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto (promoción 11154). Lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada remitió la autoridad relativas al laudo emitido en el controvertido de origen, y de la ejecutoria del amparo directo interpuesto contra éste, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se advierta impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Consecuentemente, al no advertirse causal de improcedencia que las partes hubieren hecho valer, aunado a que oficiosamente no se aprecia alguna, es menester entrar al estudio de fondo al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que se haga necesario analizar todas y cada una de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por no existir obligación en ese sentido; ello, sustentado con el criterio que sostiene la Jurisprudencia 3a./J. 21/91, registro 207000, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, mayo de 1991, foja 49, de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Quinto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción; es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, con registro electrónico 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sexto. Estudio de fondo. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación que se hacen valer, en atención a las siguientes consideraciones: En los citados conceptos de inconformidad, se alega que con el acto reclamado se violenta en perjuicio de la parte trabajadora la expedites en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, y en efecto, como bien refiere la parte quejosa en su motivo de disenso, que la responsable no respeta los términos y plazos legales para el señalamiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Al efecto, es necesario precisar que en la especie está involucrado el derecho fundamental contenido en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho del gobernado a que se le administre justicia dentro de los plazos y términos dispuestos por la ley respectiva. Para ello, es menester señalar en primer término que dicho numeral establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales; precepto que decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia con la finalidad de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes y, en sentido inverso les impone una prohibición: realizar ello, fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de ello se funda en la necesidad de que no trascurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al citado numeral constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta, misma que se manifiesta a través de dos vertientes: a) La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. b) La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo - vigente en la época en que se inició el procedimiento laboral establece: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." En la especie, de las constancias del juicio de origen SAE 499/2016 de su índice se advierte que ha incurrido en la dilación reclamada por la impetrante, pues en diligencia de nueve de agosto de este año, se declaró improcedente e infundado el incidente de suspensión de salarios caídos planteado por la demandada, y por tanto, la Sala apuntó que se continuaba con el procedimiento en el principal, teniendo como consecuencia que se señalaran las trece horas del tres de marzo de dos mil veintidós para la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, es decir, al fijar fecha fuera del término invocado para la aludida audiencia (más de siete meses posteriores de la fecha de designación), contraviene lo establecido por la disposición en cita. Lo que pone en evidencia la inconstitucionalidad del acto reclamado, al tener en cuenta que por imperativo del artículo 17 de nuestra Carta Magna, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, máxime que el precepto 873 de la Ley Federal del Trabajo establece que dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, se dictará acuerdo y que la audiencia de ley debe efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. Se afirma ello, pues si bien el diverso numeral 874 de la legislación laboral faculta a la Junta a diferir la audiencia inicial ante la falta de notificación de alguna de las partes, dicho dispositivo no establece un término legal para señalar la nueva fecha, sino que es únicamente un plazo para el diferimiento, por lo que debe atenderse al termino inicial de quince días previsto en el diverso numeral 873 del mismo ordenamiento. Sin embargo, como se hizo patente, la responsable sin justificación que la respalde ha desatendido los plazos y términos previstos para ello, cuando justamente es a lo que se debe sujetar su actuación. No se soslaya lo manifestado por la Secretaria Auxiliar de la Junta responsable, en el sentido de que tal fecha lejana no es por negligencia, dolo o mala fe, sino en razón de la excesiva carga de trabajo y emergencia sanitaria; ya que si bien debe tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, lo cierto es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias a fin de concretar el juicio. Sustenta lo anterior por analogía, la tesis de jurisprudencia IV.3o.T. J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página: 1283, Tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES." Por tanto, al resultar fundados los conceptos de violación, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa; lo anterior, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, para el efecto de que la responsable: 1. Deje insubsistente la fecha prevista para el verificativo de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas prevista en el juicio laboral de origen para las trece horas del tres de marzo de dos mil veintidós. 2. En su lugar, proceda a señalar una fecha que quede comprendida dentro de los términos precisados en la Ley Federal del Trabajo para que tenga lugar la citada audiencia. En el entendido que la sentencia se tendrá por cumplida una vez que la autoridad responsable dicte el auto respectivo en el que provea lo ordenado en el efecto descrito, atento al criterio que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación en la tesis 2a. CV/2013 (10a.) de, que lleva por título: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Isabel Cristina Rodríguez Estrada, por derecho propio, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese; y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días con el mismo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas, el expediente original SAE499/2016 de su índice, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional; con las mismas fórmese el anexo I. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona en su informe y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. En ese orden de ideas, a fin de dar oportunidad a que transcurra la vista dada a las partes con el informe justificado en comento y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional prevista para el día trece de octubre de este año, y en su lugar se señalan las once horas del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese.
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