Isabel Barranco Galatria

Expediente 1464/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1464/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Isabel Barranco Galatria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Sonia Barragan Cisneros, Jueza Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de veintidós de noviembre de la presente anualidad, emitida en el expediente 488/2021, de su índice. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1464/2022, promovido por ******************** contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos "resolución de fecha 6 de octubre del año 2022, dictada dentro de los autos del expediente ********************, radicada en la primera secretaría, del juicio CONTROVERSIA FAMILIAR de GUARDA Y CUSTODIA de mis menores hijos ********************de apellidos ********************, de 13, 10 y 8 años de edad. SEGUNDO. El nueve de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1464/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en esta entidad federativa. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama del Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, la resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada en los autos de la controversia familiar relativa a guarda, custodia, depósito y alimentos, promovida por ********************, contra ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el ordinal 62 del citado ordenamiento; por lo que se procede al análisis del fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De la revisión efectuada a las constancias que obran en autos, así como del anexo remitido por el juez responsable, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes del Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el estado de Morelos, ******************** -aquí tercero interesado-, promovió una controversia del orden familiar sobre la guardia, custodia y alimentos, en representación de sus menores hijos de iniciales ********************., ******************** y ******************** 2. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el juez responsable radicó el expediente con el número ********************, admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, y ordenó emplazar y correr traslado con la demanda a ******************** -parte quejosa en este juicio-, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 3. Sustanciado el procedimiento en todas sus etapas, el once de abril de dos mil veintidós, el juez responsable decretó la guardia y custodia provisional de los menores ********************., ******************** y ********************, a favor del tercero interesado, así como el depósito del tercero interesado y de los menores en el domicilio ubicado en ********************, municipio de Zacualpan, Morelos, fijó un monto por concepto de pensión alimenticia, y decretó el régimen de convivencia provisional entre los menores y su madre. 4. Inconforme con tal determinación, ******************** promovió juicio de amparo indirecto, mismo que correspondió conocer a este juzgado de distrito, quien lo registró bajo el expediente 586/2022, y el once de julio de dos mil veintidós, otorgó la protección constitucional para efectos de que el juez responsable expusiera los medios de convicción que tomó en consideración para resolver de manera provisional sobre la guarda y custodia de los menores, además para que en su caso se allegara de todas las pruebas necesarias, incluyendo la escucha de los menores, o en su defecto, justificar el por qué no sería necesario. 5. El treinta de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de presentación de los menores ********************., ******************** y ******************** 6. Mediante interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintidós, el juez del asunto resolvió las medidas provisionales solicitadas, por lo que ordenó la guarda y depósito de los menores a favor de su padre ********************, y el pago de una pensión alimenticia provisional a cargo de la aquí quejosa ********************. Dicha resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar se realizará una síntesis de los conceptos de violación expuestos en el escrito de demanda; luego, se procederá al estudio y análisis respectivo. 1. Síntesis del concepto de violación Primero. Considera que la resolución viola en su perjuicio el artículo 1° constitucional. Segundo. Reclama la indebida valoración de las pruebas desahogadas, en específico la diligencia de presentación de los menores de treinta de junio de dos mil veintidós. Además, aduce que la juez responsable no tomó en cuenta las pruebas ofrecidas a su favor, para efecto de determinar el estado y condición de los menores. Tercero. Refiere que la responsable no tomó en consideración el principio de equidad de género previsto en el artículo 189 del Código Procesal Familiar del estado de Morelos, el cual establece que los menores de siete años deben quedar al cuidado de su madre. 2. Estudio de los conceptos de violación Este juzgador considera que en el presente asunto, debe suplirse la deficiencia de la queja, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de especial tutela, conforme a lo previsto en ese ordenamiento, así como a los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro -al interpretar el alcance del artículo 76 Bis de la anterior Ley de Amparo en el que se recogía la suplencia de la queja- que esta puede ser total, ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica. Así pues, el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; de tal fracción se puede extraer que procede la suplencia de la queja en tres supuestos diferentes, a saber: i. A favor de menores. ii. A favor de incapaces. iii. En aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. Con base en lo anterior, válidamente podemos concluir que es procedente la suplencia de la queja en el presente juicio pues si bien los menores ********************., ******************** y ******************** no son quejosos en este asunto, lo cierto es que de conformidad con los antecedentes relatados, estamos en presencia de un asunto que afecta el orden y desarrollo de la familia, ya que la resolución reclamada trastoca las relaciones entre los miembros de la familia. Esto es acorde a la tesis 2a. LXXV/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte". Bajo ese orden de ideas, el problema jurídico a resolver puede resumirse en la siguiente interrogante: ¿es constitucional la decisión del juez responsable consistente en que el tercero interesado deba ostentar la guarda y custodia provisional de los menores ********************., ******************** y ********************? Para efectuar el estudio de fondo del presente apartado, en primer lugar, será necesario exponer los precedentes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado en materia de interés superior del menor y su aplicación en casos concretos. Posteriormente, se procederá a analizar la dinámica del derecho fundamental a la convivencia familiar en un contexto de crisis intrafamiliar. Finalmente, se estudiará si la decisión provisional sobre la guarda y custodia emitida por la autoridad responsable, vulnera de alguna manera el interés superior del menor y el derecho fundamental a la convivencia familiar. 2.1. Doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al principio de interés superior del menor y su aplicación en casos concretos De acuerdo con los precedentes que ha emitido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés superior de la niñez es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores previstos en el artículo 4° de la Constitución Federal. Esta interpretación encuentra respaldo en un argumento teleológico: en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4°, donde se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos de los menores de edad. Asimismo, se ha establecido que, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del menor de edad es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores de edad, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión". Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 583/2013 consideró como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor, en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se debe proveer, por el medio más idóneo, a las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y a las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar, minuciosamente, las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4° constitucional. Esto quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional". En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de estos y no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bien de los hijos. Este criterio vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social. 2.2. El derecho a la convivencia familiar en un contexto de crisis intrafamiliar La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la influencia familiar y la vinculación afectiva que los menores obtienen de cada uno de sus progenitores con el transcurso del tiempo, constituye un elemento esencial para el adecuado desarrollo de su personalidad. En este sentido, es un hecho que el contexto más apropiado para el óptimo desarrollo de estas relaciones paterno-filiales es aquel en el que los progenitores viven una vida en común, en donde ambos satisfacen conjuntamente las necesidades de afecto y cariño del menor. Sin embargo, el derecho debe contemplar la posibilidad de que existan situaciones en donde desacuerdos personales hagan imposible la convivencia entre los padres. Ante esta circunstancia, a pesar de que resulte físicamente imposible la continuidad de la convivencia simultánea entre los hijos menores de edad y ambos padres, el Estado debe encontrar mecanismos para garantizar el derecho de los menores a mantener relaciones personales y de trato directo con sus padres de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar, salvo en aquellos casos extraordinarios en los que dicha convivencia sea contraria a sus intereses. El órgano legislativo, ha establecido diversas instituciones jurídicas tendientes a salvaguardar el derecho-deber de los progenitores a participar activamente en la crianza y educación de sus hijos menores de edad y, particularmente, asegurar la convivencia regular del menor con ambos progenitores, de forma que sea posible salvaguardar el desarrollo pleno e integral de su personalidad en un contexto de crisis intrafamiliar. Dentro de estas instituciones encontramos la fijación de la guarda y custodia a cargo de uno de los padres y, paralelamente, el derecho de visitas o régimen de convivencia a favor del otro. Estas figuras son complementarias entre sí y garantizan, bajo estas situaciones extenuantes, el derecho del menor a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad. La guarda y custodia, entendida como la acción de los padres de velar por sus menores hijos y tenerlos en su compañía, forma parte de las funciones personales que -junto con las funciones patrimoniales-, integran la patria potestad y que van dirigidas a asegurar el desarrollo pleno e integral del menor. Dentro de estas funciones personales, la guarda y custodia es sin duda una de las de mayor importancia. En un entorno de unidad familiar en el que los padres viven una vida en común, la guarda y custodia de los hijos se encuadra dentro del ejercicio dual de la patria potestad, es decir, ambos padres comparten su titularidad indistintamente, con lo que naturalmente se garantiza la relación personal y el contacto directo del menor con sus dos padres por igual. Sin embargo, ante el surgimiento de una crisis intrafamiliar que resulta en la separación material de los padres, la facultad de la guarda y custodia se desprende del ejercicio dual de la patria potestad y queda a cargo -por medio de convenio o resolución judicial- de uno de ellos. Es necesario precisar que esta situación no debe interpretarse como una sanción al padre no custodio ni tiene como consecuencia la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos, pues, a menos de que incurra en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma y que de acuerdo con la legislación civil aplicable proceda dicha sanción, la asignación de la guarda y custodia, si bien limita las funciones personales de la patria potestad, deja intactos otros derechos y obligaciones derivados de esta. Ante la ruptura definitiva de la convivencia familiar entre los progenitores, una de las interrogantes más complejas es la de determinar a cuál de los progenitores se debe otorgar la facultad de la guarda y custodia, pues de esta decisión depende la organización futura de la familia en cuestión. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. Esto quedó precisado en la jurisprudencia 1a./J. 31/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA. Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social". Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 53/2014 (10a.), también de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO)", la dificultad de esta decisión estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del menor, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta. La dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica y las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los menores. Las juezas y jueces deben valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. Asimismo, debe procurar que sus decisiones causen el menor perjuicio posible a las niñas, niños y adolescentes, además de que deben atender a lo que resulte más beneficioso no sólo a corto plazo, sino en el futuro. La tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue en aquella forma -exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre-, que se revele como la más idónea para el menor. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 1a./J. 23/2014 (10a.), que para resolver esta interrogante, el juez ha de atender a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos en especial si existe un rechazo o una especial identificación, su edad y capacidad de autoabastecerse, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto. Así las cosas, el derecho de familia también ha previsto una institución paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Como se adelantó, desde el momento en que el núcleo familiar original se disuelve, resulta físicamente imposible que los menores mantengan relaciones personales de forma simultánea con ambos progenitores. Por tanto, es innegable que esta institución goza de una gran trascendencia en el ámbito de crisis intrafamiliares, puesto que se erige como una medida excepcional tendiente a reactivar la convivencia familiar con el progenitor que no ostenta la titularidad de la guarda y custodia y así asegurar la continuación de las relaciones paterno-filiales con ambos progenitores de forma regular. Al momento de implementar el régimen de convivencia a favor del progenitor no custodio, la autoridad judicial debe tener en consideración que se trata de un derecho a favor de los menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. Por tanto, cualquier decisión judicial que recaiga sobre el derecho de visitas deberá tener como eje rector el principio de interés superior del menor, buscando en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. En este sentido, se ha considerado que el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, el mencionado derecho podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. Al igual que la decisión sobre la asignación de la guarda y custodia a uno de los progenitores, la determinación sobre el contenido del derecho de visitas en cada caso concreto tampoco es una tarea sencilla. Las juezas y jueces de lo familiar deberán tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados; el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio; y en general cualquier otro factor que permita discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, las juezas y jueces de lo familiar deberán establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que consideren más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. Efectivamente, las personas juzgadoras podrán establecer que la convivencia entre los menores y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que el contacto regular entre los menores y ambos progenitores es un elemento no solo beneficioso, sino esencial en el desarrollo de la personalidad del menor, también es un hecho que pueden llegarse a presentar situaciones excepcionalmente graves en las que la existencia de una relación familiar con uno de los progenitores puede resultar perjudicial para este. En consecuencia, ante la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, las juezas y jueces de lo familiar, mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia. Cabe mencionar, asimismo, que la simple pérdida de la patria potestad no es motivo suficiente para privar al progenitor sancionado del derecho de convivencia, pues las personas juzgadoras de lo familiar habrán de atender a la gravedad de la causa que originó la pérdida de la patria potestad para determinar si la convivencia pudiera importar algún riesgo para la seguridad o desarrollo adecuado del menor, en el entendido de que si determina dicha pérdida pero no del derecho de convivencia, ello obedecerá a que subsiste el derecho del menor a obtener un desarrollo psico-emocional adecuado y a que las condiciones particulares así lo permiten, mas no porque el progenitor condenado pueda exigir el derecho de convivencia. Tal criterio quedó plasmado en la tesis 1a./J. 97/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES. Una de las consecuencias de la pérdida de la patria potestad es que el progenitor condenado no tenga derechos respecto de sus hijos, es decir, la privación de todo privilegio relativo a exigir la obediencia y el respeto de los menores, la facultad de llevar su representación legal, la administración de sus bienes y decidir, participar y opinar sobre asuntos inherentes a su educación, conservación, asistencia, formación y demás relativos a los aspectos no patrimoniales de quien ejerce la patria potestad. Sin embargo, independientemente de las consecuencias apuntadas -que se relacionan directamente con los derechos que otorga al progenitor el ejercicio de la patria potestad-, de ello no se aprecia que su pérdida conlleve indefectiblemente que deba impedirse al menor ejercer el derecho de convivencia con sus progenitores en tanto que, por un lado, ese derecho no es exclusivo de los padres, sino también de los hijos y, por el otro, no todas las causales de pérdida de la patria potestad son de la misma gravedad. En ese orden de ideas resulta indispensable atender al interés superior del menor, para lo cual deben propiciarse las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, que en la mayoría de los casos implica la convivencia con ambos progenitores, independientemente de que ejerzan o no la patria potestad sobre aquél; de ahí que el juez de lo familiar habrá de atender a la gravedad de la causal que originó la pérdida de la patria potestad para determinar si la convivencia pudiera importar algún riesgo para la seguridad o desarrollo adecuado del menor, en el entendido de que si determina dicha pérdida pero no del derecho de convivencia, ello obedecerá a que subsiste el derecho del menor a obtener un desarrollo psico-emocional adecuado y a que las condiciones particulares así lo permiten, mas no porque el progenitor condenado pueda exigir el derecho de convivencia." 2.3. La decisión provisional sobre la guarda y custodia emitida por la autoridad responsable, vulnera el interés superior del menor y el derecho fundamental a la convivencia familiar, debido a una insuficiencia en la motivación que sustentó su decisión. Como se precisó anteriormente, el interés superior de los menores es un criterio sobre el cual deben guiarse las decisiones sobre guarda y custodia. Sin embargo, debido a la complejidad de las relaciones familiares, no puede establecerse un criterio de carácter general para determinar la forma en que se llevará a cabo ese régimen. Por lo anterior, es labor de las personas juzgadoras el valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad de los menores. Para tal efecto, debe tomarse en cuenta todos aquellos elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos en especial si existe un rechazo o una especial identificación, su edad y capacidad de autoabastecerse, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto. Sin embargo, si bien es cierto, la juez de la causa llevó a cabo la diligencia de presentación de los menores ********************., ******************** y ********************, y tomó en consideración distintos medios de convicción desahogados durante la substanciación del juicio, lo cierto es que no expuso de forma exhaustiva los motivos que la llevaron a valorar la diligencia en mención. Con lo anterior, se vulnera en su perjuicio de la quejosa y los menores, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que carece de una debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe satisfacer, pues dichos dispositivos establecen: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.(.)". A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversas jurisprudencias en las que define los conceptos de fundamentación y motivación; entre ellas, se encuentra la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 30, Tercera Parte, página 57, registro digital 238924, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Así, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, en tanto que, por motivación el señalamiento en forma precisa de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa citada. Además, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Sobre el tema, es aplicable la jurisprudencia 264, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Séptima Época, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación, página 1239, registro digital 1011558, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Luego, la transgresión al artículo 16 constitucional, derivada de que las autoridades omitan fundar y motivar sus actos, constituye una violación de derechos fundamentales en alguna de las siguientes vertientes: a) De forma: cuando se trata de la falta total de fundamentación y/o motivación; y, b) De fondo: cuando lo que se presenta es una indebida o incorrecta fundamentación y/o motivación. El supuesto previsto en el inciso a) se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se consideraron para subsumirlo en la hipótesis prevista en la ley. Mientras, la violación precisada en el inciso b) acontece cuando se invoca el precepto legal, pero éste no es aplicable por las características específicas del asunto, impidiendo su adecuación en la hipótesis normativa; o bien, cuando las razones que da la autoridad responsable como sustento del acto reclamado, son discordantes con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación, significa la carencia o ausencia absoluta de tales requisitos, y se traduce en una violación formal; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación o motivación, entraña la inexacta o deficiente aplicación de normas, así como de los razonamientos formulados por la autoridad y resulta en una violación material o de fondo. De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable no colmó los requisitos que el artículo 16 constitucional contempla al respecto, pues en el apartado relativo a la valoración de la diligencia de escucha de los menores llevada a cabo el treinta de junio de dos mil veintidós, se limitó a establecer que el niño de iniciales ********************., "manifestó conductas inapropiadas por parte de su señora madre. Motivo por el cual la Agente del Ministerio Público de la adscripción solicitó copias certificadas de las constancias que integran el presente expediente en virtud de que dichas conductas pudieran presuntamente constituir algún delito." Además, en torno a la solicitud del Ministerio Público refirió lo siguiente: ".informó que se procedió a iniciar la carpeta de investigación número ******************** ante el órgano investigador de Jonacatepec, Morelos por hechos constitutivos de delito contra ********************y en agravo de los menores de iniciales ********************., ******************** y ********************. Medio de prueba al que se le confiere valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 341 Fracción II y 404 del Código Procesal Familiar en vigor en virtud de ser documentos expedidos por funcionario Público en ejercicio de sus facultades." De lo anterior se desprende que si bien es cierto se inició una indagatoria en contra de la madre de los menores y aquí quejosa, también lo es que la juez de la causa no expuso en qué consistieron las conductas "inapropiadas" por parte de ********************, y cómo repercutía esto en el ámbito familiar y entorno de los menores. Se reitera, de la transcripción que realiza respecto a la diligencia de presentación de los menores, así como la diligencia misma visible a fojas 308 a 312 del anexo I, y tampoco de lo informado por la representación social, se puede advertir en qué consistieron tales conductas y mucho menos cómo es que trascienden en el normal desarrollo de los menores. Además, el hecho de que el Ministerio Público advierta conductas que pudieran ser constitutivas de algún delito en perjuicio de los menores, no releva a la juez de origen de la obligación de exponer qué actuar de la quejosa es la que se considera nociva para los menores y en qué consistió la misma. Del mismo modo no se desprende que analizara la totalidad de medios de convicción desahogados previo a la resolución reclamada, como lo son, los diversos informes de las instituciones educativas en las cuales se encuentran los menores. De ahí que deba concederse el amparo y protección solicitado. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En virtud de lo anterior, se concede el amparo y protección de la justicia federal a ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************., ******************** y ********************, para efecto de que la juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del estado de Morelos, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que sea notificado del acuerdo por el que se declaró que esta resolución causó ejecutoria, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos la sentencia interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, de su índice. 2. Dicte una nueva resolución, con plenitud de jurisdicción, en la cual, de manera fundada, motivada y con base en el interés superior de los menores, exponga en qué consistieron las conductas que se consideran inapropiadas por parte de la quejosa y que incluso podrían constituir un delito, si es que así lo estima la juzgadora, para determinar el régimen de convivencias que decrete; y valore la totalidad de las pruebas desahogadas en autos, a fin de determinar el ambiente familiar más idóneo para el desarrollo de los menores ********************., ******************** y ******************** En el entendido que la resolución que emita puede ser en el mismo sentido o en uno diferente, pero purgando los vicios de motivación expuestos en la presente sentencia. Por lo antes expuesto, se R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, por el acto atribuido a la juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del estado de Morelos, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo de este fallo, respectivamente. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy once de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio registrado con el folio 9376, signado por Janet Calderón Jiménez, Delegada del Instituto de la Defensoría Pública Delegación Morelos, por medio del cual designa al licenciado Milton Salvador Portillo Arellano, asesor jurídico federal adscrito, para fungir como representante de los menores de iniciales J.A.A.B, N.M.A.B y C.J.A.B; lo anterior, en cumplimiento al proveído de ocho de mayo del dos mil veintitrés; en consecuencia, téngase por satisfecho el requerimiento antes mencionado. Finalmente, vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio registrado con el folio 9421 signado por Milton Salvador Portillo Arellano, mediante el cual acepta y protesta el cargo de Asesor Jurídico de los menores de iniciales J.A.A.B, N.M.A.B y C.J.A.B., a través del cual, señala domicilio procesal, designa autorizados y solicita la consulta del expediente electrónico, asimismo proporciona correos electrónicos y ofrece alegatos; al respecto, se provee lo siguiente. Téngase por aceptado al citado profesionista el cargo conferido. Por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. Téngase por autorizadas para los efectos que precisa a las personas que menciona. Se tienen por señalados los correos electrónicos proporcionados, como auxiliar para mejor contacto con la citada parte, sin que puedan llevarse a cabo notificaciones a través de los mismos, dado que no se encuentra autorizada dicha situación en la Ley de Amparo. Respecto a la autorización para la consulta del presente expediente vía internet por medio de los usuario que refiere; de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, únicamente respecto de las cuentas que se encuentren registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el ordinal 124 de la Ley de Amparo, se le tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

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