Isabel Alamilla Chable
Expediente 233/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Isabel Alamilla Chable
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
JUICIO 233/2021-VIII-1 folio 6229. diez de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 187 P-II, signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 35/2021 de su estadística judicial, dictada en la sesión de veintisiete de mayo del año actual, misma que en su único punto resolutivo se advierte lo siguiente: "ÚNICO: Se declara infundado el recurso de queja 35/2021, interpuesto por Isabel Alamilla Chablé, por propio derecho, en contra del auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 233/2021-VIII-1." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo; hágase del conocimiento de las partes la recepción de la expresada ejecutoria y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido; por tanto, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese.
- Principal
JUICIO 233/2021-VIII-1 veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1309, signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa que en proveído de veinte de abril de esta anualidad, dicho órgano de control constitucional admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ***, autorizado de la parte quejosa***, el cual quedó registrado bajo el expediente 35/2021, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Juicio 233/2021-VIII-1 ocho de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido el escrito signado por ***, autorizado de la parte quejosa***, y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la citada parte quejosa, en contra del auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el escrito original de cuenta que contiene los agravios que causa el auto recurrido; así como copia certificada de las constancias que obran en autos de este juicio de amparo en vía de informe al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de mérito, agregándose a los autos una copia del mismo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
JUICIO 233/2021-VIII-1 veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa***, mediante el cual en cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, manifestó bajo protesta de decir verdad, los actos previos al acto reclamado. Con lo anterior se tiene por cumplida la prevención de mérito. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama: La sentencia Interlocutoria, de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, emitida en el expediente ***, relativo al Juicio Especial de Alimentos, promovido por ***, en contra de la aquí quejosa, en la que se confirmó el auto de once de enero del año en curso, que negó el llamamiento a juicio a terceros que solicitó la demandada -aquí quejosa-. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. De esta forma, se tiene que en el presente caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [...]" Del segundo precepto transcrito se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos y garantías individuales y en los tratados internacionales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso, como ya se dijo, obtiene resolución favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. De los preceptos citados se puede concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad, que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Luego, del análisis del acto reclamado, se advierte que en esencia este consiste en la negativa de realizar el llamamiento a juicio a terceros que solicitó la demandada, aquí quejosa; sin embargo, dicho acto no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, pues las consecuencias del mismo no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tiene el carácter adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. Es menester tener presente que dicho acto no se encuentra en los supuestos de imposible reparación, en virtud que ese acto, no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho de audiencia, el derecho de petición autónomo, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, lo que evidencia que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal. Lo anterior, ya que, de acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Es así, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2º. C. J/2 (10ª.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Sobre dicho tópico, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015, sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, estableció lo siguiente: "[.] que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: Artículo 107. El amparo indirecto procede (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación -sostuvo el Pleno-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: "La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. "La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)." Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. [.]" Sirve de apoyo a esta determinación, por las razones que sustenta, la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 11, tomo 56, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En efecto, se estima que hasta este momento procesal a la directa quejosa no le causa un agravio real y objetivo, porque la resolución interlocutoria reclamada en la que se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto en contra del punto primero del auto de once de enero de dos mil veintiuno (negativa de llamar a juicio a terceros), no afecta algún derecho sustantivo, ya que el mismo, corresponde a la gama de los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, los que se caracterizan por surgir y generarse durante el trámite del juicio, de forma que antes de éste el gobernado no los tenía y, que de infringirse, la sentencia definitiva que se dicte en favor de la agraviada podrá tener como efecto la restitución de éstos; en caso contrario, de ser adversa y esas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, podrán reclamarse en amparo directo, conforme al primer párrafo del artículo 171 de la ley de la materia; y, por ende, dicho acto, la negativa de llamamiento a juicio a terceros, no constituye uno de imposible reparación. Tales consideraciones obran en la tesis P./J.7/2019 (10ª.), visible en la página número 6, tomo I, correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." Consecuentemente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, este último interpretado en sentido contrario, en contra del acto reclamado precisado. DETERMINACIÓN ADOPTADA. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por***, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.
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