Isabel Alejandra Chavez Jiménez

Expediente 1462/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1462/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Isabel Alejandra Chavez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1 Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 1462/2022, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***************************, contra las autoridades responsables Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Administración Fiscal General y Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, todos con sede en Saltillo, y Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y aplicación de los artículos 96, fracciones I, II, II-A, III, IV, V, VI, VII, X, XI, y 158 a 170 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, ante la Secretaría de Guardia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Isabel Alejandra Chávez Jiménez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos ahí precisados. 2. Trámite. Previa aclaración de demanda, por auto de diez de enero del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo. La audiencia constitucional tuvo verificativo el día de hoy. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1 Autoridades responsables. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Administración Fiscal General y Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, todos con sede en Saltillo, y Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad. 4.2 Actos reclamados. La aprobación, expedición, promulgación y aplicación de los artículos 96, fracciones I, II, II-A, III, IV, V, VI, VII, X, XI, y 158 a 170 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022. Es aplicable la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia de los actos reclamados y las causales de improcedencia alegadas por las partes o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1 Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos que se reclaman a la autoridad responsable Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, por así haberlo señalado en su informe justificado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa, o bien, acreditado el acto de aplicación de las normas por parte de dicha autoridad. Del mismo modo, no pueden tenerse por ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de Piedras Negras, dada la propia naturaleza de las normas impugnadas, ya que estriban sobre el cobro de derechos, lo que, desde luego, no derivó de las facultades de la precitada autoridad sino de la voluntad de la parte quejosa al momento de pagar los derechos de control vehicular. Se dice esto, pues la erogación realizada por la parte quejosa fue espontánea, sin que ello implicara la participación de la mencionada autoridad responsable, de ahí que, el pago por tales conceptos se realizó en acatamiento a las obligaciones fiscales del contribuyente derivada de la propia ley, y no de algún requerimiento formulado por la citada autoridad, es decir, simplemente la quejosa se autoaplicó los dispositivos cuestionados, pues su reclamo es de naturaleza heteroaplicativa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento de este juicio constitucional, por lo que a estas autoridades se refiere, ante la inexistencia de los actos que les fueron atribuidos. Sobre el tema se emitió la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 308. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5.2 Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y aplicación de los artículos 96, fracciones I, II, II-A, III, IV, V, VI, VII, X, XI, y 158 a 170 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, pues así lo manifestaron las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y Administrador Fiscal General, todas con residencia en Saltillo, al rendir su informe justificado. Además, debe precisarse que la certeza de los actos de naturaleza materialmente legislativa no está sujeta a prueba, pues se acredita fehacientemente con la publicación del ordenamiento legal impugnado en el medio oficial de difusión correspondiente, de manera que el constituir un hecho notorio no es necesario demostrar su existencia en autos para que la autoridad jurisdiccional esté obligada a tomarlo en cuenta, dada su naturaleza y obligatoriedad. Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal. 6. Causales de improcedencia. Previamente a cualquier otra consideración, procede analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. 6.1 Causal de improcedencia propuesta y advertida por este órgano jurisdiccional. Como lo destacaron las autoridades responsables Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y Administrador Fiscal General, ambas con sede en Saltillo, al rendir su informe con justificación, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el precepto 5, fracción I, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Ello, en virtud de que la parte quejosa no acredita que los dispositivos legales combatidos le fueron aplicados sufriendo con ello una afectación en su esfera jurídica. Es fundada la causa de improcedencia, por las razones siguientes. 6.2 Premisas argumentativas de la causal de improcedencia. Del artículo en cita se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º, de la Ley de Amparo, y contra normas generales que por su sola entrada en vigor no afecten los intereses de la parte quejosa, sino que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Tratándose de leyes, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de las mismas, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), que ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En este contexto, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general, por lo que debe aplicarse el criterio de clasificación de ambos tipos de normas que con base en la actual regulación del juicio constitucional aún subsiste, relacionado con el concepto de "individualización incondicionada", que define la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, pues si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. De este modo, el juez de amparo debe aplicar el criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando haya precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Lo anterior tiene sustento en la tesis 2a. LXVII/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es aplicable al caso, la tesis 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6.3 Estudio de la causal de improcedencia. Ahora bien, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta; esto significa que por su sola expedición, y por los actos relativos a su promulgación e inicio de vigencia, quedan señaladas las personas o entidades que en acatamiento de la ley están obligadas a hacer o no hacer alguna actividad en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal pues para que tenga tal carácter basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17, de la Ley de Amparo. En ese orden, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que no debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o ley que se reclama. Así, para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante de amparo. Es aplicable al respecto la tesis aislada 3a. LII/91, de la extinta Tercera Sala del Alto Tribunal. 6.4 Caso concreto. En el presento asunto la parte quejosa reclama la aprobación, expedición, promulgación y aplicación de los artículos 96, fracciones I, II, II-A, III, IV, V, VI, VII, X, XI, y 158 a 170 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022. Asimismo, para acreditar la aplicación de las normas impugnadas en su esfera jurídica, exhibió: i) Copia simple del formato de recibo de pago con número de referencia 719867509 a nombre de la aquí quejosa Isabel Alejandra Chávez Jiménez. ii) Copia simple de la licencia de conducir a nombre de la quejosa con número de folio 09100522117, expedida por el Gobierno del Estado. iii) Copia simple de la factura 12164 A, de fecha veintidós de octubre de dos mil nueve, endosada a favor de la quejosa, del vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy Paq. H, Básico, Manual, modelo 2010, con número de serie 3G1SE51X3AS101104. Documentales que valoradas conforme a lo establecido en los artículos 129, 133, 197, 202, 203, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados de manera supletoria a la Ley de Amparo, acorde al numeral 2, al ser copias simples resultan insuficientes para demostrar el derecho trasgredido y, por ende, su interés jurídico en el presente juicio de amparo. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas simples son reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada para su obtención utiliza una máquina copiadora, existe la posibilidad dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado y por tanto queda al prudente arbitrio del juzgador apreciar su valor; por ello, se estima que las referidas copias sólo hacen presunción de la posibilidad de la existencia del documento original, lo que resulta insuficiente para acreditar la titularidad de un derecho subjetivo. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a ello, de dichos documentos no se desprende que se hubiera generado un acto de aplicación de los preceptos impugnados que afecte la esfera jurídica de la aquí quejosa. Sin que pase inadvertida que la documental ofrecida por la parte quejosa en copia simple y también aportada en copia certificada del archivo digital por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación Local de esta ciudad, por sí y en suplencia del Administrador Fiscal General, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, consistente en el formato de recibo de pago con número de referencia 719867509 a nombre de Isabel Alejandra Chávez Jiménez (aquí quejosa) por el concepto de los derechos vehiculares del automóvil marca Chevrolet, tipo Chevy Paq. H, Básico, Manual, modelo 2010, con número de serie 3G1SE51X3AS101104, deviene insuficiente por si sola para acreditar la afectación que alude. Lo anterior, atendiendo a su naturaleza no resulta ser el medio idóneo para demostrar que el pago se realizó, sino que debió anexar como prueba los comprobantes de pago correspondientes emitidos por una institución bancaria mediante el cual se acredite fehacientemente la cantidad que cubrió la contribuyente, y de esta manera, demostrar que afecta su esfera jurídica y dota a la quejosa de interés legítimo. Ello es así, dado que dicho documento consiste solamente en el formato para llevar a cabo el pago, es decir, una simple impresión de la plataforma electrónica www.pagafacil.gob.mx, no un comprobante de haber realizado el mismo por el concepto de derechos vehiculares del automóvil que aduce es de su propiedad. Máxime que, la propia quejosa inclusive en su escrito aclaratorio de demanda presentado el nueve de enero del presente año, manifestó bajo protesta de decir verdad, específicamente en el punto 4 del citado ocurso, que a partir del año 2020, ha omitido realizar el pago de los impuestos, contribuciones y derechos reclamados, en virtud de que considera es una cantidad exagerada, desproporcional e inequitativa por el servicio prestado, pues el mismo se presta a todas las personas y a todos los vehículos que conducen por el Estado de Coahuila. Tal manifestación constituye una confesión en términos de lo dispuesto en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al anterior razonamiento por identidad y en lo conducente la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 7. Conclusión. En esa línea argumentativa, al haberse demostrado la actualización del motivo de improcedencia invocado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos del numeral 61 fracción XII, en relación con el precepto 5, fracción I, aplicado a contrario sensu, y el diverso 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. 8. Notifíquese en términos de ley.9. Juez y Secretario que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario José Manuel Monsiváis Meza, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 10. Versión pública. El Secretario certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Certifico y doy fe.

  3. Principal

    1. Informe justificado y vista. Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora de Asuntos Jurídicos y Apoderada Especial del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, se ordena poner dicho documento a la vista de las partes para que se impongan del mismo, de conformidad con el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. 1.1 Instrucción. La Secretaría encargada de la mesa de trámite deberá hacer relación puntual de este informe en la audiencia constitucional, en observancia del artículo 124 del citado ordenamiento legal. 1.2 Delegados. Con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la citada autoridad responsable a los que indica en su informe de cuenta. 1.3 Domicilio. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad responsable anteriormente mencionada el que señala en su oficio. 1.4 Correo electrónico y número telefónico. Asimismo, se tiene a la citada autoridad responsable por señalando el correo electrónico y número telefónico que proporciona en su informe de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, por sí y en representación del Administrador Fiscal General, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de siete de los actuales. 1.1 Acuerdo. En consecuencia, se ordena poner dicho documento a la vista de las partes para que se impongan del mismo, de conformidad con el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. 1.2 Instrucción. La Secretaría encargada de la mesa de trámite deberá hacer relación puntual de este informe en la audiencia constitucional, en observancia del artículo 124 del citado ordenamiento legal. 1.3 Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhiben las autoridades en cita, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional.

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