Isabel Cristina Fajardo Mendez
Expediente 666/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 08/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Maybelline Damilet Mendoza Fajardo
- Isabel Cristina Fajardo Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
...Téngase por recibido el oficio 427/2018, enviado por la Jueza de Primera Instancia en Materia Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en Río Bravo, Tamaulipas; atento a su contenido, dígasele que por auto de quince de enero del presente año, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, por lo que deberá estarse a lo determinado; de igual forma, se decretó el archivo definitivo del presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, devuélvase el presente expediente al archivo de este juzgado, de donde se extrajo para su acuerdo.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante proveídos de veintisiete de noviembre y veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con los oficios 2294 y 2505, a través de los cuales la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia en Materia Civil del Decimotercer Distrito Judicial del Estado, con sede en Río Bravo, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, realizando manifestaciones únicamente el autorizado del tercero interesado ÁNGEL DE JESÚS MENDOZA CHAIRES. Ahora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 243, del Tomo XI, relativo a marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Ahora bien, la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, tiene como trascendencia jurídica que la Jueza responsable realice lo siguiente: "1) Deje insubsistente el acuerdo reclamado de veintidós de junio de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 616/2016, en el que se ordenó el desahogo de la prueba pericial genética molecular (ADN); y, 2) En su lugar, emita uno diverso en el que al dar respuesta al escrito de la parte actora en el juicio natural de veinte de junio de dos mil diecisiete, pondere qué tan indispensable resulta el desahogo de la prueba pericial genética de referencia, para lo cual deberá tomar en consideración todo lo expuesto en esta sentencia." Bajo los lineamientos de la sentencia ejecutoriada de amparo, la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia en Materia Civil del Decimotercer Distrito Judicial del Estado, con sede en Río Bravo, mediante el oficio 2294, informó a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la misma, y al efecto, remitió el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, para comprobar su dicho. De la constancia a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, a la que se le otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la responsable implícitamente dejó insubsistente el acuerdo aquí reclamado de veintidós de junio de dos mil diecisiete, en el que se había ordenado el desahogo de la prueba pericial genética molecular (ADN). Lo anterior es así, ya que el veintidós de noviembre del año pasado, dictó un nuevo acuerdo en relación a dicha prueba, en el que ponderó si era indispensable o no su desahogo; y al efecto, determinó que no era necesario su desahogo, en virtud de los hechos confesados en el escrito de contestación de la demanda que dio origen al juicio natural, de ahí que al estimar que hubo hechos admitidos por las partes, no se hacía necesario el desahogo de esa prueba. Por lo antes expuesto, es claro que se ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, pues se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, y se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En relación con lo anterior, el suscrito juzgador no pasa inadvertido lo expresado por el autorizado del tercero interesado en el escrito recibido el seis de diciembre pasado, en el sentido de que la Jueza responsable se excede en el cumplimiento del fallo protector, ya que determinó no admitir la prueba pericial en comento, cuando ya estaba admitida en diverso acuerdo que no fue materia del fallo protector; al respecto, quien esto provee estima que la sentencia de amparo quedó cumplida en los términos precisados en párrafos que anteceden, sin que el aspecto relativo a la no admisión de la prueba que nos ocupa sea impedimento para ello, en virtud de que con independencia de que la responsable haya tenido por no admitida la prueba, ello genera la misma consecuencia jurídica con motivo de la concesión del amparo, esto es, se estimó que no era necesario el desahogo de dicha probanza, por los motivos que adujo la jueza, aunado a que sólo modificó lo relativo a esa prueba admitida en el auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, quedando firme los demás aspectos relativos a las diversas pruebas materia de ese acuerdo; por lo que se reitera, la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, del segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda amparo, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, además de las directrices visibles en su página 31, que dice: Resolución del Juzgado de Distrito. En su caso, resolución del Tribunal Colegiado/SCJN Destino final 1. Sobresee Concede o niega Depurable 2. Concede o Niega el Amparo Sobresee Depurable 3. Niega amparo Concede el amparo Depurable 4. Sobresee Confirma sobreseimiento Destruible En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; y, el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto en el citado punto, párrafo segundo de la fracción III, del acuerdo general relativo, dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Por lo que una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 2505, enviado por la Jueza de Primera Instancia en Materia Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Rio Bravo, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes el oficio de mérito por el plazo de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente auto, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el particular.
- Principal
...Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se emitió sentencia dentro del presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo a la quejosa ISABEL CRISTINA FAJARDO MÉNDEZ, por sí y en representación de su hija menor de edad MAYBELLINE DAMILET MENDOZA FAJARDO, misma que causó ejecutoria el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, requiriendo a la responsable el cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, tomando en consideración que la sentencia dictada en el presente juicio concedió el amparo a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en Río Bravo, Tamaulipas, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificada del presente acuerdo, informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite. ...Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que continúe el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y consignación de la responsable, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo.
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