Isabel Agustina Carreño Villalobos y Otros.

Expediente 1378/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1378/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
09/11/2015

Partes del expediente

  • Isabel Agustina Carreño Villalobos y Otros.
  • Isabel Agustina Carreño Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 2 B PRAL. 1378/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a nueve de noviembre de dos mil quince. Como se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada con fecha dieciséis de octubre último (fojas 119-122); mediante el cual se sobreseyó en el juicio, en tales condiciones, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que esa determinación, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que aún no transcurre para las autoridades responsables, residentes en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, el plazo previsto en el numeral 86 invocado, pues el sobreseimiento que se decretó, no le causa ningún perjuicio. Fundamenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 44/98, que aparece publicada en la página 23, tomo XVIII, Julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Finalmente, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA 2 B PRAL. 1378/2015-Por lo expuesto y fundado legalmente y con apoyo además, en los artículos 1o, fracción I, y 192 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ISABEL AGUSTINA CARREÑO VILLALOBOS, en términos del considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO.- En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    mesa 2 b pral. 1378/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintinueve de septiembre de dos mil quince. Con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes, el oficio número 267/2015, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, a través del que rinde su informe justificado (sic), ya que en auto de dieciocho del actual (fojas 99-103), se advierte que se ordenó emplazarlo a juicio con el carácter de tercero interesado. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA 4 PRAL. 1621/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil quince. Visto el escrito firmado por Enrique Molina Segura, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con registro 033641; en atención a su contenido se provee: Se tiene al promovente ampliando la demanda de amparo, respecto del acto reclamado, consistente en el dictamen de veintidós de mayo de dos mil quince, emitido en la averiguación previa PGR/OAX/OAX/II/654/2011, por el agente del Ministerio Público de la Federación, auxiliar de la procuradora General de la República en el Estado, residente en esta ciudad. En consecuencia, pídase informe justificado a la citada autoridad responsable, la que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente. Con apoyo en lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117, de la ley de la materia en vigor, se solicita a la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; y b) que las copias sean integras y legibles. Apercibida que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias relativas, al dictarse sentencia en este juicio de amparo se le impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 260, fracción II y 238, de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. Asimismo, se solicita a la responsable comunique si la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo en relación con el acto reclamado; en su caso, precise el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de expediente. Hágase del conocimiento del agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del procurador General de la República en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de octubre de dos mil quince. Sin que haya lugar a tener a Enrique Molina Segura, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Leonel Juárez Carrera, toda vez que ello no es procedente, de conformidad en el párrafo primero de dicho numeral. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la ley en mención, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de publicación de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo en comento, y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es como sigue: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PUBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA"; misma que se invoca por ser acorde a esa disposición legal, en términos del artículo sexto transitorio de la misma. Asimismo, hágase del conocimiento de la representante social, que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la Actuaría de este Juzgado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia (que establece, entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables-tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79 de la Ley de Amparo-), se apercibe a la parte quejosa que si la (s) autoridad (es) responsable (s) no existe (n) con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le (s) tendrá por inexistente (s), suspendiéndose toda comunicación con la (s) misma (s) y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o señalamiento corregido; ello, tomando en consideración que le corresponde a dicha parte quejosa, estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Se reitera, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.

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