Isabel Chayes Alvarado y Otros.
Expediente 1274/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1274/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/09/2023
Partes del expediente
- Isabel Chayes Alvarado y Otros.
- Isabel Chayes Alvarado
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, de cuyo contenido se advierte que se avocó al conocimiento del recurso de queja interpuesto contra el auto dictado en el presente asunto, con motivo a la competencia declinada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, registrándolo bajo el amparo en queja 370/2023. Se toma nota de lo informado, quedando a la espera este órgano de la ejecutoria que dicte dicho Tribunal de Alzada. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero del Ramo Civil, residente en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en autos, informa que hasta el día veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, la autoridad demandada no ha dado cumplimiento al primer pago programado en el convenio de pago de ocho de agosto de dos mil veintitrés, el cual fue ratificado por las partes ante el Juzgado oficiante. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud, de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, informe el cumplimiento dado al convenio de referencia pues el mismo constituye materia de acatamiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos con 00/100 moneda nacional), se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Glósese a los autos el escrito de cuenta signado por ***, apoderada de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, emitido por este Órgano de Control Constitucional; al efecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero, 100 y demás relativos aplicables a la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el RECURSO DE QUEJA que hace valer la promovente, y una vez que se encuentre debidamente integrado, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en esta ciudad, para la substanciación del mismo, enviándose al efecto original y copia del aludido ocurso. Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, conforme a la tesis en cuestión, para desechar de plano de una demanda de amparo, es necesario encontrar un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, dicho motivo debe ser manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo; y ha de ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que esa causa es operante en el caso concreto. En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como autoridad responsable al 1. Director de la Oficina Estatal del Estado de Chiapas, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en Chiapas, con sede en esta ciudad, de quien reclama la Constancia de Conclusión del Procedimiento de Conciliación Prejudicial, de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, emitido en el expediente CHP/CI/2023/000924, por medio del cual, se dio por concluido ese procedimiento de conciliación prejudicial. En ese orden de ideas, esta juzgadora advierte que en el caso particular se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) " "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 107. Las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público." (.)" De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte que el acto combatido deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, en virtud de que del estudio de la demanda de amparo y las constancias que obran en autos, no se observa que el acto reclamado produzca una afectación personal y directa, y sobre todo actual, en relación a los directamente quejosos, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de los gobernados, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que, se reitera, la citada demanda resulta improcedente, en atención a lo estatuido por la normatividad antes precisada. Sentado lo anterior, se reitera que en el caso que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado la Constancia de Conclusión del Procedimiento de Conciliación Prejudicial, de s veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, emitido en el expediente CHP/CI/2023/000924, por medio del cual, se dio por concluido ese procedimiento de conciliación prejudicial. Sin embargo, lo anterior no constituye un acto que produzca una afectación personal y directa a la parte promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la misma, ya que aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que, en la especie, no acontece. Se dice lo anterior, toda vez que con motivo de la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral, la etapa de conciliación se elevó a rango constitucional, como se desprende del artículo 123, Apartado A, fracción XX, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, de conformidad con los artículo 684-B y 684-E, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, en el que, de llegar a un arreglo armonioso, las partes, celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de éste; pero en caso de que no se llegue a un acuerdo, la Autoridad Conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial. Por su parte, el artículo 872, apartado B, fracción I, de la legislación en comento, prevé que a la demanda deberá anexarse, entre otros documentos, la constancia expedida por el Organismo de Conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes. Como se ve, de acuerdo con la referida reforma, las partes en conflicto se encuentran obligadas a agotar el procedimiento conciliatorio prejudicial, antes de acudir a juicio ante el Tribunal del Trabajo. Por tanto, de la lectura que se hace al escrito de demanda y la constancia anexa, se advierte que la autoridad responsable únicamente expidió la constancia de haber concluido el procedimiento de conciliación prejudicial a que se refiere el artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo, sin que se advierta que dicha constancia limite o restrinja el derecho que tienen los aquí quejosos de acudir ante el Tribunal del Trabajo a demandar las prestaciones que estimen pertinentes. Lo anterior pone de manifiesto que el acto reclamado, no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, pues tiene expedito su derecho para acudir al Tribunal del Trabajo a demandar las prestaciones que estime pertinentes; por lo que, en todo caso, el acto que le depararía algún perjuicio, sería que el mencionado tribunal de acuerdo con sus facultades, y con base en el análisis que haga de los documentos que deban anexarse al escrito de demanda, entre ellos, la constancia de referencia, determine desechar la demanda, causando una afectación a su esfera jurídica. Lo anterior, sin que pase desapercibido para esta juzgadora, la circunstancia de que los promoventes del amparo, hubieran señalado como acto reclamado destacado la omisión de expedir la constancia respecto haber agotado el procedimiento de conciliación sin llegar al acuerdo correspondiente, ya que la omisión que reclama se hace depender precisamente del acto sobre el que se actualiza la causal de improcedencia analizada en párrafos precedentes. Es así, pues precisamente lo que reclamó como acto primigenio fue la Constancia de Conclusión del Procedimiento de Conciliación Prejudicial, de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, emitido en el expediente CHP/CI/2023/000924, por medio del cual, se dio por concluido dicho procedimiento. Máxime que con las constancias que anexa la promovente al escrito de demanda, no logra acreditar la personalidad con la que ostenta. Se dice lo anterior, en razón de que si bien, exhibió carta poder de ocho de febrero de dos mil veintitrés, de cada una de las personas que dice representar, aquellas están dirigidas al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en Turno, sin que exhiba acuerdo donde dicha autoridad le haya reconocido expresamente la calidad que aduce tener. En ese sentido, cabe destacar que si bien este juzgado conoce asuntos en materia laboral, dicho conocimiento únicamente se efectúa en la fase de amparo, y no en la etapa procedimental, por lo que resulta evidente que dicha documental no se encuentra dirigida a esta autoridad. Ello aunado, a que el acto que reclama se lo atribuye al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en Chiapas, con sede en esta ciudad, y no a un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en turno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Al actualizarse la causa de improcedencia aquí analizada, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO en estudio, por notoria y manifiesta improcedencia, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTODE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en esta ciudad y, como autorizada en términos que solicita a ******************** y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que señalada. Ahora, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró registrado el usuario ********************; en tal virtud, con fundamento en los numerales 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el referido usuario. Asimismo, como lo solicita la promovente y, con fundamento en el citado Acuerdo General 12/2020, háganse las notificaciones vía electrónica, a través del Sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre del usuario que proporciona. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes...
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