Isabel Cristina López Felipe

Expediente 691/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
691/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
21/01/2021

Partes del expediente

  • Isabel Cristina López Felipe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se niega la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; agréguese a este expediente principal el cuadernillo original relativo a dicha incidencia, y respecto del duplicado una vez que transcurran más de seis meses de su archivo, destrúyase, lo que tiene apoyo en el punto vigésimo, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las diez horas con cinco minutos del doce de noviembre de dos mil veinte, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha en el presente juicio de amparo 691/2020-1, promovido por Isabel Cristina López Felipe.El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, el Secretario procede a dar lectura al escrito de demanda (fojas 2 a 4), así como a las demás constancias de autos; posteriormente, dicho funcionario hace constar que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir informe justificado dentro del término de quince días, a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, no obstante haber quedado debidamente notificada del oficio a través del cual se le solicitó el informe de mérito, como se advierte de la constancia de correo electrónico que obra en autos (foja 9). A lo que se acuerda: téngase por relacionadas las constancias de autos, y al Secretario asentando tal certificación para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, se abre y cierra el periodo probatorio, así como la fase de alegatos, en virtud de que no existen pruebas por relacionar ni alegatos que tener por reproducidos. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 691/2020-1; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, Isabel Cristina López Felipe, promovió juicio de amparo contra acto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de siete de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda con el número 691/2020-1, se ordenó dar los trámites administrativos comunes, pedir informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la representante social de la federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos que se anotan; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tendrían ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en la suspensión unilateral del pago de pensión mensual de viudez. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. La autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir informe justificado dentro del término de quince días, no obstante haber quedado debidamente notificada del oficio 9492/2020 de siete de octubre de dos mil veinte, a través del cual se le solicitó el informe de mérito, como se advierte de la constancia de correo electrónico que obra en autos (foja 9), por lo que con apoyo en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se presume cierto el acto que se le atribuye. En consecuencia, se tiene por cierto el acto reclamado a la mencionada autoridad responsable. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 7/94, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 206350, que textualmente establece: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." CUARTO. No obstante la presunción de certeza del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." En el presente asunto, Isabel Cristina López Felipe instó la acción de amparo aduciendo que en el juicio laboral 937/2015, ante la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, fue condenado al pago de pensión por viudez del extinto trabajador José Guadalupe Rodríguez Acosta. Sin embargo, la impetrante omitió exhibir documental o cualquier otra prueba que demostrara contar con la titularidad del derecho cuya afectación reclama, sin que pueda considerarse reconocido de manera implícita para la procedencia del juicio de amparo. Al respecto es aplicable la tesis IV.2o.A.128A del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que aparece en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Administrativa, (registro 178993), página 1157, de contenido: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PARA ACREDITARLO ES NECESARIO DEMOSTRAR QUE SE CUENTA CON UN DERECHO O BIEN JURÍDICO, PREVIAMENTE RECONOCIDOS POR UNA AUTORIDAD Y NO ESTABLECERLO DE MODO IMPLÍCITO.- Como premisa principal de procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo se requiere la existencia del interés jurídico del promovente, el que en materia administrativa se obtiene a través de la exteriorización de la voluntad de la autoridad, que es la que constituye un derecho. Así, cuando el particular reclama que le fue aplicada retroactivamente la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en contravención al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque alega que indebidamente se le requirió la licencia correspondiente, debe justificarlo con un derecho o bien jurídico preexistente vulnerado por aquella legislación secundaria, pues para la procedencia del juicio de garantías se requiere la exteriorización objetiva de la voluntad administrativa de las actividades de su competencia. De ahí que la realización de la actividad, reglamentada o no, al margen de la declaración de voluntad de la autoridad administrativa, no puede ni debe ser objeto de tutela jurisdiccional por la inexistencia del acto administrativo implícito. En esas condiciones, es insuficiente el argumento del quejoso de que inició sus actividades previamente a la entrada en vigor de la ley en comento, ya que esta situación, por sí, no otorga interés jurídico a la parte quejosa, quien debe acreditar contar fehacientemente con un derecho o bien jurídico previo, porque de no hacerlo se actualiza la hipótesis contenida en el diverso 73, fracción V, de la ley de la materia. Sin que la omisión de rendir informe justificado, tenga el alcance de subsanar la fatiga procesal de acreditar el interés social, pues la falta de dicho informe solo hace presumir cierto su existencia, más no de los hechos afirmados en la demanda de amparo, ya que tales cuestiones indefectiblemente toca demostrarlas al quejoso de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Sobre ello, es aplicable la tesis I.6o.T.299 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Materia(s): Laboral, (registro 174428), página 2267, de rubro y texto: "LAUDO. SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE SU DICTADO Y SE TIENE POR PRESUNTIVAMENTE CIERTO EL ACTO POR NO HABER RENDIDO LA RESPONSABLE SU INFORME JUSTIFICADO, ELLO NO EXIME AL QUEJOSO DE DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, Y SI NO LO HACE NO ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO.- Si el acto reclamado en el amparo indirecto consiste en la omisión de dictar un laudo, la falta de informe justificado conduce a presumir cierta su existencia, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, mas no así la de los hechos afirmados en la demanda de amparo, tales como: a) La existencia de un juicio en el que haya sido parte el quejoso; b) Que se hubiera cerrado la instrucción; y, c) Que hubiese transcurrido el plazo que tenía la autoridad laboral para emitir el fallo definitivo; ya que tales cuestiones indefectiblemente toca demostrarlas al quejoso de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; consecuentemente, si el agraviado no allegó elementos de convicción tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de sus aseveraciones, es evidente que no existe una afectación directa en su esfera jurídica y, por ende, no acredita su interés jurídico para promover el juicio constitucional y debe ser sobreseído en términos del artículo 74, en relación con el diverso 73, fracción V, ambos de la Ley de Amparo." De ahí que si no se demostró el interés jurídico para reclamar la presunta suspensión unilateral del pago de esa pensión, lo que procede con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es sobreseer en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia antes referida. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a la quejosa ISABEL CRISTINA LÓPEZ FELIPE, en el juicio de amparo 691/2020-1, respecto del acto consistente en la suspensión que reclamó sin demostrarla en el expediente 937/2015, atribuido al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con asiento en esta ciudad, por los motivos anotados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. L'RDLS/npm.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta; agréguese a los autos sin mayor trámite, el escrito recibido de manera electrónica suscrito por Héctor Gerardo Rosas Gómez, toda vez que el ocursante está autorizado en autos, solo para el efecto de oír y recibir notificaciones, no así en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Enseguida, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, el Juez declara abierta la audiencia. Primeramente, el Secretario de Juzgado certifica y hace constar que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe previo; al efecto se acuerda: téngase al Secretario de Juzgado asentando tal certificación, que se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. A continuación, el Secretario da lectura a las constancias de autos; a lo que se acuerda: ténganse por relacionadas las constancias de autos. Acto seguido, se abre y se cierra el periodo probatorio, así como la etapa de alegatos, en virtud de que no existen pruebas por relacionar, ni alegatos que reproducir. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente I N T E R L O C U T O R I A : VISTOS los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 691/2020-1, promovido por Isabel Cristina López Felipe, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. La autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con asiento en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe previo; luego, con fundamento en el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad que se señala en este considerando. SEGUNDO. Ahora bien, previamente al estudio de la suspensión de los actos reclamados, debe precisarse que la misma versará únicamente sobre efectos peticionados por la promovente Isabel Cristina López Felipe, siendo estos que para que se ordene a la responsable que continúe con el pago de su pensión, hasta que se resuelva el juicio principal de donde deriva esta incidencia. Es aplicable al respecto la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.111/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIX, Enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, (registro 182529) página 738, cuyo texto y rubro son: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." Ante lo cual, de conformidad con los artículos 128 y 153 de la Ley de Amparo, no ha lugar a conceder la suspensión definitiva que solicita la quejosa Isabel Cristina López Felipe, en virtud de que no acredita ni aun presuntivamente su interés suspensional, esto es, no acredita con documento alguno, ni siquiera de manera indiciaria, que cuenta o ha contado con el reconocimiento de beneficiaria de la pensión cuya reactivación reclama. Luego, no podría constituírsele un derecho que no justifica haber tenido. Tiene sustento, la tesis VI. 2º C. 265 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, Materia Común, (registro 173267) página 1800, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. EL QUEJOSO DEBE JUSTIFICARLO CON PRUEBAS IDÓNEAS CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO RECLAME LA AFECTACIÓN DE LA PROPIEDAD Y POSESIÓN DE UN BIEN CON MOTIVO DE SU EMBARGO PUES PARA ELLO NO BASTA QUE SEA PARTE EN EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo se reclaman, además de cuestiones vinculadas con un procedimiento jurisdiccional en el que el quejoso es parte, la afectación de la propiedad y posesión de un bien con motivo de su embargo, para efectos de que en el trámite del incidente de suspensión pueda otorgarse la medida cautelar solicitada, en relación con este último acto y sus consecuencias, el promovente debe justificar su interés jurídico con pruebas idóneas para tal efecto, pues el que deriva de su intervención como parte en el procedimiento del que emanan los actos reclamados, sólo lo legitima en relación con cuestiones que derivan de su posición procesal, pero en ella no queda comprendida la titularidad del dominio o posesión de los bienes que resultan afectados con motivo del secuestro judicial." Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 225, Tomo VIII, Julio de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA.- Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de quien solicita la suspensión sea "agraviado"; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 138, 140, 144, y 146 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó Isabel Cristina López Felipe, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 691/2020-1, en contra del acto reclamado, autoridad responsable y por los motivos anotados en los considerandos primero y segundo de la presente interlocutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. L'RDLS/npm

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