Isabel Cristina González Sánchez
Expediente 598/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- Isabel Cristina González Sánchez
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista, la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para hoy; sin embargo, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días hábiles, proporcionara a éste Juzgado de Distrito, el domicilio en el cual pudiera ser emplazado el tercero interesado Ramón Quiñonez Saucedo, auto que se encuentra en vías de notificación. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintidós.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa;
- Principal
Ensenada, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto, agréguese con vista a las partes el informe justificado presentado electrónicamente, por el juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional respectiva, mediante el cual, proporciona la liga de internet siguiente: **************En la que contiene copia digital certificada, de la causa penal 792/2022; ahora bien, una vez verificado el contenido de las mismas, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se admiten como pruebas por parte de la autoridad responsable oficiante, las cuales de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dado a su especial naturaleza y de que no requieren preparación alguna; quedando a disposición de las partes para su consulta en la mencionada liga de internet. Por otra parte, se reconoce el carácter de parte tercera interesada en el juicio de derechos fundamentales en el que se actúa, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, incisos c) y e) de la Ley de Amparo, a Ramón Quiñonez Saucedo y al agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Francisco Zarco, de esta ciudad; el primero de los citados, con domicilio ubicado en avenida Santander, número 584, en Villas Punta Piedra de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, Delegación la Misión, con sede en esta ciudad. En tal virtud, túrnense los autos al actuario de este juzgado a efecto de que se traslade al domicilio indicado y emplace al citado tercero interesado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, debidamente sellada y cotejada, así como con auto admisorio y el presente proveído. De igual forma, lo requiera para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Por otra parte, hágase de su conocimiento, que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta y seis minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Asimismo, se le exhorta para que continúe el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica; de igual forma, proporcione un número de teléfono móvil y un correo. De igual forma, gírese oficio a la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Francisco Zarco, de esta ciudad, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y auto admisorio. Asimismo, se le requiere para que proporcione un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda que promueve Isabel Cristina González Sánchez, en su carácter de apoderada legal de la "Asociación de Colonos Punta Piedra", Asociación Civil, personalidad que se le reconoce en mérito de la copia certificada de la escritura pública número cuatrocientos veintidós (422), volumen cinco (5), de ocho de septiembre de dos mil veintidós, pasado ante la fe del Notaria Pública Número Diez de esta ciudad, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo y solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, previo registro en el libro del Juzgado correspondiente bajo el número 598/2022-II, y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Sin que sea el caso formar el incidente de suspensión, en virtud de que no fue solicitado. Se señalan las nueve horas con treinta y seis minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo; y toda vez que el promovente señala autoridad del sistema penal acusatorio, deberá anexar a su informe copia de la videograbación que contenga la audiencia o audiencias que constituyan los actos reclamados; asimismo, deberá acompañar por escrito el registro cronológico de las audiencias; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa, de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22.00 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita al juez responsable que rinda su informe justificado vía servicio de interconexión, en términos de la Declaratoria de Interconexión Tecnológica entre el Consejo de la Judicatura Federal y el Poder Judicial del Estado de Baja California, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la autoridad responsable como en éste Juzgado de Distrito. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17, constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se le gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22.00 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64, de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa en lo individual de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22.00 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251, de la Ley de Amparo. En otro contexto, este órgano jurisdiccional se reserva de proveer respecto al emplazamiento de la parte tercero interesada que indica, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que rinda la autoridad responsable, a efecto de verificar a quien le asiste tal carácter, así como el domicilio donde puedan ser emplazados. En otro aspecto, se le tiene señalando domicilio procesal y como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Armando Arce Ramírez, Erika Flores Salazar, Bianca Janeth Placencia Valenzuela, Enrique Ángulo Torres y Milka Naara Oceguera Fierro, ya que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Andrea Lisbeth Ledezma Buchan, Uriel Esteban Campos del Río y Armando Razo Ríos. Por lo que respecta a Jaime Xicontencatl Palafox Granados, Marco Antonio Horta Espinoza, Yatzira Beatriz Aguilar Virgen y Leslie Betsabeth Domínguez Guadalupe, se tienen como autorizados únicamente en términos del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, ya que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, los mismos no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, este juzgado se reserva reconocer el carácter del tercero interesado Ramón Quiñonez Saucedo, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que rinda la autoridad señalada como responsable. Se tiene por exhibida la documental que acompaña a su escrito inicial de demanda de amparo en términos del artículo 119 de Ley de Amparo, misma que se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia naturaleza por no requerir forma especial para su desahogo, la cual será tomada en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Por otra parte, en relación a que se autorice el uso de medios electrónicos al revisar el presente expediente; se acuerda favorable lo solicitado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional y en atención a la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el dieciocho de marzo de dos mi nueve; debiéndose cuidar que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión está reservada por disposición legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 725, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, tomo XXIX, Marzo de 2009, materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de las actuarias de este juzgado, realicen las notificaciones que se ordenen en el este asunto. Se autoriza a la secretaria de este juzgado a efecto de que firme los oficios derivados en el presente sumario constitucional y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En otro contexto, se exhorta a las partes, para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica. De igual forma, se solicita a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3o de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Notifíquese y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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